El asambleísta de Izquierda Democrática, Andrés Páez, denunció que la información en la declaración juramentada de bienes del ministro de Agricultura y Ganadería, Ramón Espinel, es contradictoria, según se desprende de documentos certificados emitidos por varias entidades de Estado, por lo que habría cometido el delito de perjurio, al no incluir en su declaración rendida con juramento todos los bienes y obligaciones que posee.
Páez mostró copia certificada, de fecha 19 de agosto de 2009, de la declaración juramentada de bienes que el ministro Ramón Espinel realizó horas antes de entrar en funciones, a la cual se adjunta el formulario de la Contraloría, en el que declara tener un inmueble, un vehículo Hyunday, dos cuentas de ahorros, pero en los pasivos el ministro Espinel declara tener “cero deudas”.
Explicó que en contraste con esto se encuentra el documento de la Superintendencia de Bancos, debidamente certificado, por el cual se demuestra que Espinel es deudor de la Banca cerrada y que tiene calificación “E” en los Bancos Pichincha y Filanbanco International Bank, que es una entidad administrada y regentada por el Estado.
Reveló una copia fotostática del buró de crédito denominado Score, donde aparece que el ministro Espinel tiene un total vencido de deuda por 171 mil 676 dólares con 31 centavos, del cual 105 mil quinientos noventa corresponden a Finagro; y, 66 mil ochenta y cuatro dólares, a la Previsora International Bank, que fue absorbida por Filanbanco, valor que omitió en su declaración juramentada, cometiendo el delito del perjurio, insistió.
Además, informó que en copia certificada, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa declara que hay una inhabilidad especial por mora para ingresar al sector público, porque quien ingresa al sector público no puede tener deudas con el Estado.
En este marco, Páez enfatizó que el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, no puede seguir ocupando dicha cartera de Estado, ni mucho menos debió haberse posesionado como tal, porque tiene un impedimento legal para hacerlo. Posteriormente, la Superintendencia de Bancos certifica que era deudor con calificación “E” y, lo que es más grave, su acreedor es un banco que está en manos del Estado.
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