La Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, al aprobar la disposición transitoria décimo octava, en su informe para segundo debate, permitirá que la provincia del Cañar cuente con un centro de educación superior para que los jóvenes de esta jurisdicción continúen sus estudios de profesionalización, precisó la asambleísta María Molina, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad.
Al agradecer al organismo legislativo por tomar en cuenta su propuesta que se ajusta a lo que establece la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución que señala que el Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación, expresó que “esto demuestra que la Asamblea Nacional cumple con el mandato constitucional de instituir universidades en aquellas provincias que no cuentan con estos servicios educativos”.
“No es un regalo que se está haciendo a esta provincia que históricamente ha sido relegada, se trata de cumplir los derechos de la población de esta provincia” dijo Molina al sostener que el Estado debe cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales respecto al Derecho a la Educación; y además, con el deber de compensar las inequidades en el desarrollo del país en procura de la consolidación de la soberanía nacional.
Destacó que la Constitución es clara en cuanto al derecho a la educación, al establecerlo como un eje estratégico para el desarrollo nacional y componente sustancial para lograr el buen vivir de todos los ecuatorianos.
El proyecto de ley en su disposición décimo octava señala que mientras se cumple el plazo de cinco años determinando en la Vigésima Transitoria Constitucional, para evaluar y acreditar a todas las instituciones de educación superior, carreras, programas y postgrados, no se creará ninguna nueva institución de educación superior, salvo la Universidad Nacional de Educación “UNAE”, con sede en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, que en el plazo no mayor a un año contados a partir de la vigencia de estas ley, la Función Ejecutiva realizará los trámites legales correspondientes, y por lo tanto, será partícipe de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas públicas.
Caso similar ocurre con la creación de la Universidad Regional Amazónica, con sede en Tena, provincia del Napo, la Universidad de las Artes, en Guayaquil, mientras que las Universidades Santa María de Chile y Nueva Jerusalén, cuyos proyectos fueron presentados cumpliendo los requisitos legales y cuentan con informes favorables del CONESUP continuarán su trámite de creación en la Asamblea Nacional.
Así mismo, se prevé que, en un plazo de un año, los organismos y entidades públicas promotores para la creación de la Universidad Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas, realizarán el correspondiente trámite ante los organismos del Estado pertinentes.
JLVN/pv
