La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó informe no vinculante sobre la objeción parcial realizada por el Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que cree que es fundamental corregir el error producido.
En tal sentido, el organismo legislativo considera que dicha observación es pertinente, por tanto recomienda allanarse al texto propuesto por el primer mandatario.
En cuarto módulo fue aprobado por la Asamblea, en segundo debate, el 26 de octubre de 2010 y remitido al Gobierno el 28 del mismo mes. En tanto, la referida objeción llegó el 25 de noviembre, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El correspondiente informe lo suscriben: María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Kronfle, Andrés Páez, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano.
MG/pv
En conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario Independiente Municipalista, cuestionó la decisión de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de descontar, en unos casos más del 50% en el pago del retroactivo en las pensiones a los jubilados del país.
Nivea Vélez, en compañía de los asambleístas Fernando González y Alfredo Ortiz, aseveró que tal actitud es arbitraria y abusiva, por lo que demandó que se corrija inmediatamente este hecho mediante la devolución de los dineros ilegalmente descontados.
Recordó que la Asamblea Nacional aprobó la pertinente reforma por unanimidad y el Ejecutivo sancionó favorable, sin objeción alguna, la cual determina expresamente un incremento entre 40 y 60 dólares en las pensiones de los jubilados y que el pago se realice con carácter retroactivo desde enero.
Argumentó también que no se les quiere reconocer el incremento a los ciudadanos que se jubilaron en el 2010.
Información, acciones legales, comparecencia
Bajo estos antecedentes, la Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, anunció que ya se ha pedido información al Consejo Directivo del IESS sobre la fórmula de cálculo aplicada y el monto que representa ese beneficio.
Adicionalmente, indicó que respaldan todas las acciones legales que el sector de los jubilados pueda implementar, especialmente ante la Corte Constitucional, tomando en cuenta que los personeros del IESS han interpretado arbitrariamente la ley, lo que no les compete, sino aplicar la norma.
Finalmente, Nivea Vélez no descartó la posibilidad de convocar al presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, para que responda por esta situación.
MG/pv
En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el asambleísta Francisco Hagó, propuso se permita que los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior puedan manejar y movilizarse alrededor del Ecuador, con licencias vigentes emitidas en el país de residencia.
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera, representantes de los gremios de transportistas y de la Comisión de Tránsito del Guayas, quienes solicitaron que se acojan sus planteamientos en el informe de reformas que aprobará la Legislatura en materia de tránsito y seguridad vial.
Con la presencia de la secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Sara Oviedo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, profundizó el análisis de las propuestas penales para enfrentar al crimen organizado. El tema de la imputabilidad de los menores infractores generó un intenso debate.
La doctora María Paula Romo, titular del organismo legislativo, anunció que el informe estaría listo entre el jueves o viernes, luego del proceso de socialización y recepción de aportes y observaciones, al anticipar que existe un apoyo mayoritario para imponer penas severas para quienes utilizan a jóvenes en acciones delicuenciales.
Sara Oviedo consideró que los planteamientos que buscan bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas o disminuir las garantías para adolescentes en conflicto con la Ley Penal, no deben ser acogidos, por contravenir la Constitución y los instrumentos internacionales, de categoría supralegal y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos.
Sobre la base de informaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, Dinapen, la funcionaria de la CNNA explicó que hay un millón 900 mil adolescentes, de los cuales 606 están detenidos por problemas legales. El 48% representa a menores de 16 a 17 años, mientras el 52% corresponde a menores de 12 a 15 años, tras precisar que urge determinar las causas y razones de la participación de este sector poblacional en la delincuencia.
Entre tanto, las asambleístas Soledad Vela, Gina Godoy, Mariangel Muñoz y Marisol Peñafiel coincidieron con los puntos de vista de Sara Oviedo, tras destacar que no se debe legislar bajo presión ni miedo alguno.
Acoger el planteamiento de imputar o duplicar las penas para los menores de edad, al margen de las normas constitucionales y preceptos internacionales, provocaría que se termine con un proyecto de construcción de vida, dijeron, al destacar que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por mejorar las condiciones del sector y fijar verdaderas políticas de rehabilitación de los que hoy guardan prisión, que es lo idóneo y adecuado en este caso.
Azote delincuencial
Mientras, Vicente Taiano, Andrés Páez y Henry Cuji comentaron que Ecuador vive sumido en un estado de total violencia, por tanto, la Asamblea Nacional tiene que ofrecer respuestas claras frente a las expectativas e intranquilidad de la ciudadanía.
Si a los menores se les otorgó la facultad de ejercer su derecho al voto, también ese 7% que ha caído en el cometimiento de delitos debe ser procesado por la justicia. Es más, las sanciones tienen que ser más drásticas para aquellos que utilizan a niños en el crimen organizado, puntualizaron.
MG/eg
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó informe favorable del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por Fernando Bustamante Ponce, presentó su informe favorable al pedido del Ejecutivo para que se apruebe la ratificación del Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 46 celebrado entre las Repúblicas de Cuba y Ecuador.
Para tal efecto, el organismo legislativo tomó en cuenta el dictamen previo vinculante de la Corte Constitucional, de fecha 16 de septiembre de 2010, el cual declara que dicho instrumento requiere de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional para el trámite de ratificación.
Intercambio de criterios
La Comisión 5 recibió los aportes de Jorge Acosta y Gustavo Anda, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales y director para América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente, así también dialogó con Juan Francisco Ballén, ministro de Producción (e).
El Acuerdo, suscrito el 10 de mayo de 2000, promueve el desarrollo comercial de nuestro país, al posibilitar la exportación de más y nuevos productos que demanda el mercado cubano, y se beneficia de la aplicación de tecnologías que posee Cuba en ciertas áreas del conocimiento humano.
Tiene como objetivos: facilitar, expandir y diversificar el comercio y todas las operaciones asociadas al mismo; procurar que las corrientes bilaterales de comercio exterior fluyan sobre bases armónicas y equilibradas; fortalecer el intercambio comercial recíproco mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias; estimular el desarrollo de inversiones conjuntas, con miras a buscar una mayor participación en los mercados de los dos países, como en mercados de terceros países.
En el informe, se destaca que la ejecución del Acuerdo permitirá al Ecuador generar exportaciones al mercado cubano con un arancel del 0% en 272 productos negociados adicionales a los 514 anteriores, constantes en el Primer Protocolo; recibir preferencias mayores al 50% para otras 112 subpartidas y dinamizar el comercio bilateral.
MG/pv
De conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la República objetó parcialmente el proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que considera fundamental corregir el error producido.
Módulo 5
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, el cual no tuvo ninguna observación o reparo en primera instancia.
Los Decretos Supremos se refieren, principalmente, a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, que se hacía con el fundamento de los intereses de cada cantón, por excusa y/o renuncia de los consejos designados, por la disolución de tales entidades por abandono del cargo de la mayoría de concejales o, finalmente, porque en reorganizaciones anteriores constaban designadas personas que se encontraban incapacitadas para ejercer el cargo.
El organismo legislativo concluye que la propuesta no contraviene disposición constitucional o legal alguna y más bien permite depurar la normativa vigente del Ecuador.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, ratificó el compromiso asumido en junio pasado de incorporar, de manera expresa y explícita a la educación municipal como una categoría de la pública, en el marco del proyecto de Ley de Educación Intercultural, que será sometido a segundo debate en el Pleno el 9 de diciembre próximo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, propuso que el Pleno observe la pro forma presupuestaria del 2011 en el sentido que el Ejecutivo liquide los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, correspondientes a las leyes vigentes a la fecha en que se promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, y que, a la vez, se establezca el monto del endeudamiento público.
