Organizaciones de movimientos femeninos, mujeres políticas y de la sociedad civil, reunidas en las instalaciones de la Asamblea Nacional, rechazaron las expresiones del Jefe de Estado en el enlace sabatino del 31 de diciembre de 2011, donde habría emitido criterios que atentan contra la dignidad de las mujeres y denigran su lucha histórica que han llevado en todo el país, en América Latina y el mundo.
En rueda de prensa, los legisladores Enrique Herrería, Fausto Cobo, Leonardo Viteri y Grace Almeida rechazaron la presencia del presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a nuestro país.Enrique Herrería, representante por la provincia de Guayas, subrayó que los derechos humanos, que constan en la Carta de Naciones Unidas, no son reconocidos en Corea del Norte, Irán y Siria. “Es más, en Irán no se respetan los derechos de mujeres, niños y adolescentes; los hombres no tienen derecho a la discrepancia, nadie puede disentir del discurso oficial y no existe pluralidad de pensamiento”.
Representantes del Colectivo de Organizaciones por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; y, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) fueron recibidos en la Comisión de Justicia, donde expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto de Código Integral Penal.Las agrupaciones coincidieron en objetar la incorporación de la imputabilidad de adolescentes dentro del nuevo Código Penal, tomando en cuenta que la Constitución determina que los menores en conflicto con la ley tiene un trato preferencial a través de una justicia especializada y que el tema consta en el Código de la Niñez y los instrumentos internacionales.
Alexandra Manchón, de la Defensoría del Pueblo, destacó que 32 organizaciones se mantienen de manera permanente en el referido Colectivo, bajo el principio de inclusión progresiva, tras manifestar que el pronunciamiento sobre los adolescentes en conflicto con la ley ha convocado al análisis y reflexión de más de 47 organizaciones de carácter local, nacional, regional e inclusive internacional.
Por su parte, Fernando López, del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, explicó que el 94.47% de los ciudadanos privados de la libertad en el país son mayores de 18 años, lo que demuestra que el nivel de participación de los adolescentes en el conjunto de la problemática del delito y la inseguridad en el Ecuador es mínima.
Si los números son claros, por qué estamos pretendiendo endurecer la intervención del Estado y pasar la responsabilidad y cuenta sobre una problemática que tiene fundamentos estructurales a una población que, según la Constitución, requiere una atención prioritaria, mediante una justicia especializada, preguntó.
Reiteró que es inaceptable proponer respuestas más rigurosas y severas, cuando resulta que en la actualidad la mayor parte de chicos que han sido sentenciados por alguna infracción penal y privados de la libertad, evidencia que la sociedad y Estado va en contra de los principios de la normativa interna e internacional, pues la privación de la libertad debe ser considerada como medida de última instancia.
Así, los sometemos a una experiencia cotidiana de violencia, sin posibilidad alguna de rehabilitación para la reinserción a la sociedad, agregó.
Entre tanto, Jaime Coello, del Frente Nacional de Activistas Juveniles por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, invocó a mantener la normativa de adolescentes en conflicto con la ley penal en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA); mejorar los estándares existentes; impulsar políticas públicas integrales de acuerdo con estándares internaciones; aplicación de la privación de la libertad como última medida.
También, se mostró partidario de la presencia de autoridades y operadores de justicia altamente especializados; desarrollar un sistema de inclusión y seguimiento posmedida; y, respetar los principios de no regresividad e interés superior.
MG/pv
Con la presencia del contralor General del Estado, Carlos Pólit, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado intensificó el estudio de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, de iniciativas del Presidente de la República y del legislador Vethowen Chica.El doctor Pólit sostuvo que la segunda propuesta no tiene sentido, más aún cuando en nada aporta, innova, complementa o aclara el funcionamiento de la norma vigente, por lo que sugirió el archivo de la misma.
En la Comisión de Gobiernos Autónomos se realizó una reunión de trabajo con representantes de los gobiernos municipales de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas; asesores legales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los asesores de los asambleístas de la mesa para trabajar una solución a los problemas de los asentamientos urbanos consolidados no regularizados que existen a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), existe una alta importancia de la agenda legislativa en los medios de comunicación.
La Comisión de Seguridad, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, inició el trámite del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, de iniciativa del Presidente de la República; y, el de Creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de autoría de la segunda Vicepresidenta de la Asamblea, Rocío Valarezo.
La propuesta del Ejecutivo se orienta a la transformación de la Policía Nacional, que asuma las responsabilidades que por disposición constitucional le corresponde en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, pues como institución profesional puede responder a las necesidades técnicas, logísticas, y operativas en la forma dispuesta en la Carta Magna.
Establece la creación de una carrera profesional, organizada sobre la base de los perfiles correspondientes a cada agrupación policial y que tengan reconocimiento económico.
También, la propuesta gubernamental promueve crear el servicio civil de investigación como apoyo a la investigación de la infracción en procesos judiciales para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, así como el servicio de protección pública con la finalidad de responder a la seguridad de las personas protegidas que en razón de sus funciones requieran de ésta.
Entre tanto, el proyecto de la legisladora Rocío Valarezo Ordóñez, de la provincia de El Oro, determina la creación del Sistema de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de consolidar el esfuerzo nacional optimizando las acciones del Estado e integrando la participación ciudadana de manera planificada y coordinada.
Este Sistema estará compuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana; Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana; Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana; y, el Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana.
La segunda autoridad del Legislativo consideró clave que las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y otras instituciones, a las que debe sumarse el esfuerzo privado y especialmente la participación ciudadana, desplieguen acciones de autoprotección, dentro de un sistema organizado y debidamente articulado para enfrentar los efectos y combatir las causas y orígenes de la descomposición social.
MG/pv
El asambleísta Vethowen Chica Arévalo (AP), vocal de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, informó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió del Ministerio de Defensa la lista de 1 400 ciudadanos que serán acreditados y se beneficiarán de la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales, aprobada por la Asamblea Nacional.
Chica, representante por la provincia de Morona Santiago, destacó que el cuerpo legal, que fuera tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales, establece sueldos y salarios, programas de vivienda, salud y educación, entre otros beneficios.
Néstor Segovia, uno de los héroes que constan en la respectiva lista oficial, expresó la alta sensibilidad y solidaridad de la Asamblea para reconocer derechos de un importante grupo de ecuatorianos patriotas.
Marcela Miranda, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció que coordinará con el Ministerio de Defensa la organización de un evento público con los excombatientes, para este 27 de febrero, que se celebrará el Día del Ejército Ecuatoriano, con el propósito de que la población se entere, a cabalidad, del contenido, los alcances y beneficios de la citada ley.
Por último, comentó que trabajará intensamente en la difusión de la normativa.
MG/eg
La Concordia no tiene conflictos territoriales ni de pertenencia, por tanto la consulta jamás debió ser convocada pues es inconstitucional e ilegal, dijo categóricamente, el legislador Línder Altafuya (MPD), tras anunciar que la comunidad de Esmeraldas defenderá su heredad territorial.
Con esta oportunidad, alertó que existe una marcada diferencia entre la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al número de votantes en el cantón La Concordia.
Comentó que según el INEC el número de electores no superarían las 23 000, sin embargo, el CNE ha establecido que el padrón está conformado por 29 198 electores, lo que hace presumir que habría un padrón electoral inflado que no garantizaría la realización de un proceso electoral transparente.
Bajo estos antecedentes, Altafuya Loor solicitó al titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, una explicación urgente al respecto, además que se reciba en audiencia al Comité Cívico de Esmeraldas, para aclarar estos hechos.
Puntualizó que al organismo le corresponde garantizar un proceso transparente y demostrarle al país su independencia frente al Presidente de la República.
Advirtió que la población esmeraldeña adoptará todas las acciones legales que contempla el Código de la Democracia, a fin de que en este proceso no se susciten irregularidades y que demandarán la implementación de auditorías al sistema informático que se utilizará para esta consulta.
Finalmente, Línder Altafuya indicó que el Comité Cívico decidió efectuar una consulta popular a nivel de toda la provincia, en la cual se preguntará a la gente esmeraldeña si está de acuerdo con que el cantón La Concordia pase a la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas o permanezca como parte de Esmeraldas.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, analizó el informe borrador, para primer debate, del proyecto de reformas al Código Civil, para lo cual recibió aportes del doctor Luis Parraguez Ruiz, catedrático de la Universidad San Francisco.
