El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, mantuvo una reunión de trabajo con varios asambleístas representantes de diversas bancadas con la finalidad de establecer una agenda de consenso, respecto a los proyectos de ley y procesos de fiscalización.En la apertura de la reunión, el presidente Cordero recordó las funciones que tienen las comisiones especializadas, principalmente para discutir, analizar y aprobar por mayoría absoluta los proyectos de ley, previo al informe correspondiente.
El titular de la Función Legislativa les transmitió la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se sugerir al Pleno la conformación de cuatro comisiones ocasionales, con el fin de analizar cuatro de las 11 leyes previstas en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución (Educación, Comunicación, Cultura y Deportes).
Aseveró que a través de las comisiones ocasionales se puede asegurar un debate más amplio, con la participación de la ciudadanía y los actores inmersos en cada una de las temáticas.
Control político
En esta ocasión, también se abordaron temas relacionados con el procedimiento para la fiscalización y el control político, facultad que hoy la tienen los 124 miembros de la Asamblea y las 12 comisiones especializadas permanentes, pues ya no es atribución exclusiva de la Comisión de Fiscalización, como sucedía en el pasado, a la vez que reiteró que la normativa vigente y una reforma propuesta confirman la obligación que tienen los funcionarios a presentar la información que sea requerida.
“Si un ministro no viene es suficiente causa para un juicio político, pero hagámoslo bien, para que no exista ninguna duda”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, ante la preocupación de los asambleístas en relación a las peticiones de información a los funcionarios públicos.
Recordó que cuando uno de los asambleístas se sienta perjudicado por la no entrega de información, sin ningún juicio de valor el Consejo de Administración Legislativa (CAL), asigna a una comisión que recabe la documentación requerida y si persiste la negativa constituye causal de juicio político. La no comparencia de un funcionario público a la comisión es otra causal de juicio, agregó.
En este contexto, reiteró que “hay un gran avance en relación al pasado, porque antes había un monopolio de una sola comisión que fiscalizaba, ahora pueden hacerlo los 124 asambleístas”.
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