Las reformas a la Ley de Tránsito que lleva adelante la Comisión de Desarrollo Económico, concitaron gran interés entre los sectores involucrados. En esta oportunidad acudieron al organismo legislativo el comandante de la Policía, Fredy Martínez; mayor Juan Zapata, los generales Eduardo Calero, Edgar Vaca; los asesores del Ministro de Gobierno Thomás Alvear, Wilson Navarrete; el presidente de la Asociación de Municipalidades (AME), Paúl Granda, el Subsecretario de Transporte Terrestre, Fernando Amador; y el gerente General de Corposoat, Patricio Salas.
En esta reunión de trabajo se realizó un acercamiento a lo que deberá ser el traspaso de las competencias hacia los organismos descentralizados, tomando en cuenta que la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal está en manos de los municipios, por lo cual el presidente de la AME, Paúl Granda, pidió se establezca que los organismos seccionales deben asumirlas de manera concurrente, integral, escalonada y con recursos suficientes, entre los distintos niveles de gobierno, para alcanzar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos y evitar la superposición de funciones entre la Comisión Nacional de Tránsito y la Dirección Nacional de Tránsito.
A fin de evitar el bajo juzgamiento de las contravenciones, sugirió que se cree una figura jurídica de las infracciones administrativas, que permita que los municipios juzguen determinadas contravenciones, considerándolas como infracciones administrativas. Igualmente, que se determine el financiamiento del costeo de la transferencia de competencias, lo que implica la valoración realizada por la Comisión de Costeo y la transferencia inmediata desde el Presupuesto General de Estado.
También, que se establezca un régimen de transición para que las municipalidades puedan asumir sus competencias de manera integral. En el caso de aquellos concejos que asuman paulatinamente, deberán trabajar en forma coordinada con la Policía Nacional.
Deficiencia operativa
De su lado, Thomás Alvear, asesor del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, señaló que entre los problemas de aplicación de la Ley Orgánica de Tránsito está la deficiencia operativa, pues se debe buscar una solución para que los recursos lleguen a tiempo y sean ejecutados de acuerdo a la planificación presupuestaria inicial. Con la finalidad de alcanzar la seguridad vial, se debe establecer fondos que vendrán de la recaudación de multas, en un porcentaje que deberá ser determinado oportunamente, para que se destinen a educación vial, a través de la Comisión de Tránsito.
Es partidario que la descentralización sea total en el área cantonal, no solo en sectores urbanos, para que todo el cantón tenga una planificación y regulación vial que tenga coincidencia en su desarrollo.
Mientras que Wilson Navarrete, también asesor del Ministerio de la Política, pidió a los comisionados que en las reformas a la Ley de Tránsito se norme el uso de chalecos y prendas reflectivas, con el número de placa, para todos quienes conduzcan motos, motocicletas, tricimotos, cuadrotes, con las respectivas sanciones equivalentes a una contravención grave de tercera clase.
Seguridad ciudadana
El comandante de la Policía, Fredy Martínez, señaló que la Policía de Tránsito dentro de la seguridad ciudadana es el primer elemento de prevención y disuasión, de allí que la mayor parte de policías muertos (54) son los de tránsito, al estar expuestos al control de vehículos de la delincuencia organizada, además que son quienes alertan a los demás servicios policiales (Policía Judicial, Antinarcóticos, UNASE, GIR, GOE, y servicio urbano) sobre casos sospechosos.
Indicó que existe un conflicto de competencias entre nuevas policías creadas (metropolitanas) con la Policía Nacional, pues de acuerdo con la Constitución la única autorizada para realizar detenciones es la Policía Nacional, lo cual se contrapondría con la creación de policías en cada municipio.
Manifestó que el traspaso del control del tránsito a las municipalidades representaría un egreso considerable del presupuesto del Estado, toda vez que se requeriría al menos de 13 mil nuevos elementos a nivel nacional, con una remuneración mensual promedio de $ 500 dólares, lo que significaría un egreso mensual superior a los seis millones 500 mil dólares.
Al hablar del plan de patrullaje preventivo, agregó que se efectuarían patrullajes motorizados en carreteras, coordinados entre jefaturas y subjefaturas de control del tránsito a nivel nacional, en recorridos preventivos cada 30Km. El objetivo es la presencia policial permanente, prevención de accidentes de tránsito, auxilio inmediato, consolidar y apoyar los servicios de seguridad ciudadana, reforzar la seguridad vial en carreteras.
SOAT rebasó las expectativas
Entre tanto, Patricio Salas, gerente de Corpsoat, precisó que en apenas 28 meses el sistema ha beneficiado a 60 mil ecuatorianos y sus familias. El nivel de víctimas que está atendiendo el SOAT es muy superior al número que aparecen en las estadísticas oficiales; así en el 2009, según el INEC, atendió a 14 184 víctimas, cuando en realidad llegó a cubrir 38 000.
Con la finalidad de brindar mayor seguridad al sistema SOAT, se estableció el reaseguro, que aportó con alrededor de 45 millones de dólares en los dos primeros años para la cobertura de salud a los ciudadanos con accidentes de tránsito. Dijo que por medio del SOAT nos hacemos responsables de la vida de 14 millones de compatriotas, expuestos a sufrir accidentes de tránsito; se creó no menos de 2 000 nuevos empleos directos e indirectos, beneficiando a igual número de familias. Ha protegido hasta el momento a más de 60 000 ecuatorianos, en algunos casos, salvándoles la vida.
Este sistema de protección ha tenido un continuo proceso de perfeccionamiento; se han roto las barreras de acceso a servicios de emergencia; se ha dotado de recursos a los servicios de salud, al tiempo de señalar que la transparencia en todo el accionar es la única defensa, por ello sus cuentas están a disposición de la Superintendencia de Bancos y de la ciudadanía. Han cumplido con las recomendaciones sobre ajustes de carácter operativo y las transferencias al FONSAT se han realizado con total apego a las disposiciones legales y de autoridad competente.
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