En el transcurso de las dos últimas semanas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, discutió 77 artículos del Libro Preliminar y la Parte General del proyecto de Código Integral Penal, cuyo informe borrador, para segundo debate, está en proceso de construcción.
El organismo analizó, entre otros puntos, la infracción penal; clasificación de las infracciones; concurso de infracciones; causas de exclusión de la conducta; tipicidad; dolo; culpa; omisión dolosa; antijuridicidad; estado de necesidad; legítima defensa; culpabilidad; trastorno mental; exención de responsabilidad en delitos contra el derecho a la propiedad; tentativa; desistimiento y arrepentimiento; mecanismo de aplicación de atenuantes y agravantes; circunstancias atenuantes de la infracción; concurrencia de la responsabilidad penal; individualización de la pena; penas privativas de libertad.
Menores infractores
Sin mayores observaciones, los comisionados ratificaron el texto respecto a que las personas menores de 18 años no serán imputables penalmente con arreglo a este Código. Estarán sometidas al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Tomando en cuenta el criterio de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias, se estableció que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extinguirá, ni modificará si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad, o porque dichas personas hubieren fallecido o eludido la acción de la justicia; ni porque se hubiere extinguido la responsabilidad penal de las personas naturales, ni porque se hubiere dictado sobreseimiento provisional o definitivo de las personas naturales o del proceso.
Tampoco se extinguirá la responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas se hubieran fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la ley.
Circunstancias agravantes
Para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva y las infracciones contra la integridad y libertad personal, son circunstancias agravantes específicas las siguientes: Si la víctima es una persona mayor de 65 o menor de 18 años de edad, o con discapacidad; encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos y privados, tales como los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de privación de libertad o en recintos policiales, militares u otros similares.
También, haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal; si la víctima estuviere o resultare embarazada, en puerperio o si abortare como consecuencia de la comisión de la infracción; compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima; aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono; si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura, o con fines de intimidación, explotación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo.
Tener el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad sobre la víctima tal como ser funcionario público, docente o ministros de algún culto, que abuse de su posición para cometerlo, por funcionarios de la salud o personas responsables en la atención del cuidado del paciente; o cualquier otra clase de profesional, persona que hubiera abusado de su función o cargo para cometer la infracción; haber utilizado para cometer la infracción alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima; conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción.
MG/pv
Danilo Astori, presidente de la Asamblea General y del Senado de la República de Uruguay y presidente del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria (UIP), anunció el respaldo de su país a la candidatura del arquitecto Fernando Cordero Cueva a la Presidencia del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), dignidad que se elegirá en octubre próximo, en el marco de la 127 Asamblea General de la UIP que se desarrollará en Québec, Canadá.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, tiene previsto recibir al abogado Pedro Solines Chacón, Superintendente de Bancos y Seguros del Ecuador para que explique las acciones de control emprendidas en el marco de sus competencias, respecto de las operaciones de crédito que hubiesen sido otorgadas al señor Gastón Duzac o a empresas relacionadas con él, o a empresas que hubieren sido sus garantes, ante el Banco COFIEC.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió y dialogó con cerca de 100 maestros jubilados del Magisterio Nacional.
Con esta oportunidad, el arquitecto Cordero anunció que en los próximos días convocará a una amplia reunión de trabajo con las autoridades de los Ministerios de Educación y de Finanzas, los representantes de los jubilados y los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea, a fin de encontrar una salida al conflicto.
Consideró que es injusto el trato dado a cierto grupo de profesores jubilados, por lo que, es fundamental alcanzar una solución inteligente. Creo que la alternativa no está en poner en el orden del día del Pleno el trámite de los proyectos que se han presentado sobre la temática, sino consensuar una propuesta que sea viable, evitando crear falsas expectativas y convertir al maestro en víctima de engaño.
Para tal efecto, se requiere trabajar con quienes manejan la economía del país, mirando la verdadera dimensión del asunto, insistió, al enfatizar que la reunión es propicia para analizar la situación de la generalidad de los funcionarios públicos. Aquí, se trata de ver cómo compensar una cosa que resulta injusta, dijo.
Larga y permanente lucha
Luis Mora Tello, presidente Nacional de jubilados del Magisterio 2008 – 2009 - 2010, destacó que los organismos de justicia han emitido sentencias favorables a la lucha de los maestros jubilados, que ya llevan dos años cinco meses, para que se proceda a liquidar la diferencia respecto al monto de jubilación que recibieron.
Representó a 7 748 maestras y maestros jubilados a nivel nacional, de los cuales 262 han fallecido y una gran cantidad sufren enfermedades terminales y se encuentran en sillas de ruedas, señaló, tras resaltar que la Constitución reconoce un trato prioritario a las personas adultas mayores.
Finalmente, mencionó que la disposición transitoria vigésimo primera de la Carta Política determina que el Estado estimulará la jubilación de los docentes, fijando cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por año de servicio, con un monto máximo de 150 salarios básicos.
MG/pv
Este miércoles, a las 18h00, se presentará en la Municipalidad de Cuenca el Libro sobre el Sexto y Séptimo Simposio Nacional de Desarrollo Urbano, acto en el que estará presente el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva.
La asambleísta Silvia Salgado Andrade, presidenta de la Comisión de Fiscalización, anunció que, mañana, se establecerá un cronograma de comparecencias de funcionarios inmersos en el caso Cofiec, al organismo.
Destacó que es trascendental la presencia del Superintendente de Bancos, Pedro Solines, prevista para el próximo lunes, 1 de octubre, la cual aportaría al esclarecimiento de varios puntos que están sin respuesta.
Aspiramos que la respuesta que nos dé el funcionario, ya sea de manera escrita o de forma directa en la Comisión, permitirá conocer cuáles son las acciones de control que ha implementado en torno a este asunto, sostuvo.
Comentó que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero permite y determina la obligación de realizar auditorías a las entidades bancarias por parte de la Superintendencia, por tanto, aspiramos saber en qué condiciones están dichas auditorías y sus resultados. Inclusive, esto podría superar la información respecto al caso concreto Duzac, pues nos daría cuenta del estado financiero de la Cofiec.
Si este organismo está en riesgo podría darse una intervención por parte de la Superintendencia de Bancos hacia Cofiec, por tanto, urge verificar cuál es el carácter de la entidad. Bajo estos parámetros, pensamos que el proceso de control político debe continuar, agregó.
Manifestó que se buscó otras propuestas y alternativas en el Pleno pero no dieron resultado, no obstante, la Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad de asumir la correspondiente investigación.
Finalmente, insistió que la Ley de Instituciones Financieras faculta la ejecución de las referidas auditorías, mientras el sigilo bancario impide revelar el informe de inspección.
MG/eg
Luego de una amplia participación de los asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, que preparó el informe, solicitó al titular de la Legislatura, señale una próxima fecha para la votación, para lo que se comprometió a preparar un texto definitivo que recoja las observaciones realizadas en el análisis de la propuesta.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, convocó a los miembros del organismo para la continuación de las sesiones 105 y 107, para mañana, miércoles 26 de septiembre, a las 16:00 y 17:00, con el propósito de recibir a personeros del Banco Nacional de Fomento y a las ministras de Salud, Carina Vance y de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz.
Con la presencia del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, de la Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Ximena Vintimilla; de la vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, Tania Arias y asambleístas, el Colectivo Nosotras entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Sustitutiva a la Ley 103 referente a la violencia a las mujeres, como textos alternativos al Código Orgánico Integral Penal, que analiza la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La asambleísta Mary Verduga, en su discurso inaugural, invitó a todos los presentes a impulsar esta propuesta, que fomenta una cultura de paz, dentro y fuera de los diferentes escenarios deportivos e intenta recuperar los espacios destinados al deporte para volver hacer de éste, una actividad de esparcimiento y entretenimiento familiar.
Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha, al exponer sus observaciones a los artículos del Código Penal referentes a esta temática, planteó una serie de conductas a vigilarse en los escenarios deportivos, como son: “el tipificar los delitos de estafa en la sobreventa de boletos, especificar en los agravantes de delitos en espectáculos públicos cuando se producen tres horas antes, durante y tres horas después, cuando no se monten planes de emergencia para cada evento deportivo.
Por otro lado Fabricio Villamar, concejal de Quito, fundamentó su intervención en la Ordenanza Municipal Regulatoria de Espectáculos Deportivos Masivos, en base a su experiencia dentro del Municipio Metropolitano. En su intervención especifico que se busca garantizar al espectador la posibilidad (como derecho) de comprar con antelación las entradas, escoger donde sentarse, para darle al público la tranquilidad de que el lugar a donde asista, cuente con las medidas básicas de seguridad y comodidad.
El Foro culminó, con una serie de preguntas e inquietudes planteadas por los asistentes, lo que aporta y enriquece las observaciones presentadas al Código Penal.
En la Casa Legislativa de Santo Domingo de los Tsáchilas se desarrolló el Foro “Ninguna camiseta vale más que la vida”, evento que tuvo amplia acogida y contó con la participación de autoridades, deportistas de diferentes disciplinas, integrantes de las ligas barriales, clubes deportivos, asociaciones de árbitros, la ciudadanía en general, entre otros.
