Cerca de 500 personas de diversas cooperativas de taxis del país acudieron al antiguo salón del Senado, en la sede de la Asamblea Nacional, en donde presentaron a la Comisión de Desarrollo Económico sus propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.
El Presidente de Fedetaxis, Fernando Calderón, manifestó que la vigente Ley de Tránsito permite la impunidad para los contraventores de tránsito, puesto que los propietarios de vehículos informales no pueden ser sancionados, debido a que se omitió la tipificación en la normativa. Si bien la ley prevé la sanción para el conductor contraventor pero no para el propietario del vehículo con que se comete la infracción, dando margen a la impunidad en el transporte no regularizado.
En este marco, la propuesta señala que el conductor que preste servicio de transporte de personas o bienes con un vehículo que tenga el mismo color y características de los taxis autorizados y que no cuenten con el permiso para realizar esta actividad, el agente o vigilante de tránsito procederá a la detención del vehículo y el juez dispondrá que el automotor con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá la circulación, hasta que cumpla dicha obligación
Así mismo, plantean la detención para el propietario del vehículo con el que se realice el servicio de transporte irregular. El auto será retenido en los patios de la Jefatura Provincial de Control de Tránsito y Seguridad Vial respectiva hasta su regularización o el pago de la multa correspondiente. Igualmente, la aprehensión para quien conduzca un vehículo de transporte público o comercial sin tener el título o licencia de conductor profesional.
También, sugieren que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), previo a las concesiones y suscripciones de contratos de autorización de uso de frecuencias radioeléctricas con las operadoras de transporte terrestre, exigirá el correspondiente permiso de operación emitido por la autoridad de transporte competente. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL, controlará que estas frecuencias sean utilizadas adecuadamente solo por las operadoras de transporte legalmente constituidas.
El presidente encargado de la Comisión 4, Carlos Zambrano, informó que el organismo está profundizando los debates con los sectores interesados, a fin de estructurar una normativa acorde con la Constitución, las leyes, en beneficio del país y de todos los ecuatorianos, incluidos los transportistas organizados.
Anunció que en los próximos días recibirá en comisión general a las diferentes organizaciones inmersas en esta temática, luego de lo cual prepararán un borrador de las reformas, mismo que será puesto a consideración de los sectores involucrados y que para ello está previsto realizar talleres abiertos en algunas provincias del país, a fin de dar oportunidad a las personas para que conozcan las propuestas y den sus aportes.
De su lado, la asambleísta Betty Carrillo, vocal de la Comisión de Desarrollo Económico, se comprometió a hacer un seguimiento de las frecuencias radioeléctricas y de ser el caso a revertirlas, porque no es posible que durante años la entrega de las mismas se haya convertido en un botín político para beneficio económico de determinadas personas. Los insumos propuestos en esta sesión de trabajo servirán para fortalecer lo que significa la Ley de Comunicación, agregó.
Eso significa que quienes no tengan el permiso de operación no pueden acceder a frecuencias y que quienes han obtenido mediante actos de corrupción deben ser sancionados inclusive con prisión.
Estaremos vigilantes para combatir lo que ha pasado dentro del taxismo nacional como es la corrupción en la Dirección Nacional de Tránsito. Eso debe acabar, dijo porque no es posible que el trabajo de miles de ciudadanos honestos sea acaparado por una mafia que existe en esta dirección, advirtió.
Hizo un llamado al gremio de los taxistas para que cumpla la Constitución en lo relacionado a la labor social, determinado en el artículo 47, numeral tercero, que dice que debe existir rebajas en el sector público y privado de transporte para las personas con discapacidad. Si exigimos derechos también debemos cumplir obligaciones y una de ellas es la prescrita en este artículo, concluyó.
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