La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, por unanimidad de los presentes (8), aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, que busca establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumplirá su obligación de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, de forma permanente.
La presidenta del organismo legislativo señaló que las razones para modificar este cuerpo legal obedecen a la necesidad de clarificar las obligaciones y atribuciones de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, para que se instituya como un organismo para el debate, deliberación y participación ciudadana en esta materia, pues según la ley vigente, en su Disposición Transitoria Segunda, le corresponde generar, en un plazo máximo de 180 días desde su conformación, propuestas de leyes que regulen temas amplísimos.
El proyecto, de autoría del asambleísta Pedro de la Cruz, contiene siete artículos, una Disposición Transitoria Única, una derogatoria y una final. El texto está relacionado con la participación social para la soberanía alimentaria, en lo que tiene que ver con el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional; la institucionalización de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria; su integración, atribuciones; así como las modificaciones para ampliar el plazo para elaborar una propuesta integral relacionada con las leyes que regulen, entre otros temas, el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas, agrodiversidad y semillas, desarrollo agrario, agroindustrial y empleo agrícola, sanidad animal y vegetal, acceso de los campesinos e indígenas al crédito público, el seguro y los subsidios alimentarios.
La normativa establece que el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) es el conjunto articulado de ciudadanos, actores sociales, institucionales y estatales involucrados en la producción, comercialización, distribución, transformación, consumo responsable e influencia en la alimentación y nutrición de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Tiene como función coordinar acciones entre la sociedad civil y todos los niveles de gobierno, particularmente con los órganos de la administración pública central competentes en las materias de ambiente, agricultura, ganadería, pesca, salud, educación, inclusión económica y social, planificación, recursos hídricos.
Se instituye la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria como un espacio de debate, deliberación y generación de propuestas desde la sociedad civil en esta materia. Estará conformado por nueve representantes de la sociedad civil, seleccionados a través de un concurso público de oposición y merecimientos, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de entre postulantes de organizaciones de la sociedad civil, universidades y escuelas politécnicas, centros de investigación, asociaciones de consumidores, de pequeños y medianos productores, campesinos, de los diferentes sectores productivos, en materia de soberanía alimentaria. Se utilizarán criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional, en un proceso que garantice la representación de todos los sectores por igual.
Dicho organismo tendrá las siguientes atribuciones: aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento; generar un amplio proceso participativo de debate con el objeto de elaborar las propuestas relacionadas con las leyes conexas; recomendar la suscripción de convenios con instituciones de cooperación o asistencia técnica, nacionales o internacionales, relativos al régimen de soberanía alimentaria por parte del órgano competente, entre otros.
Las propuestas que elabore la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria serán enviadas al Ministerio del ramo para que adopte las políticas correspondientes. Para el caso de proyecto de ley, el Ministerio encargado lo remitirá para conocimiento y trámite a la Asamblea Nacional. La Conferencia contará con el presupuesto necesario para realizar sus actividades, previa aprobación del plan operativo, conforme a la Ley.
Dentro del plazo de dos años, contados a partir de la publicación de esta ley reformatoria en el Registro Oficial, la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria entregará a los ministerios correspondientes las respectivas propuestas de ley. La Función Ejecutiva, en un plazo máximo de un año contado a partir de la recepción de las propuestas presentadas por la Conferencia, elaborará los proyectos de ley y los remitirá a la Asamblea Nacional para su trámite.
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