La ruta a seguir esta claramente definida en la ley y la Constitución, dijo el asambleísta Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, al indicar los términos en que desarrollará la gestión durante los próximos dos años.
Comentó que, de manera general, la Asamblea es un juez de cuentas, por tanto, investiga y establece responsabilidades políticas de los funcionarios de los diversos poderes del Estado, al reiterar que la comisión actuará con mucha transparencia y seriedad.
Nunca más permitiremos que se intente convertir a la fiscalización en el circo del pasado, dijo, tras recordar que, por ejemplo, cuando un político quería ser candidato a presidente o a la reelección como diputado del Congreso, había que fiscalizar y más allá que sea culpable o inocente, se montaba el show, lo que quiso repetir la oposición en el período que concluyó.
Esos congresos que tuvieron tales características (cenicerazo, venta de conciencias, del hombre del maletín, reparto de la troncha) terminaron con el 3 y 5% de credibilidad, mientras la Asamblea alcanzó el 62% de confianza popular.
Señaló que leyes como la de Comunicación, Culturas, Aguas, el Código Integral Penal, entre otras, lamentablemente, no se las pudo poner en vigencia, por la tozudez de una oposición que a todo decía no, que por hacerle daño al presidente de la República, Rafael Correa, terminaba haciéndole daño al país.
Reconoció que existe cambio en la visión de la actual oposición, pues CREO y Sociedad Patriótica apoyaron la elección del secretario y prosecretario de la institución, así como participaron en la designación de las autoridades de la Comisión de Fiscalización, haciendo ejercicio práctico de inaugurar la verdadera oposición, que aporte a la construcción de la patria, dejando atrás el obstruccionismo.
Consideró que se debería darle seguimiento al caso Duzac, más allá que el tema por ser penal está en conocimiento de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Incluso, hay que ver como camina el punto de participación ciudadana y el control social, el ámbito electoral, agregó.
Por último, Gabriel Rivera López, representante de la provincia de Esmeraldas, puntualizó que la fiscalización no puede ser solamente cortarle la cabeza a alguien, mediante un juicio político, sino puede ser preventiva, concomitante y concurrente.
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El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga, indicó que una de las prioridades que tiene este organismo, en materia legislativa, es tramitar el Código Orgánico Ambiental y, para ello, mantendrá una reunión informativa con el Ejecutivo para conocer cómo avanza esta propuesta y, de inmediato, tramitarla con los aportes de los asambleístas.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, al destacar que lo proyecto de reforma a la Ley de Minería contiene aspectos positivos en el ámbito tributario, expresó que el documento será analizado en detalle.
Por unanimidad de los asambleístas presentes (9), Juan Carlos Cassinelli fue electo presidente y Lídice Larrea vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, para el período de dos años.
La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Ximena Ponce, anticipó que uno de los temas de análisis de este organismo, sería los proyectos de Ley de iniciativa del Ejecutivo para la creación de cuatro universidades, que contribuirá al desarrollo de lo que constituye el eje del conocimiento.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, dirigida por los asambleístas Miguel Carvajal y Mauricio Proaño, presidente y vicepresidente, respectivamente, conformó cinco subcomisiones con la finalidad de estudiar y revisar el estado en que se encuentran los proyectos de Ley de Recursos Hídricos, de Tierras, de Agrobiodiversidad, de Pesca; y, las reformas al Banco de Fomento.
El asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de El Oro, sostuvo que en este nuevo período legislativo de la nueva Asamblea Nacional se debería priorizar temas que tienen que ver con beneficios para el sector productivo.
El asambleísta Raúl Patiño Aroca, luego de ser nombrado presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, recordó que la participación es un medio que contribuye al fortalecimiento de la democracia, por lo que ésta debe ser protagónica, con capacidad de incidir en la toma de decisiones, además de permanente.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con 10 votos, eligió a los asambleístas Mauro Andino Reinoso y Gina Godoy Andrade, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, para el período 2013 – 2015.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 113 votos afirmativos y 11 abstenciones, la integración de las 12 Comisiones Legislativas Permanentes y la de Fiscalización y Control Político.
