El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas para mañana, 5 de mayo, a partir de las 09:30, para continuar la sesión 102, a fin de iniciar la fase final del proceso interpelatorio.
Cabe recordar que este proceso de juicio político fue desarrollado en siete días, mediante jornadas prolongadas del Pleno de la Asamblea, en la cual los nueve vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) ejercieron su derecho a la defensa, frente a las acusaciones del juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino Reinoso.
Corresponde iniciar el debate acerca de los argumentos expuestos en el juicio político, tanto por la acusación, cuanto por la defensa de los encausados.
De conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), finalizada la intervención del Presidente del CJ, Benjamín Cevallos y los ocho vocales, Marco Tulio Cordero, Oswaldo Domínguez, Óscar León, Herman Jaramillo, Ulpiano Salazar, Homero Tinoco, Jorge Vaca y Luis Germán Vásquez, el Titular de la Legislatura declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica.
La normativa prevé, además, que al término del debate, de no presentarse una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.
El interpelante Mauro Andino, al cierre de su intervención en torno a las acusaciones imputadas en contra del vocal Ulpiano Salazar, pidió a los asambleístas asistan a la continuación de la sesión 102, para que expongan sus reflexiones sobre este proceso de juicio político, con base a las pruebas aportadas.
Según lo establecido en el artículo 85 de la LOFL, para proceder a la destitución de los nueve vocales del CJ, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional (83). La censura producirá su inmediata destitución. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.
Cabe mencionar que cada uno de los encausados ejerció su derecho a la defensa y a la réplica, en cumplimiento de lo que determinan la Constitución y la Ley, garantizándole el debido proceso.
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