El nivel de contaminación de las aguas de las cuencas de los ríos Cutuchi, Ambato, Patate y las subcuencas que conforman la Cuenca Alta del Pastaza, ha llegado a límites de atentado a la salud humana y daños ambientales ya que reciben desechos industriales de 48 fábricas, líquidos contaminantes de 65 curtiembres, aguas servidas de varias ciudades, en especial de Latacunga y Ambato y los desechos de los camales municipales, aseguró el asambleísta Fernando Cáceres.
Explicó que con estas aguas tóxicas se cultivan 7.500 hectáreas de hortalizas, legumbres y frutas por 17.000 familias de pequeños agricultores, razón por la cual se están envenenando a diario a miles de consumidores de las ciudades de Latacunga, Ambato, Guayaquil, Cuenca y Quito.
En este marco, indicó que el Estado debe adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, pues el artículo 395 de la Constitución, reconoce que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Sobre la base de las investigaciones realizadas, el asambleísta a través de la Comisión de Biodiversidad impulsa un proyecto de resolución que exhorta al Presidente de la República que califique como “prioridad nacional la propuesta denominada: “Desarrollo Integral y Descontaminación de las cuencas de los ríos Cutuchi, Ambato, Patate y Cuenca Alta del Pastaza”, de conformidad con lo que dispone el numeral cuatro del artículo 147 de la Constitución de la República.
También sugiere que se declare de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, tal como lo estipula el Art. 400 de la Constitución de la República.
Recordó que el 12 y 21 de abril pasado, la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, recibió a varios prefectos provinciales y alcaldes de las provincias y municipios involucrados en esta problemática, así como a técnicos de la Secretaría Nacional del Agua, institución que apoya esta iniciativa de desarrollo regional.
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