Un presunto uso indebido de fondos públicos por parte de las sociedades anónimas Juceruva, Viterdan y Prestions, que fueron contratadas por la Defensoría Pública para estudiar los casos, en forma previa a la liberación de presos, denunció el asambleísta Andrés Páez.
“Se ha consultado cuáles son los centros legales que han prestado servicios a la Defensoría Pública y en la listas constan, entre otros, el Colegio de Abogados de Pichincha, el del Guayas y tres empresas que se dedican a actividades distintas de las requeridas para estos casos”, aseguró.
Precisó que el objeto social de la empresa Juceruva es la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, intermediación, elaboración de prendas de vestir, y de indumentaria nueva y usada; Viterdan se dedica a la compra y venta de productos alimenticios; y, Prestions a la compra, venta, permuta y arrendamiento de bienes inmuebles. Añadió que según la Superintendencia de Compañías, la empresa Juceruva se encuentra inactiva.
El asambleísta subrayó que, según el Art. 41 de la Ley de Contratación Pública, debieron cumplirse las etapas de calificación, selección, negociación y adjudicación; así como contar con la capacidad técnica y operativa disponible, antecedentes y experiencia demostrada, plan de trabajo y otros aspectos, que han sido incumplidos.
Lo ocurrido comunicará al Contralor General del Estado y al Ministro de Justicia, para que se enteren de qué manera se contrata con empresas que venden productos alimenticios, importación de llantas y comercialización de prendas de vestir, hecho que debe ser investigado, dijo Páez.
No se pueden gastar de esta manera los recursos del Estado y justificar la salida de varios presos de los centros de rehabilitación, concluyó.
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