Nueve propuestas presentó la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el lanzamiento del texto “Continúa la privatización del agua” a través del cual piden la terminación inmediata de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento a Interagua con la empresa de agua potable que administra el Municipio de Guayaquil.
César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Guayaquil, advirtió que debe concluir la concesión “por las serie de irregularidades técnicas, políticas y administrativas, las cuales implican un perjuicio para la ciudadanía y para el Estado”.
La presentación del documento se efectuó en el Salón del ex Senado, en la sede de la Asamblea Nacional. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Thomás Cevallos, Lourdes Tibán, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, Rafael Guallichico, representante de JAAPRE, Luis Andrango, presidente de la Fenocin; más de 180 personas, pertenecientes a 55 organizaciones sociales.
El asambleísta Pedro de la Cruz, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, manifestó que las propuestas de las diversas organizaciones sobre la Ley de Aguas han sido recogidas en el texto que elabora este organismo legislativo, al tiempo de ratificar su compromiso de luchar incansablemente para que sean aprobadas en la normativa legal.
De su lado, Gerónimo Yantalema al señalar que los pueblos organizados deben defender el agua, la tierra, la soberanía alimentaria, dijo que en Ecuador se envasan entre cinco y siete mil millones de litros de agua anualmente lo cual genera una ganancia para las empresas privadas de 7 mil millones de dólares y “no contentos con ello, entregaron la administración del agua potable a la empresa Interagua, generando un negocio millonario para quienes manejan esta compañía”.
César Cárdenas solicitó a la Comisión Especializada 7 que en la Ley de Recursos Hídricos incluya la desprivatización del agua, específicamente de Interagua, garantice la descontaminación del agua y que se reúna con los grupos sociales organizados a fin de llegar a consensos y construir juntos el informe para segundo debate.
Entre las propuestas presentadas exigen que el Municipio de Guayaquil asuma directamente la obligación de dotar a su población de los servicios de agua potable y saneamiento, como lo establece la Constitución y como se han pronunciado reiteradamente sectores de la población; que el Gobierno en coherencia con el mandato constitucional prohíba toda forma de privatización del agua.
Demandó de la ciudadanía que se sume a la defensa del derecho humano al agua y, por tanto, que los servicios públicos de agua potable y saneamiento sean prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.
Por su parte, Luis Andrango hizo un llamado a las organizaciones sociales a conformar una plataforma política que defienda lo conseguido en torno al agua en la Constitución, lo conquistado en el primer informe debatido en el Pleno de la Asamblea y los acuerdos alcanzados entre las diferentes organizaciones y el gobierno: Fondo de Agua para la vida; gestión pública y comunitaria de aguas termales y embotelladoras, redistribución del agua de riego; protección del ecosistema relacionado con el agua como bosques y páramos.
“Llamamos a las bases de nuestras organizaciones a un proceso intensivo de análisis del proyecto de ley que nos conduzca a un proceso de movilización nacional en defensa del agua, su desprivatización, porque no podemos seguir en esa lógica de mercantilizarla, así como la protección de la soberanía alimentaria, la tierra y la vida, base fundamental del Sumak Kawsay”, dijo.
JLVN/pv
