Dos temas constan en el orden del día de la sesión del Pleno, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, para este jueves 8 de julio de 2010, a las 10H00. El primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 90 de 27 de mayo de 2003; y, el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación Social.
Regularización de terrenos
El proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 90 de 27 de mayo de 2003, tiene por objetivo facilitar, a través de la interpretación de la normativa, la regularización de un asentamiento consolidado, como es el del barrio Atucucho en el que habitan más de 1 700 personas y que no han podido legalizar la posesión legítima y de buena fe, por aproximadamente 24 años, ocasionándoles graves problemas.
En este marco, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, encargada de analizar la propuesta, consideró que este cuerpo legal se enmarca dentro de la normativa constitucional y su inclusión en la legislación es absolutamente necesaria y conveniente.
El presidente del organismo legislativo, Virgilio Hernández, exhortó al Pleno de la Asamblea su respaldo al tratamiento del proyecto, que contiene tres artículos, en el que se reconoce al Ministerio de Salud como propietario de los terrenos de Atucucho para que pueda proceder sin subasta pública a la venta directa a los legítimos posesionarios y puedan realizar los trámites de escrituración y su posterior inscripción en el Registro de Propiedad.
Comunicación
La Comisión Ocasional de Comunicación, presidida por Mauro Andino, presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, que tiene por objetivo garantizar el ejercicio y la plena vigencia de los derechos a la comunicación, y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, reconocidos en esta ley, la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.
La normativa, que contiene 105 artículos, una disposición general, 17 transitorias, dos derogatorias, una reformatoria y una final, fue debatido ampliamente y tuvo una efectiva vigilancia social al proceso de elaboración y constante depuración del texto.
Esta ley es aplicable a personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios; comunicadores sociales y a las instituciones, actores, políticas y normativas que conforman el Sistema de Comunicación Social.
El proyecto se estructura en base a seis títulos: el primero tiene que ver con el objeto y ámbito; el segundo se refiere a los principios, derechos y deberes a la Comunicación: el tercero habla sobre el Sistema de Comunicación Social; el cuarto, denominado Medios de Comunicación Social; el quinto, sobre gestión del espectro radioeléctrico; y, el sexto que desarrolla el régimen de jurisdicción administrativa que regula procedimientos administrativos y sanciones.
Uno de los temas críticos constituyó la integración del Consejo de Comunicación e Información, principal causa de la oposición al proyecto por parte de los asambleístas de minoría. La discrepancia surgió en torno a la interpretación de los términos “autonomía” e “independencia”, que fueron utilizados en el Acuerdo Ético Político del 17 de diciembre de 2009 para definir la forma en que se debería integrar el organismo de control y regulación previsto en la Ley. Otro tema controvertido ha sido el régimen de sanciones.
JLVN/eg
