A fin de que responda por temáticas relacionadas con la explotación minera en el país; la ilegal explotación maderera por parte de la empresa Botrosa S.A; problemas de medio ambiente en la provincia de Galápagos; la inequitativa distribución de tierras en la comuna Kichwa Pañacocha, entre otras, la Comisión de Biodiversidad citará a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga.
Esta resolución la adoptaron los integrantes de la Comisión 6, luego de escuchar las versiones de los pobladores afectados de la comuna Pañacocha, quienes señalaron que Camilo González, funcionario del Ministerio de Ambiente, no respetó los derechos de los socios para la adjudicación de tierras en el Bosque Protector Pañacoha, perjudicando a alrededor de 95 asociados.
Marco Sanmiguel, síndico de la comuna; Rosa Rivadeneira; y, Julio Rivadeneira, ex presidentes de esta zona, señalaron que durante todo el proceso para la legalización de tierras se les comunicó que 16 411 hectáreas serían entregadas a quienes se encontraban habitando este sector por más de cinco años, sin embargo, fueron sorprendidos cuando en el Registro Oficial se los excluye de este beneficio a los colonos y se entrega las tierras a otras personas que por interés se radicaron recientemente en este lugar y no están legalizados como socios. Pero lo grave es que se les reduce el territorio a apenas nueve mil hectáreas.
Dijeron que existió una manipulación de la documentación entregada ante las autoridades del Ministerio; se les quitó el plan de manejo ambiental, se les sacó del listado de socios y se les perjudicó en la adjudicación de tierras, por lo que solicitaron a los comisionados interpongan sus buenos oficios a fin de dar una solución a esta problemática, tomando en cuenta que el proceso era incluyente y con la decisión de la cartera de Ambiente se ha generado un divisionismo y lo peor de todo es que a los verdaderos colonos no se les legaliza sus tierras, perjudicando a los habitantes de la comuna, porque Camilo González ha manejado el proceso según su criterio personal.
Entre tanto, el asambleísta Alfredo Ortiz indicó que, al revisar la documentación presentada por los pobladores, se evidenció que una serie de documentos estaban alterados, firmas suplantadas, por lo que se presume que existen irregularidades en esta adjudicación, al tiempo que pidió se realice una investigación para establecer responsabilidades de quienes estén involucrados.
Indicó que en el documento firmado por los pobladores se habla de la entrega de 16 mil hectáreas, mientras que en el Registro Oficial se publica con base en nueve mil, perjudicándoles en siete mil hectáreas. Frente a esta realidad, propuso convocar a la Ministra del Ambiente, para que responda por estas irregularidades, mismo que fue acogido unánimemente por los seis asambleístas presentes.
A su vez, la presidenta del organismo legislativo, Rosana Alvarado, indicó que este tema será puesto también en conocimiento de los asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos, por ser un asunto comunitario, para impulsar conjuntamente una solución a esta problemática.
Finalmente, precisó que sobre la contaminación del río Cutuchi se intensificará el proceso, a fin de que las autoridades den respuesta positiva para la recuperación de sus cuencas y subcuencas hidrográficas, que contienen altos porcentajes de químicos y demás sustancias tóxicas.
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