Asambleístas de diferentes bancadas legislativas expresaron sus puntos de vista en torno al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), sometido a segundo debate en la sesión 31 del Pleno. Los temas de mayor debate fueron los relativos a la organización del territorio, el concepto de autonomía, el régimen de competencias y la distribución de los recursos del Presupuesto del Estado para los gobiernos autónomos descentralizados, GAD.
En torno a la organización territorial se analizaron aspectos referentes a los niveles de gobierno, dentro de los cuales se incluye como regímenes especiales a las circunscripciones territoriales de pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.
Respecto de la autonomía, algunos sectores, sobre todo de oposición, cuestionaron una supuesta dependencia de los GAD al gobierno central, ya que la planeación de sus presupuestos deberá estar sujeta a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, cuya elaboración está a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, adscrita a la Presidencia de la República.
La asignación de competencias, que se realizará a través de un Consejo Nacional que se crea para el efecto, será un mecanismo para mantener un sistema centralista, puesto que el Consejo se convertiría en una especie de inspector general de las juntas parroquiales, los alcaldes y los prefectos, lo cual contradice un modelo de descentralización y autonomía.
También hubo intervenciones que defendieron el espíritu del proyecto, en tanto y en cuanto garantiza un sistema equitativo y justo, no solo en la transferencia de competencias, sino en lo que atañe a la asignación de recursos. Así mismo, se destacó que la ley pone énfasis en una efectiva participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, en aplicación del mandato constitucional vigente.
En lo relacionado a la asignación de recursos, asambleístas de las provincias de la sierra central, del sur y la Amazonía, entre otras, insistieron en que el texto legal establezca con claridad la vigencia de las leyes 010, 047 y 122, que generan rentas para las jurisdicciones en las cuales se explotan recursos renovables (energía hidroeléctrica) y no renovables (petróleo) y que compensan a éstas por las afectaciones ambientales que esta clase de actividades provocan.
El titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, a través de un punto de información, aclaró que de ninguna manera se vulneran los derechos de las provincias amazónicas, ni se eliminan las leyes 010 y 047. Sin embargo, si existiera alguna confusión, lo pertinente sería proponer textos que no dejen duda alguna de la vigencia de estas normas, dijo.
La sesión 31 del Pleno se reinstalará este miércoles, a partir de las 09:00, a fin de continuar con el debate de este importante cuerpo jurídico.
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