Los asambleístas Francisco Ulloa y Marco Murillo, integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) consideran que el proyecto e Ley de Redistribución del Gasto Social, debió ser enviado por la vía regular, a fin de tener el tiempo suficiente para analizarlo.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, informó que en el informe borrador del caso Cofiec-Duzac, entre las conclusiones, se establece que desde el momento que se dio el desembolso no existieron las garantías; se omitió un informe que daba cuenta de los riesgos que tenía el crédito, pese a lo cual fue aprobado en instancias tanto del Comité de Crédito como del Directorio; las garantías ofrecidas fueron de entidades incautadas y que estaban bajo administración del fidecomiso.
El mejoramiento de las infraestructuras como factor prioritario para conseguir el progreso y la inclusión social, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la cohesión territorial y de la integración regional, el desarrollo del tejido empresarial y la competitividad e internacionalización de las empresas, fue una de las conclusiones de la Mesa de Trabajo No 2 del VIII Foro Parlamentario Iberoamericano, en la que participó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
La asambleísta por Manabí, María Soledad Vela Cheroni, presentó en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, PARLATINO, un informe en relación al laudo dictado por Centro Internacional de Arbitraje Relativo a Inversiones (CIADI) sobre el diferendo entre la empresa Occidental Exploration and Production Company y la República del Ecuador.
El primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, recibió a una nutrida delegación del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad quienes exhortaron que la Comisión de la Justicia priorice el tratamiento del proyecto de Ley de reparación de víctimas por graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre octubre de 1983 y diciembre de 2008, tomando en cuenta el informe presentado por la Comisión de la Verdad.
En la Cumbre Internacional del Medio Ambiente para Niños, Niñas y Jóvenes (CIMA Kids), que se desarrolló en el salón del ex Senado, 100 representantes de 50 países del mundo, entre 14 y 18 años de edad, se reunieron con el objetivo de presentar los mejores modelos de desarrollo para ser adoptados como mecanismos internacionales para combatir el cambio climático y la conservación de nuestro planeta. El debate se concentró en la iniciativa Yasuní ITT.
La Asamblea Nacional, a través del primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Juan Carlos Cassinelli, exaltó la valía y el trabajo de Isabel Noboa Pontón y se adhirió al homenaje que le rinde la sociedad distinguiéndola como una ciudadana ejemplar, cuyo testimonio de esfuerzo, perseverancia y amplia visión social, compromete el respeto y consideración de sus conciudadanos.
En rueda de prensa la asambleísta Lourdes Tibán manifestó su indignación por la muerte de la indígena Maritza Yesenia Andrango Chisaguano, quien “al dar a luz, no le sacaron la placenta, le realizan dos legrados y posteriormente le diagnostican que le han perforado el útero, hechos registrados en varias casas de Salud de la provincia de Cotopaxi”.
La legisladora Gioconda Saltos, vicepresidenta de la Comisión de Educación, resaltó la resolución 641 del Ministerio de Relaciones Laborales, de 10 de octubre pasado, mediante la cual los directores y rectores de los establecimientos incrementan su remuneración mensual unificada desde el presente mes.
Con seis votos, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, que tiene por objetivo la prevención, defensa, protección y promoción de los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras, y precautelar que las relaciones de éstas con las y los proveedores sean en respeto a la seguridad jurídica y de los derechos y garantías establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.
