Así anunció la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Rosana Alvarado, quien exigió a las autoridades pertinentes la revocatoria de los actos por los cuales el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), adjudicó a la empresa Bosques Tropicales S.A (Botrosa), una superficie aproximada de 3 400 hectáreas de Bosques Húmedos del predio El Pambilar, parroquia Malimpia, cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas.
Como se recuerda la asambleísta Alvarado, el pasado 30 de noviembre de 2009, solicitó al Director del Inda, Galo Aldás, la información respecto de este caso. Al no haber respondido esta solicitud, se inició un proceso de fiscalización por incumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, razón por la cual el funcionario acudió a la Comisión 6 para contestar un pliego de cerca de 70 preguntas relativas a esta temática.
Las respuestas de Galo Aldás, durante su comparecencia, no satisficieron a los asambleístas, quienes cuestionaron su pasividad y falta de compromiso para defender y conservar el patrimonio cultural y natural del país, así como cuidar y mantener los bienes públicos y de los habitantes de la zona, quienes por más de 12 años han tenido que soportar no solo la tala indiscriminada de bosques dentro de este predio, sino también el daño al medio ambiente, el desalojo de campesinos e indígenas.
Aldás se limitó a decir que desconoce y no le corresponde dar cuenta de las acciones que tomaron o han dejado de tomar las autoridades del INDA que le precedieron y en lo que le corresponde como Director Ejecutivo, ha cumplido lo dispuesto por la jueza Segunda de lo Civil de Pichincha, Victoria Chang, en la providencia de 18 de enero de 2010, dentro del juicio N0. 921-2001-R-L, de acción de amparo constitucional que dejó sin efecto la adjudicación de 3 400 hectáreas de bosque húmedo del predio El Pambilar, revirtiendo de esta forma dicho predio al Estado y por ello ha remitido el oficio al Registrador de la Propiedad de Quinindé, a fin de que deje sin efecto la inscripción de la providencia realizada a favor de Botrosa. No obstante, la disposición la emite recién el 26 de enero de 2010, hecho que fue criticado por los asambleístas.
Bajo estas circunstancias la asambleísta Rosana Alvarado, con fecha 21 de enero, una vez que conoció la resolución de la jueza pidió a los Ministros de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos y de Gobierno, Gustavo Jalkh, dispongan la presencia del necesario contingente militar que proteja a los campesinos de la zona, a los moradores del sector de El Pambilar y que impidan que la compañía Bosques Tropicales S.A (Botrosa) incurra en eventuales acciones ilegales de traslado de madera de la zona y se revierta de manera incondicional e inmediata el predio al Estado ecuatoriano.
Pese a que existe un fallo de última instancia, hasta la presente fecha Botrosa sigue explotando indiscriminadamente la madera. El plazo dado por la jueza Segunda de lo Civil de Pichincha para que desaloje la zona, vencerá el 11 de febrero, por lo cual la Comisión de Biodiversidad exigirá a las Fuerzas Armadas su firme colaboración para que expulse a esta compañía, afirmó la asambleísta.
Como este tema ha traído serias consecuencias para el país y los habitantes del sector, los comisionados solicitarán la comparecencia del Ministro de Agricultura, Ramón Espinel, para que explique la ilegal adjudicación de este predio a Botrosa que ha causado depredación, destrozo de los bosques y el desalojo de campesinos de la zona, a la vez que iniciarán las acciones para las correspondientes sanciones administrativas a los anteriores y actuales funcionarios del Inda, unos por acción y otros por omisión.
Es lamentable, dijo María Molina, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad, que el Director del Inda, Galo Aldás no haya puesto interés en este tema que causó un gran impacto en el ambiente por la pérdida de vastas zonas boscosas, así como el desplazamiento de varios colonos de la zona y pese a que se trata de un hecho público de gran repercusión nacional no ha procedido a tomar acciones para separar de sus cargos a empleados que estuvieron implicados en este caso.
Galo Aldás anunció que dispondrá que se inicie una investigación exhaustiva en torno a este tema, a fin de tomar los correctivos del caso.
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