En la primera jornada de audiencias de sustanciación del juicio político en contra del ex ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, propuesto por los asambleístas Ramiro Terán y Jorge Escala, la ex secretaria de Estado, Rosa María Torres, subrayó que jamás puede declararse a un país alfabetizado si su población no está debidamente formada, más allá de lo que digan las cifras estadísticas, que muchas veces no se compadecen con la realidad.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, receptó alrededor de una decena de testimonios relativos a la primera y segunda acusaciones planteadas por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático.
Rosa María Torres explicó que la declaración de Ecuador, patria alfabetizada pudo responder, por un lado, al compromiso del Gobierno de erradicar el analfabetismo hasta el 8 de septiembre del 2009, fecha establecida como el Día Mundial de la Alfabetización. No obstante, un proceso de alfabetización es muy complejo y no puede estar sujeto a tiempos perentorios, por lo que, dijo, cuando lideró la campaña de alfabetización “Monseñor Leonidas Proaño”, que no incluyó únicamente enseñarles a leer y escribir, sino a asumir conciencia sobre los derechos humanos, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, se negó a cumplir un plazo de tres meses y pidió se dé el tiempo necesario. “Solo en la planificación nos demoramos un año”, enfatizó.
Insistió en que el tema de la alfabetización no está en las cifras porcentuales, ni en uno o más decimales, sino en la capacidad de compresión de la ciudadanía del lenguaje escrito, como gestor de cultura y eso no existe en el país y, probablemente, tampoco en la mayoría de países de América Latina. Al parecer, en lugar de transformar la educación, estamos retrocediendo al menos unos 20 años, añadió.
Señaló que durante su corto ejercicio como ministra (seis meses) fue víctima de u boicot del propio Gobierno, porque no tuvo los recursos ni siquiera para adquirir un computador portátil para su despacho, por lo que no pudo poner en marcha la serie de propuestas y proyectos en materia educativa.
Educadores comunitarios
Varios educadores comunitarios, entre ellos, los presidentes nacional, Manuel Mesías Maigua y, de Pichincha, Esperanza Noemí Andrango, explicaron la dura realidad que viven los profesores populares, mal llamados bonificados, quienes sí tienen relación de dependencia con el Ministerio de Educación, por tanto, deben ser considerados como servidores públicos y percibir todos los beneficios de ley.
Aseguraron que de los 13 mil educadores comunitarios, una mínima parte ha formalizado su situación, a través de contratos de trabajo, en condiciones precarias, porque a pesar de tener 15, 20 ó más años de servicio, se acogen a un sistema contractual por un año y con ello, se renuncia a la estabilidad.
Recordaron que su remuneración llega a 150 dólares mensuales, pese a que se les exige el cumplimiento de jornadas de trabajo que superan las 36 horas semanales, por lo que deberían percibir salarios similares a los de todos los maestros fiscales. “Muchos de nosotros tenemos título de tercer y cuarto nivel”, sin embargo no se reconoce nuestra capacitación, agregaron.
En torno a la gestión del ex ministro Vallejo, indicaron que el funcionario se negó a reconocer los derechos que les corresponde a los maestros comunitarios, con claro desacato a las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por las cuales se conmina al pago de los valores correspondientes a los aportes patronales, inclusive se emitieron órdenes de embargo de los bienes del Ministerio de Educación, pero extrañamente el propio IESS ha paralizado los procesos, sin dar explicaciones a los profesores populares.
EG
