La Comisión
Así lo confirmó el asambleísta Virgilio Hernández, presidente del organismo legislativo, quien explicó que los eventos se efectuarán hasta el 8 de marzo en las ciudades de Ibarra, Riobamba, Portoviejo, Santa Elena, Loja, Cuenca y Tena.
Según la planificación, el primer foro se realizará mañana, en la ciudad de Ibarra, con los alcaldes de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
Luego, el 23 de este mes el foro tendrá como sede la ciudad de Riobamba, a donde acudirán los alcaldes de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
El jueves 25 el evento estará dirigido a los representantes de Manabí, Galápagos y Santo Domingo de los Tsáchilas; el viernes 26, Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena; el lunes 1 de marzo, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe; el miércoles 3 de marzo, Azuay, Cañar y Morona Santiago; y, el lunes 8 de marzo, Pichincha, Napo y Orellana.
Además de las acciones señaladas, cada asambleísta integrante de la comisión realizará la socialización en su respectiva provincia.
En cada lugar se aspira contar con 150 participantes, para lo cual se coordinará con
El asambleísta Hernández subrayó que el COOTAD tiene básicamente siete grandes ejes sobre los que fue elaborado: el modelo de descentralización; la conformación de las regiones; los regímenes especiales; competencias; modelo de equidad; participación ciudadana; e, instrumentos legales para facilitar la legalización de asentamientos urbanos.
Resaltó que con el código se pasa del modelo a la carta, a la descentralización para todos, en el mismo nivel de gobierno; para la conformación de regiones se consagra el principio de voluntad de las provincias para unirse; se especifican las funciones de las circunscripciones territoriales indígenas (CTI), Galápagos, Distritos Metropolitanos, como regímenes especiales; la titularidad de las competencias supone obligaciones ineludibles de los niveles de gobierno; la garantía de un progreso sostenido nacional, pero al mismo tiempo considera las asimetrías territoriales internas; la incidencia de la ciudadanía en la planificación, priorización del gasto del presupuesto y exigencia de la rendición de cuentas; y, se establece una serie de normativas para facilitar la legalización de asentamientos a los municipios.
PV
