El fiscal General, Washington Pesántez Muñoz, tras exponer las pruebas de descargo dentro de de la sustanciación del juicio político solicitado en su contra, defendió su gestión al frente de la Fiscalía, misma que se respaldaría en el fortalecimiento institucional, la dotación de infraestructura inmobiliaria y técnica, incorporación de nuevo personal, entre otros parámetros, a la vez que pidió a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, archive la causa, por considerar que no se ha probado incumplimiento alguno al mandato constitucional y legal, en el ejercicio de sus funciones.Pesántez explicó que durante su desempeño ha incrementado de cinco a 51 edificios para uso de la Fiscalía, en todas las provincias del país; de 1 275 a 2 000 funcionarios, nombrados a través de concursos de oposición y méritos, inclusive en el caso de los choferes; de 1 240 a 5 000, el número de policías judiciales; de 30 a 83 médicos forenses, entre otros logros para el fortalecimiento institucional.
Añadió que en el tema de recursos humanos se ha respetado la equidad de género, por lo que el 41% de los funcionarios, corresponde a mujeres; 33 funcionarios indígenas; y, 28 personas con capacidades especiales.
En torno a la ausencia del Fiscal en las audiencias de formulación de cargos, en los casos de fuero, aseguró que de conformidad con la ley está facultado para intervenir a través de sus delegados, lo cual ocurrió en períodos pasados y tiene sustento también en legislación comparada con países de América Latina y Europa.
Negó que tenga injerencia alguna en las decisiones que adoptan los fiscales o para cambiar dictámenes, menos aún que haya ejercido abuso de poder respecto de las actuaciones de los funcionarios de la Fiscalía. En cuanto a los concursos para llenar vacantes, dijo que los 13 procesos de selección se desarrollaron con apego a las normas legales.
Así mismo, enfatizó que no tuvo ninguna intervención dentro del caso que investiga el accidente en que perdió la vida Natalia Emme, en que estuvo involucrada su esposa Aliz Borja. “Al conocer de este suceso, me solidaricé con la familia de la víctima y anuncié que mantendré absoluta independencia y así fue”, reiteró.
Justificó, además, la utilización de autos decomisados por casos de narcotráfico y de procedencia ilegal, que están en custodia de la Policía Judicial, al igual que otros solicitados al Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, mediante comodato.
Al concluir su intervención, solicitó a la Comisión de Fiscalización que valore las pruebas aportadas y resuelva el archivo de la causa.
Finalmente, la presidenta del organismo, Silvia Salgado, convocó para el próximo lunes, a las 15:00 para iniciar la valoración de pruebas, como paso previo para emitir el correspondiente informe motivado, conforme lo determina el Art. 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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