La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, mantuvo un conversatorio con los funcionarios de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y con representantes de los municipios de Quito, Ambato y Manta, quienes expusieron sus criterios respecto de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, el juzgamiento de las contravenciones e infracciones administrativas, los recursos económicos para la descentralización y la aplicación inmediata de las competencias exclusivas de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
Saruka Rodríguez les explicó que las reformas a la ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deben ajustarse a la normativa constitucional, por ello, es importante conocer las observaciones que tienen respecto de esta temática, toda vez que en el cuerpo legal que preparan deberá definirse claramente la transferencia de competencias, su aplicación, regulación del transporte terrestre, una planificación de rutas y modalidades de transporte, el presupuesto, entre otros aspectos, a la vez que resaltó la importancia de la participación activa de los sectores involucrados, a fin de llegar a consensos, por lo que anunció que promoverá una reunión conjunta con el delegados del Ministerio de Gobierno, la cúpula policial y el presidente de AME.
De su lado, Fernanda Maldonado, directora de Asesoría Jurídica de la AME, señaló que han mantenido un seguimiento exhaustivo del trabajo de esta Comisión, sin embargo creen que no se debe realizar una división entre transporte público y privado, porque cuando se habla del tránsito se lo hace en su integralidad y, en ese sentido, se debe reconocer la competencia municipal.
En lo referente a la institucionalidad, pidieron que se especifique cuál es el ente rector. Conocen que el Ejecutivo propone que sea el Ministerio de Obras Públicas y como ente ejecutor de políticas la Comisión Nacional de Tránsito. En el caso de las municipalidades, aclaró que cada gobierno autónomo descentralizado regional, metropolitano o municipal creará la unidad, ente, dependencia o dirección que considere para la gestión de las competencias de tránsito, en función de su estructura organizacional, por lo que recomendaron que dicha instancia esté en el nivel jerárquico de relación directa con el alcalde, para garantizar su operatividad y agilidad.
Precisó que existe un bajo juzgamiento de las contravenciones de tránsito a nivel del país, según conoce, existen alrededor de un millón, de las cuales 880 mil no han sido juzgadas, por lo que plantearon que se cree una figura jurídica de las infracciones administrativas, que permita que los municipios juzguen determinadas contravenciones, considerándolas como infracciones administrativas.
Al referirse a los recursos, señaló que hay que determinar el financiamiento del costeo de la transferencia de competencias, lo que implica la valoración realizada por la Comisión de Costeo y la transferencia inmediata desde el Presupuesto General del Estado, lo cual implica: recursos humanos, infraestructura, logística, equipos, que el Estado debe entregar de manera obligatoria.
Indicó que la segunda fuente de recursos propios constituye los provenientes de las matrículas, las licencias e infracciones administrativas. En el caso de matriculas y licencias serán emitidas por los gobiernos autónomos en estricto apego a la normativa nacional y cumplimiento con estándares y requisitos únicos. La recaudación que se genere por estos aspectos deberá ser distribuida equitativamente entre todos los municipios, buscando una fórmula que guarde los niveles de solidaridad con los más pequeños.
Finalmente, sugirió que hasta que los 221 municipios asuman la competencia, el actual responsable continuará ejerciendo la competencia. Aquellos concejos que asuman paulatinamente la competencia, deberán trabajar coordinadamente con la Policía Nacional. Para el juzgamiento de contravenciones existirá un régimen de transición que permita la coexistencia legal de ambos regímenes; en los cantones donde se hayan asumido las competencias serán infracciones administrativas. Pidió que se determine un plazo de entre cuatro y ocho años para que asuman definitivamente las competencias.
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