El presidente de la Legislatura Fernando Cordero Cueva entregó al estudiante Jean Carlos Morales Valladares, el Acuerdo Legislativo por el cual se exalta su valía y trabajo que se concretó en la aplicación de un sofware para Iphomne Vibrato, que posibilita mejores condiciones de comunicación para las personas con deficiencia auditiva.
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad Vélez (AP), anunció que la próxima semana se aprobaría el informe para primer debate del proyecto de Ley de Defensa Profesional del Artista.
Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional indultó a Rosa María Ruiz de la Cruz, oriunda de Otavalo, por razones humanitarias, quien se encuentra en estado crítico de salud, debido a sus enfermedades. La asambleísta Marisol Peñafiel, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, señaló que la aspiración del derecho al buen morir de esta ciudadana se debe hacer efectivo y para ello se realizaron todos los procedimientos establecidos en la Constitución para conceder un indulto.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, a través de su presidenta, Irina Cabezas, aclaró que la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se desarrolla en base a los cinco temas sustantivos aprobados por el organismo legislativo y calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que se refieren a las tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados; gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración; derecho propio o consuetudinario; y, participación y representación en los organismos oficiales.
Por unanimidad de los asambleístas presentes (89), el Pleno de la Asamblea designó con el nombre de “Archivo Biblioteca Juan León Mera Martínez, al Archivo Biblioteca de la Función Legislativa. Al aprobar la resolución se destacó la trayectoria de tan distinguido escritor y político ecuatoriano, que trasciende como referente inmanente del acervo cultural e histórico de la patria.
En el inicio del segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado, el ponente y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reino, destacó que el principal objetivo es constitucionalizar dicho cuerpo normativo, a fin de eliminar las preasignaciones presupuestarias prohibidas por la Constitución de la República.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, recibió a los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Carlos Ramírez y Gustavo Jalhk, respectivamente, así como al fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, con quienes analizó diversos mecanismos para avanzar en la modernización de la administración de justicia.
Dentro de las conclusiones del informe borrador del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prepara la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se destaca que el Libro Primero desarrolla una legislación mucho más depurada para tipificar y sancionar nuevas conductas delictivas que lesionan derechos de la ciudadanía.
En este contexto, se han incorporado tipificaciones modernas como el femicidio, delincuencia organizada, trata de personas, el robo y comercialización ilegal de celulares, tipos penales encaminados a prevenir el cometimiento de otros delitos en escenarios públicos, entre otros.
También, como un paso importante en el ámbito de la política criminal ecuatoriana, se establecen sanciones para las personas jurídicas, que en ocasiones han sido utilizadas como instrumento para cometer delitos, con el propósito de eludir la responsabilidad de los administradores, titulares o de quienes las representan.
Las normas rectoras del Libro Preliminar son un eje transversal que facilita la tarea de jueces y tribunales de garantías penales y los jueces de garantías penitenciarias, así como de todos los operadores de justicia.
Derechos de víctimas de violación
Atendiendo las observaciones de varios sectores sociales y sin desconocer los derechos de las víctimas de violación, se ha mantenido la propuesta de primer debate sobre el aborto no punible, con una limitación adicional que tiene que ver con que la interrupción del embarazo sea únicamente hasta la décimo segunda semana de gestación.
Ejecución de Penas
En cumplimiento del principio constitucional de proporcionalidad de las penas, se ha implementado una propuesta técnica en base a las sugerencias de las instituciones que conforman el sector justicia. El Libro de Ejecución de Penas adecua su normativa a los principios constitucionales y normas vigentes en instrumentos internacionales de la materia.
En el Libro Segundo se fortalece el procedimiento penal acusatorio oral y de transparencia, con fundamento en el respeto a los principios de igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y acceso a la justicia. Contiene una normativa específica para dar cumplimiento a la obligación constitucional de tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
Justicia especializada
A través de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se cumple con el postulado constitucional, esto es, la implementación de la justicia especializada en materia de responsabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal que garantice la aplicación del debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales y específicos.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prevé reinstalar mañana la sesión No. 30, a fin de continuar la discusión y posterior aprobación del informe borrador del COIP.
MG/pv
Dos posiciones marcaron el debate de reformas al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, referente a los contratos de promesa de compraventa. Por un lado, algunos legisladores creen en la celebración de un contrato de promesa que garantice el contrato principal a futuro; mientras que otros legisladores creen que si bien existen falencias en la práctica profesional sobre esta temática se debería realizar una reforma integral al Código Civil para lograr una mejor legislación y no destruir esta institución que es una posibilidad de compra entre las partes, como es la promesa.