Carlos Pólit, contralor del Estado, en su comparecencia ante la Comisión Ocasional de Comunicación, manifestó que uno de los temas que más le preocupa es el gasto en publicidad que destinarían las instituciones públicas en los medios de comunicación, tema que debe ser regulado en la Ley de Comunicación.“Todos los ciudadanos reclaman a la Contraloría por la cantidad que se gasta, pero no existe una ley que prohiba, por lo que hemos pedido a esta comisión que en la ley, no en el reglamento, se establezca la capacidad que pueden destinar las instituciones públicas y los organismos autónomos del sector público”, afirmó Pólit.
Propuso que la ley determine el porcentaje presupuestario autorizado para la inversión y gasto de recursos públicos en actividades de comunicación y espacios en medios públicos y privados.
Al incluir este aspecto en la Ley de Comunicación permitiría a la Contraloría General del Estado las auditorías a estas entidades y revelar de qué manera y de qué forma manejaron los recursos públicos.
Recordó, además, que según la Ley Orgánica de la Contraloría se entenderán recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones.
Entre las recomendaciones a considerarse en el proyecto, manifestó que los medios de comunicación públicos serán espacios para la rendición de cuentas de las autoridades y de participación ciudadana y la promoción de los valores de la cultura nacional.
De esta manera, planteó que todo medio de comunicación, que bajo cualquier modalidad disponga de recursos públicos estará sujeto en materia de control, entre otros, también sobre “el uso de los espacios, el tiempo, los costos, la naturaleza del mensaje y su correspondencia con los objetivos institucionales”.
Respecto al informe de la Contraloría sobre la concesión de frecuencias de radiodifusión aseguró que es vinculante por lo tanto de cumplimiento obligatorio, por tal motivo las recomendaciones están aplicándose por parte del Conatel, institución que acogió el informe y algunas frecuencias que han sido otorgadas ileglamente ya han sido revertidas al Estado.
Entre tanto, Elsa María Santos, delegada del Procurador General del Estado, sugirió que se tome en cuenta lo establecido en el artículo 211 de la Constitución de la República, respecto a la utilización de los recursos públicos estatales; así como lo constante en los cuerpos legales sobre esta materia.
Luego de las comparecencias la Comisión de Comunicación retomó el debate sobre los derechos de los comunicadores y la profesionalización.
AM/pv
