Mando policial afirma que cumplió su deber constitucional de mantener el orden público en Morona Santiago

Miércoles, 27 de enero del 2010 - 23:22 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El comandante general de Policía, Freddy Martínez y el general distrital, Fausto Franco, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Marco Murillo, defendieron la actuación de la institución policial, durante el operativo de desalojo de las vías Macas-Puyo y Macas-Sucúa, en cumplimiento de su deber de mantener el orden público, establecido en la Constitución de la República.

El operativo se desarrolló el pasado 30 de septiembre, día en que se produjo la muerte del maestro shuar Bosco Wisuma, así como la herida de 40 policías y varios ciudadanos.

Al responder las preguntas de la Comisión, en el marco de la investigación de la muerte de Bosco Wisuma, los oficiales de policía explicaron que el operativo se cumplió luego de agotadas las instancias del diálogo, porque había que restablecer el orden público y despejar las carreteras antes señaladas, para permitir el normal desarrollo de las actividades productivas.

El general Freddy Martínez indicó que se utilizó material disuasivo antimotines, incluidos cartuchos de goma, calibre 12 milímetros, carabinas lanzagases, en suma, medios que no causan daño a las personas.

Subrayó que el mando policial estuvo permanentemente informado del curso de los acontecimientos, por lo que la actuación de la Policía se produjo de forma progresiva, de conformidad con las estrategias y políticas institucionales que se aplican en casos de crisis interna.

Al ser consultado si el portar una lanza se considera como que la persona está armada, el Comandante General dijo que en sentido estricto no sería catalogada como un arma en sí misma, pero si se trata de una lanza envenenada y con ella se hiere a alguien, puede inclusive causar la muerte.

Entre tanto, el general distrital Fausto Franco, quien participó del operativo en calidad de comandante supervisor, subrayó que intervino directamente en los diálogos mantenidos por el Comité de Crisis, del cual fueron parte la Gobernadora, el Prefecto de la provincia, el Alcalde de Macas y un delegado del Ministerio de Gobierno, a más de los representantes de las comunidades shuar.

Sin embargo, no se pudo alcanzar acuerdos en torno a las demandas de los manifestantes, quienes en todo momento insistían en la presencia del Presidente de la República, por lo que se puso en marcha el operativo para despejar las carreteras Macas-Puyo y Macas-Sucúa, a fin de restablecer el orden público, acción que fue debidamente consultada con el Comando General y el Ministerio de Gobierno, con base en el estado de conmoción que se vivía en este sector de la patria.

Reiteró que en ningún momento se utilizó pedigones de plomo, sino solo material disuasivo, que no causa lesiones graves a las personas.

De su lado, el presidente del organismo legislativo, Marco Murillo, aseguró que es fundamental de dónde provino la orden de ejecutar el operativo, por cuanto, si bien hay una obligación constitucional de la Policía de mantener el orden público, también había una estrategia de diálogo que debía continuar su curso, hasta llegar a los acuerdos definitivos, tanto más cuanto que ya había un pliego de seis puntos aceptados por los manifestantes.

Mientras, la asambleísta Diana Atamaint, de la provincia de Morona Santiago, hizo hincapié en la opinión del Comandante de Policía en el sentido que portar una lanza no equivale a estar armado, al recordar que es parte de la indumentaria de los pueblos Shuar y esencialmente una característica cultural propia de esta etnia.

Criticó que se haya manejado cuantitativamente el saldo de policías heridos en este operativo, cuando más del 50 por ciento de ellos no estuvo sino en observación por pocas horas en las dependencias de salud, mientras “los compañeros Shuar, si bien el número de heridos fue menor, tuvieron consecuencias de mayor gravedad y de eso no se dijo nada”.

La Comisión de Derechos Colectivos continuará la investigación de estos hechos, a fin de entregar al Pleno de la Asamblea un informe que revele lo que verdaderamente ocurrió el 30 de septiembre 2009 y se determinen las responsabilidades del caso, sobre todo para conocer en qué circunstancias se produjo la muerte del ciudadano Bosco Wisuma.


EG/pv

 

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