En medio de una amplia expectativa nacional por la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, delegaciones de varias universidades públicas y privadas del país llegaron hasta la Sede de la Función Legislativa para seguir de cerca la decisión que se tome en torno a este importante cuerpo legal, en la reinstalación de la sesión 46 del Pleno.
Con la anuencia del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, ingresaron hasta las barras altas del Salón del Pleno 400 delegados de diversos centros de estudios superiores, así como pobladores de la provincia del Napo y otras circunscripciones que apoyan la creación de Universidades estatales para estas jurisdicciones; mientras que en las afueras del edificio se encuentran más de 200 personas, a la espera de la aprobación de esta normativa.
Una vez reinstalada la sesión, el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad expuso ante los asambleístas los principales acuerdos a los que se ha llegado para viabilizar la votación de este proyecto. Igualmente, informó que con fecha 12 de julio se presentó un documento adicional que contiene 26 enmiendas al articulado, con lo cual se ha recogido el 95% de las observaciones propuestas.
Así por ejemplo, resaltó la disposición por la cual el financiamiento que el Estado entregue al Sistema de Educación Superior, deberá incrementarse gradualmente hasta llegar al menos al 5% del Presupuesto General del Estado; las prohibición de la competencia desleal; la paridad de género e igualdad de oportunidades en las listas para la elección de autoridades académica; el porcentaje de la votación de los estudiantes en estos procesos, que para el caso de la universidades privadas será entre el 30% y 50%.
También, el ingreso vía concurso público de méritos y oposición para los empleados de las universidades y escuelas politécnicas públicas; que la representación universitaria en el Consejo Nacional de Planificación tenga voz y voto. Así mismo, se mantiene la moratoria por cinco años para la creación de nuevas universidades, exceptuándose únicamente la Universidad Nacional de Educación UNAE, con sede en Azogues; la Universidad Regional Amazónica, en Tena; la Universidad de las Artes en Guayaquil; y, la Universidad Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas, con lo cual de ninguna manera se viola la disposición constitucional contenida en la transitoria vigésima, aseveró Raúl Abad.
Igualmente, se acogió la sugerencia en el sentido de que los fondos de pensión complementaria creados al amparo del Decreto Legislativo 1953, que estableció la pensión auxiliar para el personal académico de las universidades y escuelas politécnicas, continuarán generando este beneficio con recursos del Estado, en un monto que variará entre un salario básico unificado del trabajador privado y el valor de dos canastas familiares básicas, asignado en forma proporcional a los años de servicio y la dedicación prestados al plantel. Este beneficio se amplía a los profesores e investigadores de las instituciones públicas que se hubieren acogido a la jubilación patronal antes de la vigencia de esta ley o a los que lo hicieren hasta diciembre de 2014.
En este marco, el presidente de la Comisión de Educación, invitó a los asambleístas a sumar su apoyo al trascendental cambio para la educación superior que será aplaudido por todo el Ecuador, concluyó.
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