Continuando con el proceso de fiscalización respecto del presunto incumplimiento de entrega de información sobre la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Ambato-Río Blanco, pedido por el asambleísta Fernando González, la Comisión de Desarrollo Económico, se reunirá este miércoles 17 de marzo, a las 16H00, para resolver la procedencia o no del juicio político al Ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz.
Alrededor de 400 personas de organizaciones sociales creyentes, entre ellos Manuel Chugchilán, presidente de la FEINE, el Alcalde Guamote, Juan de Dios Roldán, representantes de la Confraternidad Evangélica ecuatoriana, cuerpo de Pastores de Quito, las iglesias Metodista del Ecuador, Anglicana, Nazareno, acudieron a la sede de la Asamblea Nacional, a fin de respaldar la entrega del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, de autoría del asambleísta Marco Murillo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.
La asambleísta María Paula Romo rechazó las versiones emitidas por el ex diputado Carlos González, quien se refirió a un supuesto tráfico de influencias y aseguró que Carlos Alberto Vidal, pariente en tercer grado de afinidad de la asambleísta, tiene contratos con el Estado.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, José Chucin, acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, con el fin de solicitar la ayuda para que reingresen 109 trabajadores que fueron separados del Municipio de Quito.
“Solamente faltan los detalles de forma y redacción”, para presentar la petición de juicio político al Ministro Fiscal General, Washington Pesántez, dijo el asambleísta Francisco Velasco, al asegurar que el documento contará con las firmas que sean necesarias.
En una caminata desde Santo Domingo de los Tsáchilas, alrededor de 600 personas, entre maestros, estudiantes y padres de familia, con el respaldo de la Prefectura Provincial, la Alcaldesa de la ciudad, concejales, directores departamentales del Municipio y organizaciones sociales, pidieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social interponga sus buenos oficios para obligar a las autoridades responsables el pago de 11 meses de remuneración que se les adeuda a 67 maestros de la Universidad Central del Ecuador extensión de Santo Domingo.
Para mañana, a las 9H00, los asambleístas están convocados a la sesión 33 del Pleno, a fin de tratar las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de Ley reformatoria a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; así como la votación del proyecto de reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el Servicio Militar y Policial; la posesión del Consejo de Participación Ciudadana; y, declarar al 21 de marzo como “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.
Los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos se reunirán esta semana para conocer la sistematización las observaciones recibidas por escrito respecto al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Los presidentes de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y de la Comisión de Justicia, María Paula Romo, solicitaron al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que analice la posibilidad de revocar la resolución mediante la cual se determina que para el ejercicio de la acción penal pública, esto es para el inicio de la instrucción fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código Penal y los artículos innumerados agregados a continuación del Art. 296 del mismo Código, capítulo del “Enriquecimiento Ilícito” se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determinen indicios de responsabilidad penal”. Descargue el documento aquí.
Según el artículo 2 de la mencionada resolución se establece que “para el inicio de la indagación previa no se requiere el informe expresado en el artículo anterior, pero el fiscal interviniente, tan pronto llegue a su conocimiento, por cualquier medio, hechos presumiblemente constitutivos de peculado y enriquecimiento ilícito debe solicitar a la Contraloría la práctica de la auditoría gubernamental sobre tales hechos, así como la remisión del informe respectivo que, de establecer indicios de responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instrucción penal”.
Las asignaciones a los gobiernos seccionales se ajustan a las leyes vigentes y a las resoluciones de la Asamblea Nacional, insistió la Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, al responder las preguntas formuladas por el asambleísta Luis Morales Solís, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de los ingresos presupuestados para el 2010.
