Además, los comisionados, junto con las autoridades gubernamentales, se trasladaron al Salón del ex Senado para dialogar con cerca de 500 indígenas y campesinos de los pueblos, nacionalidades y comunidades del país, especialmente de Cañar, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, de la Amazonía, entre otros.
Aportes
Diego Borja consideró que la iniciativa legal permitirá que las cooperativas del sector popular puedan convertirse en instrumentos muy eficientes para dar servicios a grandes conglomerados que se encuentran excluidos del sistema financiero tradicional y en canales de transacción para que los migrantes envíen dinero a sus familias, a bajos costos y con la mayor seguridad posible.
Sugirió que se tome en cuenta el principio de territorialidad, a fin de que los recursos que se capten en las localidades se queden allí, lo que abriría espacio al modelo del reparto y no del embudo, que es la política del sector financiero privado; que las cooperativas, bancos comunales, cajas de ahorro y otras puedan participar en actividades de transaccionalidad avanzada; que se haga una segmentación en cuanto a la regulación y control de entidades populares en relación con los grandes bancos.
Adicionalmente, Borja planteó que la Superintendencia de Economía Popular sea atendida con los recursos necesarios y el personal calificado de la Superintendencia de Bancos y que la emisión de cheques no sea privativa de los bancos, sino también de las entidades de economía popular, pero bajo normas estrictas.
Por su parte, Rodrigo Aucay, del Comité de Finanzas Populares, destacó que el proyecto de Economía Popular es el de mayor trascendencia para el Ecuador, al pedir que se incorpore en su ámbito al sector financiero popular, en armonía con lo dispuesto en el artículo 283 de la Constitución.
Subrayó la necesidad de que se garanticen los incentivos para importar maquinaria, herramientas y tecnología, de acuerdo con el Código de la Producción.
Comisión general
El asambleísta Gerónimo Yantalema y Delfín Tenesaca, de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que hubiese sido preferible que la iniciativa del Ejecutivo sea tratada por la vía ordinaria, con el propósito de que pueda debatirse ampliamente, al tiempo de proponer la realización de una consulta prelegislativa, considerando que aquí están en juego derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El cuerpo legal debe tomar en cuenta los problemas de producción y comercialización como parte de la soberanía alimentaria y darle mayor importancia al sistema comunitario, enfatizó el legislador Yantalema, de Pachakutik.
Entre tanto, Amparo Pillajo, de la Coordinadora de Mujeres, expresó que el documento tiene que visibilizar a las organizaciones de mujeres y sus procesos autónomos de economía, más aún cuando, día a día, luchan por mejores condiciones de vida y una sociedad más justa, apuntalando así el Buen Vivir.
Solicitaron que en el marco de la institucionalidad se afiance la representación de las nacionalidades, en igualdad de género y oportunidades, dentro de los entes a crearse para participar activamente en la toma de decisiones respecto de las políticas públicas.
Videoconferencia
Mientras, desde Santo Domingo de los Tsáchilas, lugar en que se implementó una nueva Casa Legislativa, mediante videoconferencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, saludó a las nacionalidades indígenas y se mostró seguro que la Comisión de Régimen Económico elaborará el pertinente informe del proyecto de Ley de Economía Popular sobre la base de los aportes de los grupos inmersos en la temática, con clara democratización e inclusión.
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