Sobre la base de la información proporcionada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), y el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, se evidenció que el Estado no tiene una competencia directa e institucional que controle, dirija, regule a las empresas embotelladoras de agua, así como tampoco existe un conocimiento cabal del volumen total del agua que circula en el país y el control de calidad, precisó la asambleísta Marángel Muñoz, al proponer que en las leyes del Consumidor y de Recursos Hídricos se tomen los correctivos del caso.
Según los estudios realizados por la asambleísta de PAIS, existe información acerca de cuánta agua sale y entra a nuestro territorio; sin embargo, se desconoce la especificación de cuánto de este recurso se destina al embotellamiento, se produce y circula en Ecuador, pues no hay institución ni autoridad que lo determine, debido a la falta de articulación de las respectivas bases de datos entre las instituciones públicas que están en la cadena productiva del agua embotellada, como son Senagua, SRI y el Ministerio de Salud, a través del Izquieta Pérez, dijo.
De acuerdo con la Senagua existe un total de 34 concesiones otorgadas: 14 en Pichincha, 11 en Cotopaxi y el resto distribuidas en Guayas, Imbabura, Loja, Napo, Tungurahua y Azuay; mientras que de la información proporcionada por el SRI, hay 328 empresas embotelladoras, por tanto, el 89% de éstas no tiene concesión y se desconoce de dónde toman el agua para envasar.
Entre tanto, la Corporación Aduanera determina que en el período 2007 y 2009, salieron del país, aproximadamente, dos millones 381 mil litros de agua hacia Estado Unidos, Colombia, Perú España, Holanda y Costa Rica, mientras que desde Estado Unidos, Italia, México y Francia, se importó un total de un millón 619 mil litros de agua, por año.
Por estas circunstancias, la asambleísta Mariángel Muñoz consideró que se debe establecer una instancia, que podría ser una asamblea consultiva, integrada por todas las instituciones involucradas en la cadena de producción de agua embotellada, que analice la realidad del sector e informe a la autoridad competente acerca de las medidas que deben adoptarse en materia de control, regulación y la obligatoriedad de que todas las aguas embotelladas incluyan en sus etiquetas el detalle de la concesión, fuente, registro sanitario, entre otros aspectos.
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