El asambleísta Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Función Legislativa el proyecto de reformas al Código Penal, que sanciona los delitos de usura.Propone que sea reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios.
Además, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un préstamo usuario.
También, según el proyecto, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, quien se dedicare a la actividad de otorgar préstamos sobre prendas, sueldos o salarios y no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglones, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben los créditos, la naturaleza, cantidad, valor de los objetos prendados y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o, que fueren reos de falsedad en los asientos en dichos libros.
El prestamista que no diere resguardo o seguridad de la prenda recibida, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa del quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. La reincidencia en el ilícito de usura será sancionado, a más de las penas establecidas en los artículos precedentes, con el decomiso de los bienes del infractor, para lo cual se requerirá únicamente la presentación de los certificados de gravámenes emitidos por él o los registradores de la Propiedad y Mercantiles del lugar donde estuvieren los bienes.
El legislador expuso que el delito de usura se ha generalizado a lo largo y ancho del país, provocando la desintegración de la familia, la pérdida de bienes patrimoniales e incluso de vidas humanas que sofocadas por la presión del usurero han encontrado en el suicidio la solución a sus problemas.
Puntualizó que las personas que se dedican a este ilícito negocio no registran contabilidad alguna y, por ende, no tributan sobre el capital que genera los intereses usurarios que no se aplican, sino que éstos deben dar a cada quien lo que le corresponde; que la administración de justicia se ve limitada ante la falta de normas legales que sancionen en forma drástica este execrable delito.
Finalmente, Paco Fierro sostuvo que las penas que determina el Código Penal vigente no guardan relación con el daño que genera el delito de usura a la víctima y a su familia.
MG
