Luego de un intenso debate, en el que intervinieron cerca de 40 asambleístas de diversas bancadas presentando aportes y observaciones para mejorar el cuerpo legal, la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos que busca establecer las condiciones para un gobierno del agua y de los recursos hídricos, correspondiente con un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.Al retomar la sesión, el asambleísta Luis Almeida señaló que el agua debe ser gratuita conforme lo establece la Constitución, pero los artículos 161, 162, 163 y 164 del proyecto no se enmarcan con este principio, pues hablan de tasas y tarifas para el cobro del recurso natural.
Entre tanto, Soledad Vela pidió a los comisionados incluir un artículo que erradique el trabajo infantil, es decir, determinar la adopción de políticas que protejan a los niños, niñas y adolescentes. En lo referente a la consulta previa cree que la opinión de los sectores involucrados debe ser vinculante y no solo consultivo. Se debe regular el uso del agua para las empresas envasadoras y proteger a sus trabajadores, precisó.
La asambleísta Lourdes Tibán manifestó que la Autoridad Única del Agua debe estar conformada por la diversidad, plurinacionalidad e interculturalidad donde estén representantes del Estado, de los usuarios, los distintos niveles de gobierno y sobre todo los regímenes especiales como las circunscripciones indígenas que serán los responsables de la gestión, control, evaluación y establecimiento de políticas, planes y programas. Es importante la consulta previa con la finalidad de llegar a acuerdos o consensos, agregó.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana subrayó que el proyecto se debe sujetar a lo que determina la Constitución en lo que tiene que ver con la consulta previa, pero nada tiene que ver el consentimiento previo que está al margen de la Carta Política, al tiempo de coincidir con otros asambleístas en que para el envasado del agua de debe dar oportunidad no solo a las empresas públicas sino también a las privadas para que participen en estos procesos.
De su lado, Luis Morales solicitó que en el tema del uso y aprovechamiento del agua se tome en cuenta al sector campesino que ha sido excluido en la normativa y que el Estado debe regular su uso, consumo y aprovechamiento.
La normativa debe garantizar la gestión pública y comunitaria del agua, sobre todo garantizar el derecho de la naturaleza, su distribución, calidad, protección de fuentes naturales, el caudal para el riego comunitario, la construcción de canales de riego, es decir, dotar de recursos económicos, precisó la asambleísta Silvia Salgado al pedir a la Comisión que en el informe para segundo debate de a conocer aspectos sobre el Fondo del Agua y definir los objetivo de este organismo en el uso y gestión y qué va hacer con los sectores que han sido excluidos del acceso al consumo humano del agua en condiciones de calidad.
Entre tanto, el asambleísta Andrés Páez consideró que el proyecto, en su disposición transitoria séptima, es atentatorio a los derechos de la propiedad privada, argumentando que a centenares de centros turísticos se les confiscaría sus tierras, hecho que fue también manifestado por los asambleístas Jimmy Pinargorte y César Montúfar.
De su lado, Virgilio Hernández dijo que es necesario realizar una lectura integral del cuerpo legal para que esté sujeto a los principios constitucionales y tenga coherencia con los mismos. En el proyecto no se ha recogido el mandato del Titulo V de la Constitución respecto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. En cuanto a la utilización de las aguas termales por parte de empresas turísticas, los beneficios deben ser compartidos con las comunidades del sector. Precisó.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero hizo un llamado a los asambleístas a debatir los temas ajustándose a la realidad de cada uno, pues en la socialización de los proyectos ha existido amplia participación de diversos sectores sociales y ciudadanos y se ha trabajado con la gente, hecho que no sucedía en el Congreso Nacional que aprobaba artículo por artículo y mientras el Secretario leía los mismos y entre dormidos y descuidados pasaban barbaridades.
El cuerpo legal tiene muchos méritos, sin embargo, hay elementos que deben ser mejorados como por ejemplo quitar los vicios del centralismo, por tanto, es necesario pensar de manera descentralizada y tener confianza en las juntas parroquiales, municipios, prefecturas y las futuras regiones.
Hay que dejar todo lo positivo de la ley, que es mucho, y quitar todos esos vicios para que realmente la Autoridad Única del Agua, ojalá conformada de la manera democrática y representativa, pueda actuar con contundencia en los verdaderos problemas del país, concluyó.
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