Con la presencia de 108 asambleístas, el Pleno inició el segundo debate del proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, que protege a la ciudadanía de los abusos de las grandes empresas o grupos económicos y de otras empresas con poder de incidir en el mercado.
Afirmó que en una realidad económica como la ecuatoriana donde pocas empresas manejan la mayor parte de la producción y/o venta de bienes y servicios la urgencia y necesidad de esta ley se vuelve de importancia suprema.
Indicó que el abuso de poder de mercado se da cuando las conductas de varios operadores económicos afecta la participación de otros competidores, como por ejemplo la venta condicionada o atada de manera injustificada; la imposición injustificada de condiciones para la compra; los descuentos condicionados conferidos a través de la venta de tarjetas de afiliación, entre otros.
Explicó que desde 1998, por diferentes iniciativas, se han gestionado seis proyectos de ley de este tipo y reiteradamente todos se han desechado porque existen intereses de grupos económicos muy poderosos que lucran del poder de mercado y no quieren que esta normativa de legislación se apruebe en el país.
Precisó que la ley no castiga la concentración que se da porque una empresa es eficiente y competitiva ni desconcentra los mercados altamente concentrados, lo que el cuerpo legal hace es poner énfasis en prohibir, corregir y sancionar el abuso de poder de mercado y la controla para que ésta se dé en las actividades económicas de manera adecuada para generar beneficios para el país.
El cuerpo legal establece los ámbitos de regulación y control, es decir quién hace las políticas y quién controla que se cumplan. Crea un organismo técnico especializado que no es parte de la Función Ejecutiva, sino de la Función de Control del Estado que velará por la efectiva aplicación de la ley y separa el ente encargado de la investigación del que puede sancionar, siempre garantizando un debido proceso ágil en el que se preserva en toda instancia el derecho a la defensa.
La ley controla tanto el sector público como el privado. Implementa un sistema de incentivos que permite que las empresas infractoras de la ley desistan de sus prácticas indebidas y así eviten sanciones más fuertes; esto permite cumplir los objetivos de la ley sin crear problemas al proceso productivo de las empresas. De esta manera se garantiza máxima producción y empleo sostenible, pero de manera honesta y eficiente.
Francisco Velasco, precisó que no es conveniente pedir el archivo del proyecto porque el país se quedará sin una normativa que regule la concentración de poder en pocas manos, o no existirán los votos necesarios para aprobarlo en segundo debate lo cual se permitiría que este proyecto entre por el ministerio de la ley y se desecharían los aportes que varios sectores involucrados y de asambleístas que buscan el beneficio para el país.
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