El Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, insistió en la necesidad de que el Fiscal General del Estado, Washington Pesantez se aleje del proceso investigativo en que esta involucrada su esposa, Aliz Borja, al tiempo de defender el contenido de la resolución adoptada por el Legislativo sobre el particular.Comentó que en el presente caso no se puede ocultar el afecto y la relación de pareja del Fiscal, hecho que pone en duda la imparcialidad de su actuación, por lo que tiene que hacerse a un lado, pero como autoridad debe sancionar a los que por “cepillos” o falsa concepción de cercanía o amistad están dañando la imagen de una entidad que tiene que ser siempre respetada.
Cordero reconoció que el Fiscal le hado plena institucionalidad a la Fiscalía, al dotarle de 40 edificios y crear 2 000 puestos, pero la institucionalidad no solo son las edificaciones, computadoras, personas sino actitudes imparciales para generar confianza en la justicia y los procesos acusatorios, para nunca más tener que crear una Comisión de la Verdad, en el futuro, para saber cuántos abusos se comenten en nombre de la democracia, la Constitución y del bien común.
La resolución se enmarca en una expresión política de la Asamblea, manifestó, al recordar que según la Constitución los funcionarios, entre ellos el Fiscal General, continuarán en funciones hasta ser legalmente sustituidos mediante un concurso de oposición y meritos por parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
El que dice lo que no debe, oye lo que no quiere, subrayó el titular de la Legislatura, al indicar que eso le está pasando al Fiscal, quien debe acostumbrarse a medir sus palabras, en especial cuando se refiera a las decisiones de la Asamblea, puesto que “tenemos libertad absoluta para exhortar a todo el mundo”.
Consideró que está en entredicho la imparcialidad de la Fiscalía y eso es lo peor que le puede pasar a un estado social de derechos y justicia social; es imposible pensar en que exista justicia en el Ecuador si uno de los pilares, que es la Fiscalía, falla en lo más esencial que es la imparcialidad.
Reiteró que el comunicado publicado en El Comercio por parte de un grupo de fiscales provinciales y directores de la institución deja por los suelos la imparcialidad de la Fiscalía, lo que debe ser no solamente enmendado sino sancionado con el debido proceso, por que eso no es una mera equivocación.
Aclaró que no ha llegado a su despacho ningún pedido de enjuiciamiento político al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, pero que esa figura es absolutamente posible y factible de impulsarla sobre la base de las normas constitucionales.
No nos corresponde hacer juicios de valor respecto del accidente, sino ratificar el compromiso con el país de contribuir a tener una justicia proba e imparcial y eso exigimos. A los cinco minutos del pronunciamiento de los fiscales, el doctor Pesantez debería haber actuado para corregir este asunto, en función de fortalecer la democracia, la imparcialidad y la justicia, recalcó.
Respaldo la idea del Fiscal de pedir que un grupo de abogados, con alta capacidad, probidad y solvencia emitan un criterio sobre las implicaciones jurídicas de ese comunicado, tras concluir que los asambleístas vigilarán que el caso se lleve en un ámbito de total transparencia.
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