La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, invitó para el miércoles próximo, a las 16h00 al Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez y al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, con el propósito de analizar los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en La Concordia y las acciones legales que éstos generaron.
Por pedido del asambleísta Gastón Gagliardo, el Defensor del Pueblo presentará un informe en torno al patrocinio de la acción de Hábeas Corpus a las personas que fueron detenidas luego de los incidentes que se registraron el pasado 19 de julio en el cantón La Concordia, con oportunidad del anuncio gubernamental de propiciar una consulta popular para determinar a qué jurisdicción provincial pertenece, a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Tsáchilas.
Gagliardo recordó que por esos incidentes fueron detenidos varios ciudadanos, entre ellos la concejala Rosaura Bastidas, por la destrucción de bienes públicos, toda vez que se apedreo ventanas del edificio municipal.
Añadió que la Policía Nacional y el Agente Fiscal de dicha jurisdicción en ejercicio de sus atribuciones y competencias, procedieron a detener a los presuntos responsables y a emitir la respectiva instrucción Fiscal, respectivamente.
Expresó que le tiene preocupado “la actuación de la Defensoría del Pueblo que, a través del Sr. Omar Mina, delegado en Esmeraldas, presentó conjuntamente con el abogado Estuardo Quiñones, Presidente del Colegio de Abogados de Esmeraldas, una acción de Habeas Corpus ante los jueces de la Corte de Justicia de esa jurisdicción, con la finalidad de obtener la libertad de los detenidos a pesar de haber sido apresados en delito fragante, tener orden constitucional de detención emitida por autoridad competente y haberse iniciado una instrucción fiscal”.
Advirtió que por las razones expuestas no se justifica la conducta asumida por el representante de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas al plantear este Habeas Corpus sin analizar y considerar la situación jurídica de los detenidos y por el contrario transgrede las facultades que le otorga a la Defensoría Pública el artículo 191 de la Constitución.
A su vez, el asambleísta Ramiro Terán, vocal de la comisión, pidió la comparecencia del Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, quien informará sobre la “suspensión de los jueces de la provincia de Esmeraldas que concedieron la acción de Hábeas Corpus a las personas que fueron detenidas luego de los incidentes que son de dominio público y que fueron suscitados el 19 de julio del 2010.
PV
