La doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, calificó de positiva la tesis del jefe de Estado, Rafael Correa, de establecer un salario digno a favor de los trabajadores, como una prioridad impostergable.
En todo caso, el monto de éste debe equiparar el costo de la canasta familiar, para cuyo efecto la propuesta se debe socializar y alcanzar los correspondientes acuerdos entre el régimen, los empresarios y los trabajadores ecuatorianos, puntualizó.
Sostuvo que el concepto de la palabra existe en la misma Constitución y el propio presidente Correa ha hecho varias veces referencia a que no se puede considerar el salario mínimo como algo deseable o con el que ya nos podamos sentir satisfechos.
Comentó que si bien el salario mínimo en el Ecuador ha ido creciendo, por lo que hoy tenemos una de las mejores capacidades adquisitivas de compra en relación de los últimos años, pero que no es suficiente. Lo que se está planteando es que además de mejorarlo también se fije un salario digno que sea equivalente a la canasta básica.
Bajo estos paramentos, una de las posibilidades sería que una empresa, por ejemplo, no puede determinar que tiene utilidades mientras no esté en capacidad de cubrir un salario digno para todos sus empleados, al aclarar que aún no se ha presentado un proyecto o una reforma al respecto.
Lo que sí hay, agregó, es un objetivo de que no podemos conformarnos con salarios, que más allá de que han mejorado sustancialmente, no son suficientes para atender las necesidades de la población. No se está planteando como un nuevo salario o un ajuste salarial, sino como un objetivo económico de las empresas, sostuvo.
Argumentó que una empresa antes de repartir utilidades tiene que asegurar el pago del salario digno, de lo contrario no podría dividir tales recursos entre los dueños del capital.
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