La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por la asambleístas Nivea Velez, aprobó por unanimidad de los presentes (nueve) el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público que tiene como objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las/os servidores públicos, en busca de lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad productiva del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos y obligaciones y la no discriminación.
La propuesta contiene 137 artículos, siete disposiciones transitorias, 20 generales, cuatro finales y derogatorias. Luego de la discusión en primer debate, la Comisión realizó 16 sesiones para analizar y discutir las observaciones presentadas por los asambleístas de diversas bancadas legislativas, así como de varias organizaciones e instituciones.
La normativa se ajusta a los preceptos constitucionales relacionados con los principios y mecanismos de participación y organización del poder en el Estado, en particular, las normas que regulan la administración pública, entendiendo a la misma como “un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.
El proyecto identifica y detalla la gama de principios que fundamentan al servicio público, la carrera administrativa y el desarrollo profesional, así como las garantías de los derechos de los servidores públicos, en su misión de atender de manera eficiente y oportuna las reales necesidades de la ciudadanía para su desarrollo.
También establece las herramientas jurídicas necesarias para impulsar una reforma en el servicio público, de tal manera que la ciudadanía tenga acceso a servicios de óptima calidad y seguridad para que sus demandas sean atendidas oportunamente, por tanto, los servidores deberán tener una formación con conocimientos actualizados, formación y capacitación.
Según la propuesta el Ministerio de Relaciones Laborales será el ente rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público, por lo que regulará el ingreso, ascensos, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.
Nivea Velez destacó que por primera vez se determina el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a través de normas que impulsan el mejoramiento continuo de la administración pública para elevar el nivel de calidad de la prestación de servicios públicos ejecutados por los servidores, a través de normas de calidad de servicio. Además se presenta como avance el detallar mecanismos para asegurar el acceso al trabajo de personas con discapacidades y pertenecientes a grupos vulnerables, que siempre han sido relegados en esta materia.
Igualmente se ratifica y fortalece el enfoque de género y la participación ciudadana en la administración pública que se encargará de convertir en una realidad el buen vivir, por lo que desarrolla los derechos de participación, de desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático que garantice su participación.
Así mismo, hace mención al régimen Interno de la Administración del Talento Humano, desarrollando cada uno de los deberes, derechos y obligaciones de los servidores de las entidades que están dentro del ámbito de esta ley.
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