El Coordinador Nacional y el Presidente de la Confederación Ecuatoriana de Empleados Municipales (CEEM), Patricio Avilés y Patricio Castañeda, respectivamente, aseguraron que el proyecto de ley de Servicio Público debe prever las realidades particulares de los municipios del país.
En la comparecencia ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores, recordaron que según el Art. 238 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, mientras que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el Art. 174 establece que para el acceso al servicio civil (en los municipios) solo se tendrán en cuenta el sistema de personal adoptado por el Concejo de cada municipio o por las regulaciones de la Loscca”.
Sostuvieron que debe quedar claro que la SENRES y el Ministerio de Relaciones Laborales si bien deben dar directrices nacionales en materia laboral, no deben asumir competencias en los municipios.
Patricio Castañeda cuestionó el inciso final del artículo 22 del proyecto, según el cual el alcalde requiere autorización previa del Director Ejecutivo de la Senres para establecer jornadas de trabajo, pues ello se define de acuerdo con la realidad y necesidades de cada municipio.
Así mismo dijo que en el artículo 38 de este mismo proyecto se establece que el personal de todas las unidades administrativas de recursos humanos, será nombrado, removido, trasladado o cambiado por el Secretario Ejecutivo de la Senres, es decir, que el Alcalde o el Consejo no tiene ninguna competencia en este sentido.
A su vez, el presidente de los Servidores Municipales de la provincia de Pichincha, Carlos Baldeón, dijo que uno de los principios básicos que tiene el servidor público y el trabajador ecuatoriano es que sus derechos son irrenunciables, inalienables y que no prescriben en ningún tiempo y espacio, a la vez que reclamó que se respete la estabilidad laboral, considerando que el trabajo es uno de los elementos indispensable del buen vivir del ciudadano ecuatoriano.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, Nivea Vélez, informó que el proyecto ha sido enviado a los presidentes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Municipalidades del Ecuador (CONCOPE), pero que lamentablemente hasta el momento no han presentado ninguna propuesta ni observación.
Destacó que “el Art.229 de la Constitución garantiza nuestros derechos, como servidores públicos” y que en la Comisión 2 existen 11 asambleístas sensibles y comprometidos con la defensa de los trabajadores.
Finalmente, expresó que los artículos relacionados con las sanciones, entre ellas, el despedido, serán modificados sustancialmente, ya que no brindan ninguna garantía para los servidores.
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