Con varias modificaciones a la propuesta original, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de protección e inmunidad a los miembros de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008.
El Presidente de la República remitió dicha propuesta el 8 de octubre de 2009 y el CAL lo calificó y remitió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su correspondiente trámite el 6 de noviembre.
El organismo legislativo, presidido por la asambleísta María Paula Romo, dentro del proceso de socialización, receptó los aportes del presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; del Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh; del director Ejecutivo de la Comisión de Transparencia y Verdad Caso Angostura, Wilman Terán; la directora Ejecutiva de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Anaité Vargas; y, de los ciudadanos Rafael Oyarte y Ramiro Aguilar.
Cambios
La Comisión de Justicia decidió limitar la inmunidad únicamente al ámbito civil y penal y no el administrativo, así como aclarar que ésta cabe solo para las acciones realizadas en el ejercicio de las funciones de investigación de este caso.
También, incorporó una reforma respecto de los beneficiarios de la inmunidad, quienes serán únicamente aquellos cuyas funciones y actividades signifiquen el involucramiento en tareas de investigación y obtención de información que resulten determinantes sobre el sentido de los informes y conclusiones.
En respuesta a las observaciones sobre la facultad de la Asamblea para conceder inmunidad, los asambleístas destacaron que la Constitución en su artículo 120, numeral 6, establece la atribución de expedir leyes con carácter generalmente obligatorio, norma que también consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 9, numeral 6.
Se ha conservado lo atinente a la reserva de la información e identidad de testigos, la protección a los miembros a través del sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, la celeridad en los pedidos de los miembros, y la confidencialidad de los aspectos referentes a los procedimientos utilizados para la consecución del informe.
El informe favorable está suscrito por María Paula Romo, Henry Cuji, Washington Cruz, César Gracia, Mariángel Muñoz, Yorinson Tenorio y Marisol Peñafiel.
MG
