En la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, se mostró partidario de reformular el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Económico que reprime el Lavado de Activos, presentado por la Procuraduría.
El titular del organismo, Francisco Velasco, explicó que dentro del cronograma de trabajo se prevé entregar el informe para primer debate entre el 3 ó 4 de septiembre, luego que se solicitó al CAL una ampliación de 20 días respecto del plazo que concluía el 20 de agosto, mismo que se suspende mientras dure el receso legislativo.
También indicó que se prepara un foro público sobre esta temática, a fin de que la ciudadanía participe activamente en los debates de este proyecto.
Anunció, extraoficialmente, que en los próximos días el Ejecutivo remitiría los Códigos de Producción y de las Finanzas Públicas, con carácter de urgente, por tanto se requiere canalizar todos los esfuerzos para el proceso de socialización y recepción de aportes, tras manifestar que –además- el organismo tiene en sus manos los proyectos de Ley de Seguros, de la muerte financiera y la vigilancia de la ejecución presupuestaria.
Reformulación
El ministro Serrano argumentó que la reforma tiene varios artículos que violentan principios constitucionales; al introducir nuevamente la tipificación y endurecimiento de penas en una ley diferente al Código Penal, se rompe con el propósito de lograr una racionalización jurídica en cuanto al desarrollo normativo.
Adicionalmente, el funcionario cuestionó los textos atinentes a la institucionalidad de la administración de bienes, ya que se contrapone con el objetivo del Estado de que esto se someta a una sola instancia específica, que no solo maneje los bienes relacionados con el lavado de activos, sino también los involucrados en procesos del narcotráfico.
Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tiene una definición incompleta en torno al terrorismo, el artículo 20 del proyecto en mención debe clarificar específica y concretamente los tipos de delito de plagio y secuestro de personas; en igual forma, el delito de atentado contra la seguridad de la transportación.
Aseveró que el artículo 22 viola la ética del Estado constitucional de derechos y justicia, porque se está determinando una suerte de derecho penal premial favorable a quien delate o entregue información, afianzando el “soplonaje”, figura utilizada en la Alemania Nazi.
Bajo tales antecedentes, propuso que se reformule la Ley conforme los parámetros de la actual Constitución; que se reenvíe al Código Penal todo lo relativo a la tipificación y que se rediseñe la institucionalidad de la administración de bienes.
Entre tanto, el legislador César Rodríguez, invitado a la sesión de la Comisión, evidenció la necesidad de discutir en el marco de las reformas a la Ley de Lavado de Activos, el tema de la Ley de Extinción de Dominio, que va en función de combatir la corrupción y el crimen organizado.
De su parte, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que no se puede seguir agravando la dispersión de las normas, tras precisar que la propuesta podría mantenerse como una Ley para endurecer las sanciones al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, a la vez, determinar los artículos que tipifican delitos en el Código Penal, como parte de una sola materia.
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