El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, justificó su decisión de negar el apoyo logístico necesario para la notificación del inicio de juicio político, al ex ministro Jorge Manuel Marún, en la provincia de Los Ríos, conforme requirió la Comisión de Fiscalización, por cuanto existen dudas sobre la legalidad de la convocatoria de la sesión en la cual este organismo calificó a trámite la respectiva solicitud.
Cordero explicó que no correspondía reinstalar la sesión 48, efectuada el lunes, la cual había concluido por falta de quórum; sin embargo, la presidenta del organismo, Silvia Salgado, de forma ilegal, convoca a la reinstalación de la referida sesión para el martes, a las 15:00, cuando lo que correspondía era que proceda a la convocatoria a una nueva sesión, a partir de las 16:00, a fin de dar trámite al juicio político, en los términos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Todo esto evidencia la existencia de vicios de legalidad en la convocatoria de la reunión mantenida el 15 de junio de 2010, por consiguiente, en las decisiones adoptadas, por una parte de los asambleístas que conforman la Comisión, vicios que nulitan todo lo actuado en dicha sesión y sus supuestos efectos, precisó.
En carta dirigida a Silvia Salgado, manifiesta que le causó sorpresa que la presidenta de este organismo, conjuntamente con los asambleístas Marco Murillo y Ramiro Terán, integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político, se haya trasladado a la provincia de Los Ríos para cumplir con la notificación del inicio del enjuiciamiento político, en el domicilio del Ing. Jorge Marún Rodríguez, ex ministro de Transporte y Obras Públicas.
En este marco, les recordó que son funcionarios públicos y que, por tanto, tienen responsabilidad respecto de sus actos, que no pueden hacer nada más allá de lo que les determina la Ley y que dentro de sus atribuciones como Presidenta y asambleístas no se encuentra la de realizar notificaciones, ni dar fe de los actos que se realizan en la Asamblea Nacional, lo que si le corresponde con exclusividad a otros funcionarios. Por ello, está a la espera de que se le entregue la documentación, debidamente certificada de los hechos ocurridos en dicha sesión y de los actos que como presidenta afirma haber realizado, ya que ello le permitirá tomar las acciones que correspondan.
A su vez, solicitó un pronunciamiento de la Comisión sobre la continuación del trámite del enjuiciamiento al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, tomando en cuenta los vicios de ilegalidad en que se ha incurrido y que deben ser subsanados.
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