La Secretaría de la Asamblea Nacional receptó, en las últimas horas, dos proyectos de Ley orientados a regular la pesca en Galápagos y a legalizar terrenos en el Cantón Playas, de iniciativa de los legisladores Juan Carlos Cassinelli y Andrés Páez, respectivamente.
Reformas a la Ley Orgánica de Galápagos
Dentro del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, Páez propone que la persona natural o representante legal de la persona jurídica que realice actividades pesqueras no autorizadas en la Reserva Marina de la región Insular, será sancionada con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados del trabajador en general.
Además, se efectuará el comiso especial, de acuerdo con lo que dispone el Art. 65 del Código Penal, del cargamento y la nave de cualquier tipo, siempre que no hayan sido aplicadas estas sanciones en el ámbito administrativo, por las autoridades del Parque Nacional Galápagos u otra autoridad provincial en el área de su competencia.
Igualmente, Páez Benalcázar (ID) se muestra partidario de aplicar reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados a las personas naturales o el representante legal de la persona jurídica que utilice métodos no permitidos por las leyes ecuatorianas, o capture especies en veda o cuya pesca esté expresamente prohibida en la Reserva Marina de Galápagos.
Plantea una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cien salarios básicos unificados y el decomiso del producto para quien destruya o altere las áreas protegidas, abandonen desperdicios o desechos en las bahías, playas o riberas; arrojen al agua desperdicios u objetos que deterioren gravemente el ecosistema o, sin la autorización, extraigan materiales áridos o pétreos de las zonas protegidas. Quien, sin autorización, transporte por cualquier medio materiales geológicos de las islas hacia el continente o el extranjero.
La misma sanción se contempla para aquel que autorice la concesión de cupos de operación turística o de pesca en los períodos de moratoria que se señalen expresamente o en contravención grave de las normas vigentes. Además, será o serán sancionados con la cancelación de su cargo e inhabilitación de por vida de acceder al desempeño de cualquier función pública.
Legalización de terrenos
Considerando que la Constitución, en su artículo 30, consagra a los habitantes el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli (AP) presentó el proyecto de Ley de Legalización de terrenos a favor de los moradores y posesionarios de los predios que se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del cantón Playas.
Cassinelli pide que, con fines de orden social, se declare de utilidad pública y se expropie a la Municipalidad de Playas, con la obligación de que ésta venda y adjudique a los actuales posesionarios, los predios ubicados en el referido cantón, en beneficio de un total de 67 barrios.
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