La Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), una vez que 74 asambleístas presentaron sus observaciones y sugerencias en cerca de 15 horas de discusiones .
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, indicó que las propuestas y criterios vertidos en el Pleno, serán analizados y debatidos a profundidad con los integrantes del organismo legislativo, por lo que pidió al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, establecer el tiempo necesario para procesar las opiniones emitidas a fin de preparar el texto definitivo para someterlo a votación.
Existen, alrededor de 60 observaciones por escrito, a más de las que se han generado en este último debate, mismas que serán debidamente sistematizadas. En la mesa nos hemos comprometido a discutir las sugerencias que se han realizado y espero que el tiempo no sea un obstáculo para que podamos avanzar y concluir en una ley que lejos de constituir un motivo para diferenciarnos, sea una oportunidad de unión y el inicio de un pacto territorial justo y equitativo entre las distintas parroquias, cantones, provincias y regiones, acotó.
Los temas que generaron el amplio debate se centran fundamentalmente en las rentas que hoy perciben los municipios y prefecturas y las que deberán recibir con la aprobación del Código Territorial, incluyendo a las juntas parroquiales rurales; la fórmula que se aplicará para la distribución de lo recursos del Presupuesto General del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados; la expropiación de tierras para la construcción de viviendas de interés social, pero sin afectar el interés ajeno.
También, las leyes 010 y 047; el régimen de competencias; la conformación del Consejo de Competencias; los niveles de gobierno; la educación pública; la participación ciudadana como un ente que planifica, presupuesta que incide en las decisiones de las jurisdicciones; el concepto de autonomía; el reconocimiento de las circunscripciones territoriales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.
Varios asambleístas defendieron la ley que ha sido enriquecida con los aportes de los sectores involucrados y lo calificaron como un proyecto innovador y como una de las más importantes para el país por cuanto constituye un instrumento idóneo para la construcción de una convivencia social que permitirá superar las inequidades del pasado y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos a través de los organismos de gobierno que son los que están más cerca de la población.
Insistieron en la necesidad de que se mantenga la vigencia de las leyes 010 y 047, que generan rentas para las provincias amazónicas y para Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, respectivamente, ya que se trata de una compensación, en el primer caso por la afectación producida por la explotación petrolera y en el segundo por el impacto de los proyectos hidroeléctricos, con la recomendación de que se haga justicia con la provincia de Chimborazo, en cuyo territorio nacen al menos dos afluentes de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas.
Solicitaron que en el texto legal se especifique de manera clara cuál es la fórmula para la distribución equitativa de los recursos del Presupuesto General del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados, porque si bien hay parámetros técnicos como la densidad poblacional, el PIB, entre otros, es necesario evitar que el Ministerio de Finanzas actúe en forma discrecional en el cálculo de las asignaciones.
Así mismo, la capacidad de los concejos cantonales y metropolitanos para autorizar la expropiación de predios, generó inquietud en algunos legisladores, sobre todo por la forma en que se procederá al pago de los respectivos valores, cuando el 70% de los mismos serán cancelados en bonos, a 20 años plazo. En este aspecto se pidió también que se tome en cuenta que los ciudadanos que migran inviertan sus recursos en la compra de bienes inmuebles que en muchos casos no son edificados y por tanto, se debe revisar el capítulo de las expropiaciones.
En lo relacionado con las funciones del Consejo de Competencias plantearon la necesidad de establecer el desarrollo de las capacidades institucionales en los gobiernos autónomos descentralizados, mediante planes, programas y proyectos de asistencia técnica formulados e implementados en consideración con las asociaciones de cada nivel de gobierno y con el Banco del Estado para su respectivo financiamiento.
Igualmente, en el capítulo de la intervención en la gestión de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, solicitaron incluir un literal que establezca que si alguna competencia incurra en indicios de responsabilidad penal, ese organismo debe establecer una causal para la intervención por parte del Consejo de Competencia.
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