Al agradecer la apertura dada por la Asamblea Nacional para escuchar las sugerencias y observaciones de los actores de la educación, los rectores, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad ecuatoriana solicitaron que se respete su autonomía académica, administrativa y financiera, como una condición esencial para la vida universitaria.
Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, pidió depurar el proyecto de ley, a fin de generar una normativa que garantice el buen vivir y la educación de calidad. Hay que fortalecer las instituciones y evitar la injerencia de los gobiernos de turno en sus decisiones, subrayó, al solicitar que se forme una comisión tripartita (asambleístas, Senplades y delegados de las universidades) para ampliar el diálogo y generar consensos para producir un documento acorde a la realidad universitaria.
De su lado, Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, sostuvo que no están en contra de los cambios necesarios para alcanzar una educación que beneficie al país, pero que es importante que la comisión especializada viabilice una participación deliberante tomen en cuenta sus criterios en la elaboración del informe para segundo debate.
Entre tanto, Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, aseveró que la autonomía universitaria es indispensable para tomar sus propias decisiones en beneficio del estudiantado y evitar que los gobiernos de turno ejerzan control sobre los centros de estudios superiores, a la vez que advirtió que el proyecto elaborado por la Senplades otorga muchas potestades al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación, por lo que pidió analizar estos aspectos.
David Almeida, en representación de los estudiantes politécnicos, insistió en la necesidad de garantizar que el sistema educativo goce de autonomía para regular las políticas de la universidad. No defendemos intereses corporativos, sino el debate de la ciencia, la tecnología y la investigación. Si la universidad tiene rentas condicionadas, jamás podrá ser libre y tener una posición crítica de desarrollo, acotó.
A su vez, Marcelo Rivera, dirigente de la FEUE, al señalar que todos anhelan una universidad de calidad, democrática y científica, coincidió en que las universidades deben ser autónomas, sometidas no a los gobiernos de turno, sino a los intereses nacionales. Es necesario garantizar el cogobierno universitario, el derecho a la gratuidad de la educación superior y que el valor del título debe estar garantizado en la ley, subrayó.
En representación de los institutos superiores, Yolanda Albán pidió a los asambleístas que en el cuerpo legal se reconozca los derechos de este sector a participar en el sistema de educción superior, es decir, acorde a la realidad de la educación técnica y tecnológica.
En cambio, Ernesto Álvarez en representación de los docentes, servidores y trabajadores universitarios, explicó que más del 30% de los empleados tienen título del cuarto nivel por lo que pide que se les reconozca sueldos justos y una jubilación digna para profesores y servidores. En este marco, dijo que es necesario recuperar la jubilación patronal y complementaria.
Finalmente, Edgar Samaniego habló de la necesidad de despartidizar a la universidad para que no esté sometida a ninguna corriente ideológica. Recordó que la semana anterior entregó al Presidente de la Asamblea Nacional un pliego de ocho planteamientos en el que consta la autonomía universitaria, rentas equivalentes al 5% del Presupuesto General del Estado para las universidades y escuelas politécnicas públicas y cofinanciadas. Insistió en la necesidad de asegurar el carácter público de la educación superior; que en la conformación del Consejo y en los organismos consultivos del sistema se mantenga una representación mayoritaria de las universidades y escuelas politécnicas públicas, instituciones que alberguen el mayor número de estudiantes; y que los miembros del directorio del CONEA deben ser personas de reconocido prestigio y absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como del Sistema de Educación Superior.
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