La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, tramitó los pedidos de aprobación del Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la Democracia en el Mercosur, así como el Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre Ecuador y Perú.
Tomando en cuenta los dictámenes favorables emitidos por la Corte Constitucional, el organismo legislativo aprobó los correspondientes informes, a través de los cuales recomienda al Pleno de la Asamblea la aprobación de los mismos, considerando que guardan armonía con la Constitución y benefician a los intereses del país.
Protocolo de Montevideo (USHUAIA II)
El Protocolo contiene importantes lineamientos que procuran garantizar la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, los cuales sin duda, son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre los Estados parte.
Dentro de las conclusiones, la Comisión de Relaciones Internacionales determinó que las experiencias vividas en los países de la región e incluso en nuestro país obligan a considerar que es trascendental la aprobación del tratado, ya que los Estados no deben permitir ser víctimas de procesos desestabilizadores, de ruptura y caos; y, que este tipo de rupturas pueden ser fatales para los Estados democráticos y para la supervivencia de las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
Seguridad social a favor de población migrante
El objetivo fundamental es proteger la conservación de los derechos de seguridad social, adquiridos o en vías de adquisición, con lo cual los ciudadanos de los países miembros estarían protegidos permanentemente.
La exportación de las pensiones de invalidez y vejez, garantiza el ejercicio pleno del derecho constitucional a la seguridad social, porque se establecen mecanismos para que los beneficiarios sigan recibiendo sus pensiones a pesar de no encontrarse residiendo en su país de origen.
MG/pv
En la Comisión de Justicia, Rodrigo Vélez Valarezo, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), informó los alcances, contenido y fundamentos de la resolución que norma el uso y consumo de determinadas cantidades de ciertos estupefacientes.
Expresó que en reunión del consejo ejecutivo se aprobó un informe técnico científico presentado por el Ministerio de Salud, donde se incluye una investigación toxicológica, psicológica, biológica del fenómeno del consumo de drogas, que arroja una tabla con cantidades máximas admisibles, que no tienen el carácter de obligatorio y vinculante para el sector judicial.
Es una herramienta, continuó, de apoyo en el sentido que tratemos de eliminar la discrecionalidad que el sistema judicial ha tenido para determinar cuándo un ciudadano es consumidor o es un traficante. Tenemos ciudadanos que se encuentran privados de su libertad por porte de dos, cuatro o seis gramos, que guardan prisión seis, ocho y hasta 12 años, lo que era un vacío jurídico que había que llenarlo, en apoyo al sistema judicial.
En ese sentido, la tabla aprobada obedece inclusive a un análisis comparativo que se ha hecho de varias naciones del mundo, entre ellas Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, Holanda y Portugal, señaló, al informar que se pondrá en marcha una campaña integral sobre la prevención.
El funcionario mencionó que el siguiente paso será definir la cadena de valor, esto es, la entidad o personas que tendrán el licenciamiento para poder sembrar, cultivar o distribuir.
Inquietudes
La asambleísta Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, recordó que la población apoyó, en las urnas, el reconocimiento del tema de adicciones como un problema de salud, al sugerir que se clarifiquen los mecanismos, herramientas y condiciones que se utilizarán para identificar y calificar a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
A su vez, Magaly Orellana (PK) comentó que es fundamental especificar la situación de responsabilidad penal de las bandas del microtráfico.
De su lado, Mariangel Muñoz (AP) sugirió que se presenten datos y cuadros estadísticos referidos a la población afectada por el consumo de drogas.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Esta vez recibió al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien presentó sus propuestas sobre las sanciones a las infracciones y contravenciones de tránsito, considerando que los accidentes de tránsito son la causa principal de muertes violentas y las víctimas frecuentes son el peatón y el ciclista.
El presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Minería, a la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto a los documentos notarizados que deben presentar los titulares de los derechos mineros y sobre el plazo para la regularización de quienes se dedican a la minería artesanal.
El convenio de cooperación entre Ecuador y Cuba sobre asistencia jurídica en materia penal cuenta con el respaldo del ministro de Relaciones Exteriores (encargado), Galo Galarza y de la Fiscal subrogante, Cecilia Armas, según sus exposiciones realizadas en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.
El canciller encargado recordó que cuando un testigo se encuentra en el extranjero se debe proceder de conformidad con los convenios. Por tanto, en este caso, existe un informe de la Dirección de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y el informe vinculante de la Corte Constitucional.
Entre tanto, Cecilia Armas manifestó que la Fiscalía no tiene ninguna objeción sobre la ayuda mutua internacional, considerando que es necesaria esta cooperación para el cumplimiento de las diligencias, a fin de alcanzar la prueba material de la infracción, indispensable en un determinado proceso penal.
Asimismo, indicó que se ha logrado la cooperación con Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Colombia, Italia y otros países.
Al respecto, la asambleísta María Augusta Calle, presidenta encargada de la comisión, resaltó que este tipo de convenios son similares a los que Ecuador tiene con otros países, pues se trata de procedimientos en el marco de la asistencia jurídica.
Es de vital importancia para investigación
Entre tanto, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Dr. José Alomía Rodríguez, dijo que el convenio es de vital importante para la investigación penal procesal y preprocesal, más aún cuando conlleva derechos y garantías de personas.
Recomendó que este tipo de instrumentos se establezcan, de ser posible, con todas las naciones del mundo, tomando en cuenta el desarrollo significativo de la tecnología y como una herramienta idónea para enfrentar el alarmante incremento de la delincuencia organizada.
Explicó que el debido proceso es una garantía fundamental prevista en la Constitución ecuatoriana y en todas las constituciones del planeta, que requiere agilidad y que las pruebas sean evacuadas de conformidad con las normas constitucionales.
AM-MG/pv
En la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce (AP), la especialista Mónica Bruckmann disertó sobre el tema Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio Ambiente en América del Sur: Una Visión Estratégica.
En esta oportunidad, habló de la necesidad que América Latina, América del Sur y nuestros países y gobiernos definan una visión estratégica para avanzar hacia la elaboración de una estrategia común de gestión de los recursos naturales, que sirva para un aprovechamiento en función del desarrollo integral, económico y social de los pueblos.
Esta acción debe tener como eje central al ser humano como objetivo de cualquier y toda política pública, subrayó, al destacar que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) está promoviendo la construcción de una estrategia continental de gestión de los recursos naturales.
Anticipó que este mecanismo se basa en cuatro ejes: la gestión económica de los recursos naturales; la matriz de gestión estratégica relacionada a la preservación del medio ambiente; desarrollo científico tecnológico; y, la gestión social de los recursos naturales.
Para ello, se busca crear políticas regionales de industrialización para atender el mercado externo y el creciente mercado interno, orientado a elevar las condiciones de vida de las poblaciones y habitantes; disminuir al menor nivel posible el impacto ambiental de la actividad extractiva y la actividad de transformación, mediante el establecimiento de una agenda común por la preservación del planeta y de la madre tierra; profundizar los sistemas democráticos hacia la participación activa de la ciudadana en la temática
Reconoció que Bolivia, Venezuela y Ecuador han avanzado mucho en producir normativas al respecto, más aún cuando nuestro país, a nivel continental, ha puesto en marcha la consulta a las poblaciones locales en relación a la gestión de los recursos naturales estratégicos.
Norma Bruckmann consideró que la Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas a nivel planetario, pues determinó a la naturaleza como sujeto de derechos. La tierra para muchos de nuestros pueblos originarios no solamente es un medio de producción y no tiene una dimensión simplemente económica, es el espacio donde la vida se crea y recrea, donde los hijos pueden ser felices y la felicidad constituye un derecho humano fundamental, agregó.
MG/pv
Por iniciativa de la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Ximena Ponce, se realizará, este martes, a partir de las 11:30, la exposición “El desarrollo Científico – Tecnológico como Elemento Fundamental de Soberanía”, a cargo de la doctora Mónica Bruckmann, experta en gestión de recursos naturales.
También se dará paso al subtema “Análisis Científico Tecnológico de los Recursos Naturales en Ecuador y Sudamérica: Agua, Biodiversidad y Economía del Conocimiento”. El encuentro se cumplirá en las oficinas del organismo (tercer piso, de la Sede Legislativa).
Mónica Bruckmann es doctora en Ciencia Política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil), profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora de la Cátedra y Red de la Unesco y de la Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, Reggen y asesora de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Es miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial - Redem, con sede en la Benemérita Universidad de Puebla (México) y del Grupo de Trabajo sobre Integración Regional del Consejo Latino-Americano de Ciencias Sociales – Clacso.
Su libro “Mi Sangre en mis Ideas: Dialéctica y Prensa Revolucionaria en José Carlos Mariátegui”, publicado en español por la editorial El Perro y la Rana (Caracas), está siendo traducido al mandarín para su publicación por la Editorial de la Academia China de Ciencias Sociales. Su último libro, “Recursos Naturales y la Geopolítica de la Integración Sudamericana” fue publicado en español, en Perú, Ecuador y Venezuela y será publicado, próximamente, en Argentina y Cuba, además de la edición brasileña en portugués.
Sus trabajos fueron traducidos a 16 idiomas: portugués, inglés, francés, alemán, italiano, árabe, coreano, búlgaro, ruso, esperanto, japonés, noruego, polaco, servo-croata, chino y criollo.
Fue directora del Instituto de Investigación Social Perúmundo (Lima) y directora Ejecutiva, da la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, Reggen y editora de la revista Comunicação & Política.
MG/eg
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, reiniciará este miércoles el tramité y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código Penal (COIP). El trabajo comenzará con el Libro Primero - Infracción Penal, que contiene cuatro títulos: normas rectoras, la infracción penal en general, penas y medidas de seguridad e infracciones en particular.
Este Código tiene como finalidad, normar el poder punitivo del Estado; mantener el orden y convivencia social; tipificar las infracciones penales; juzgar a las personas con estricta observancia del debido proceso; promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.
Aplicación
Las normas de este proyecto se aplicarán a todas las personas nacionales o extranjeras que hubieren cometido infracciones penales, salvo las excepciones consagradas por el derecho internacional.
Según el informe borrador, las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y los delitos contra el ambiente y la naturaleza serán imprescriptibles tanto en la acción como en la pena.
Clasificación de las infracciones
Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días. Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.
Trastorno mental
La persona que al momento de cometer la infracción no tenga la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará obligatoriamente una medida de seguridad.
Menores de 18 años
Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con la propuesta.
MG/pv