En el marco de la tercera sesión del Seminario Regional Combatiendo la Violencia contra la Mujer, la fiscal española Carmen de la Fuente Méndez, experta de la División para el Adelanto de las Mujeres de Naciones Unidas, sostuvo que las leyes pertinentes deben ir acompañadas de un plan de acción y para su plena aplicación se requiere dotación presupuestaria.Iniciativas legales
Se mostró partidaria de la formación de los funcionarios públicos en cuestiones de género: igualdad y no discriminación en los cursos de formación de jueces, magistrados, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses, así como unidades especializadas de policía y fiscalía.
También, planteó la existencia de tribunales especializados con competencia en los asuntos penales y civiles (separación y divorcio) derivados de la violencia contra la mujer, con jueces, fiscales, psicólogos, médicos forenses especializados; elaboración de protocolos y reglamentos para la coordinación de jueces, fiscales, policía, servicios educativos, sanitarios y sociales.
Carmen de la Fuente hizo hincapié en la creación de instituciones y mecanismos multidisciplinarios de evaluación, formados por el gobierno y la sociedad civil; recopilación de datos e indicadores estadísticos.
La ley debe incluir disposiciones sobre prevención de la violencia, dirigidas a los medios de comunicación, planes de estudio y concienciación sobre los derechos de las mujeres y sobre la igualdad, agregó.
Invocó a la revisión de los planes de estudio y materiales didácticos en todos los niveles de escolarización desde un enfoque de género, dirigidos a eliminar estereotipos y actitudes discriminatorias; formación del profesorado en igualdad de género; sensibilización y responsabilidad de los medios de comunicación y creación de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia.
Medidas de acción inmediata
Propuso establecer una línea telefónica nacional, gratuita, 24 horas al día de atención y apoyo a las mujeres; casas de acogida de emergencia y de alojamiento a largo plazo; centros de asesoramiento, especializados en la atención a colectivos de especial riesgo como mujeres inmigrantes, víctimas de trata.
Por último, manifestó que se debe implementar asistencia sanitaria, incluida de la salud sexual reproductiva y profilaxis de VIH, ayuda financiera para mujeres víctimas de violencia y atención prioritaria a las mujeres inmigrantes: no deportar mujeres que denuncien violencia de género y darles un estatuto legal independiente del autor de la violencia.
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