La primera joya de la corona de este país, considerada así por su condición estratégica, económica, tanto para la región amazónica y para el Ecuador (campo Sacha), fue entregada a PDVSA, empresa que no realizó los estudios técnicos y ambientales respectivos ni tampoco la prospección sísmica y de perforación, dando lugar a que se constituya en una de las zonas más impactadas por 25 años de operación, dijo el ex dirigente sindical Fernando Villavicencio, al sostener que el contrato firmado con esta compañía contiene una serie de irregularidades.
Villavicencio explicó que, con fecha 15 de diciembre de 2009, se suscribe el contrato modificatorio, por el cual se cambian los valores de costos de operación y perfil de producción de la curva base, así como la tarifa por barril incremental, lo cual altera el flujo efectivo de la compañía previsto para el año 2010. Así mismo, mediante oficio 320 de 16 de diciembre de 2009, se comunica al Presidente Ejecutivo de Petroecuador el nuevo monto del aporte estatal en el presupuesto de Río Napo para el 2010, que asciende a 133 008 millones de dólares, es decir, 31 millones de dólares de diferencia; luego, concluyen afirmando que el presupuesto asignado a esta empresa no permitirá cumplir las expectativas de producción para el presente año, con las repercusiones que esto tendría para los ingresos estatales.
Indicó que, de acuerdo con el contrato firmado, Petroecuador debía reconocer apenas dos rubros a operaciones Río Napo: el costo de operación de la curva base y el costo de producción incremental, es decir, 16 millones de dólares, pero hasta diciembre de 2009 le obligan a pagar 51 millones por aportes patronales al IESS, décimo tercer sueldo, honorarios profesionales, pasajes y viáticos, contratos ocasionales, arriendo de bienes inmuebles, alícuotas de condominio, reparaciones, transporte y movilizaciones, gastos y mantenimiento, incluso hasta guardias de seguridad.
Aseveró que en el marco jurídico no se conoce la figura de contrato de obras de bienes y servicios específicos para la exploración y explotación de crudo, sin embargo, se entrega el campo con esta modalidad, medida inconstitucional e ilegal. Hay que tomar en cuenta que jamás se valoraron los activos de Sacha, que ascienden a más de 1 500 millones de dólares, agregó.
Advirtió que existió un informe de Petroecuador negando la entrega del campo Sacha, firmado por siete profesionales de carrera de la empresa estatal, a pesar de lo cual se llevó a cabo la negociación, en razón de que “ya existía un contrato elaborado por los abogados Gonzalo González Galarza y Blasco Peñaherrera, quienes son los que manejan el loby petrolero y los grandes contratos”.
De inmediato, la Comisión de Biodiversidad analizó las diferentes modalidades contractuales previstas en la ley para el caso de las actividades petroleras, a fin de determinar si existieron o no irregularidades, en el marco de la investigación solicitada por el asambleísta Enrique Herrería.
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