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Mientras la Comisión del Desarrollo Económico trataba con diferentes actores sociales e institucionales el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, así como algunas reformas a la Ley de Aviación Civil, al Código de la Planificación y a la Ley de Energía Eléctrica, llegó a su mesa el proyecto urgente para el Fomento Productivo, que ocupó gran parte de su tiempo.
En estos cuatro meses de gestión, desde que Elízabeth Cabezas asumió el liderazgo del Parlamento y se planteó una Agenda Legislativa, la Comisión, presidida por Esteban Albornoz, trabajó en los informes de las reformas a la Ley de Aviación Civil y Fomento Productivo, que fueron aprobadas en el Pleno. La primera ya es Ley de la República y la otra está para publicación en el Registro Oficial.
Albornoz, explicó que las dos normas contaban como prioridad en la primera fase (mayo-agosto) de la Agenda Legislativa y se cumplió. Las reformas a la Ley de Aviación Civil pretenden prevenir los accidentes o incidentes aéreos, para ello, aseguró recursos para la Junta Investigadora de Accidentes y fijó un plazo de 12 meses para que se entreguen los resultados de las investigaciones.
Mientras tanto, la Ley urgente de Fomento Productivo permite que se creen incentivos para nuevas inversiones, el fomento productivo y la generación de empleo. Además, plantea beneficios para reactivar a los sectores agrícolas, pesquero, agroasociativo, turístico, emprendedores, economía popular y solidaria, entre otros, así como mecanismos para la sostenibilidad y equilibrio fiscal.
En este período también consta el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que está en tratamiento en la mesa, según Albornoz. Indicó que busca propiciar el uso racional de la energía eléctrica y la disminución de los combustibles fósiles, reducir los costos de producción y bajar los impactos ambientales. Se plantea establecer un régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética, que promoverá el uso eficiente y racional de este recurso.
La Comisión también estudió otras dos propuestas de reformas a la Ley de Aviación Civil, además de la aprobada en el Pleno. La una tiene que ver con los derechos de los usuarios de los vuelos chárter y la otra para garantizar una efectiva investigación de accidentes e incidentes aéreos.
En cuanto al proyecto de reformas al Código de la Planificación se propone mejorar eficientemente la ejecución de los procesos de investigación científica. Plantea que el cuerpo legal establezca una diferenciación de las fuentes de financiamiento de proyectos concursables de investigación a nivel internacional con la cooperación tradicional.
El proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica busca, en cambio, que los municipios reciban directamente los recursos para garantizar la iluminación ornamental de sus respectivas ciudades y que actualmente no se los entrega por parte de las empresas eléctricas.
LILA
Este jueves, 20 de septiembre, a las 09:00, el Pleno entregará un Acuerdo Legislativo de condolencias a los familiares del compositor y cantante ecuatoriano Carlos Rubira Infante, quien falleció el pasado viernes, 14 de septiembre.
Después, conocerá el pedido de aprobación del Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre Ecuador e Italia. Con este instrumento internacional, las dos naciones buscan reprimir la criminalidad.
La asistencia que se determina supone, principalmente, la búsqueda e identificación de personas, citación de testigos y peritos, realización de peritajes, traslado de personas detenidas para interrogatorios, incautaciones, decomisos e intercambio de información, entre otras acciones.
En la sesión 537, los asambleístas también debatirán el informe que preparó la Comisión del Desarrollo Económico, sobre el proyecto de Ley de Eficiencia Energética.
El cuerpo legal, de autoría de Esteban Albornoz, pretende impulsar la eficiencia energética, que se convierte en una de las principales fuentes de ahorro de energía y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático.
La propuesta busca que, con una normativa específica y objetivos claros, se pueda desarrollar la eficiencia energética, mediante una institucionalidad adecuada, que establezca mecanismos para planificar, establecer políticas públicas y fijar metas en esta materia.
Se declara a este tema de interés nacional y se crea el Sistema Nacional de Eficiencia Energética (Snee) para promover el uso eficiente, racional y sustentable de la energía, en todas sus formas. Para la coordinación interinstitucional se prevé un Comité Nacional.
Incorpora elementos de acción concretos, como incentivar el uso de vehículos y sistemas públicos de transporte que funcionen con electricidad.
LILA/eg
Desde la semana pasada, la Comisión del Desarrollo Económico, inició un seguimiento a la aplicación de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Este miércoles, 19 de septiembre, a las 11:00, recibirá a algunas autoridades.
Entre los funcionarios que acudirán se encuentra Janeth Maldonado, subgerente del Banco Central del Ecuador, además fueron convocados representantes de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento, en liquidación.
El pasado miércoles, la mesa parlamentaria recibió a Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI). Explicó que la meta por el beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos, que estableció la Ley, es de 774 millones de dólares hasta el 2020. En 2018 se prevé el monto más alto, que llegaría a 602 millones de dólares.
Según la funcionaria, en los primeros 15 días de vigencia de la norma, el SRI recaudó 22,85 millones de dólares, mientras que el monto gestionado fue de más de 46 millones de dólares. Los beneficiarios fueron más de 62 mil contribuyentes, de los cuales el 99,3 % correspondió a micro, pequeños y medianos contribuyentes.
Explicó que se puede acceder a la remisión solo si se paga el 100 % del capital. Para informarse el ciudadano puede acceder a la página web institucional, sin necesidad de clave.
Recaudado en el IESS
Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también asistió para informar que esta institución aprobó el reglamento, dos días después de la vigencia de la Ley, a fin de poder aplicarla, lo que les permitió recaudar 7,3 millones de dólares.
La norma estableció la reducción de intereses, multas y recargos también para obligaciones con el IESS, que es proporcional y llega hasta el 99 % del perdón.
Con esta figuara, el IESS pronostica recaudar 189 millones de dólares. En tanto, la cartera susceptible de reducción es de 913 millones de dólares y las obligaciones más de 1.752. El 56,3 % corresponde a ciudadanos empleadores unipersonales, micro y pequeñas empresas, cerca del 21 % medianas y grandes empresas y alrededor del 6 % empleadores domésticos.
LILA/eg
Después de una amplia deliberación, que incluyó la presencia de sectores de la academia, de la producción, instituciones del Estado, organismos internacionales y ciudadanía, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó, por unanimidad, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de autoría de Esteban Albornoz.
Albornoz, que es también presidente de la mesa, aseguró que esta normativa es fundamental para el desarrollo del país, cuidando de nuestra casa común, el planeta, para el beneficio de las futuras generaciones.
Con el proyecto se busca impulsar la eficiencia energética. La considera como una de las principales fuentes de ahorro de energía y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático.
La propuesta busca que, con una normativa específica y objetivos claros, se pueda desarrollar la eficiencia energética, mediante un marco institucional adecuado, que establezca mecanismos para planificar, establecer políticas públicas y fijar metas en esta materia.
Según la iniciativa, se declara a este tema de interés nacional y se crea el Sistema Nacional de Eficiencia Energética (Snee) para promover el uso eficiente, racional y sustentable de la energía, en todas sus formas.
Para la coordinación interinstitucional se prevé un Comité Nacional, integrado por seis ministerios que tienen que ver con el desarrollo de esta rama, la Secretaría de Planificación, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
En el debate, los legisladores sugirieron que también puedan estar los sectores productivos y los colegios de profesionales, a lo cual accedió el Presidente.
Además, varios miembros consideraron importante incorporar elementos de acción concretos, como incentivar el uso de vehículos y sistemas públicos de transporte que funcionen con electricidad. Para ello propusieron la creación de un Fondo Nacional de Fomento e Inversión en Eficiencia Energética.
Propusieron que se lleve a cabo un adecuado monitoreo de los avances y resultados de los planes o programas que se implementen en esta área. Así mismo, para los legisladores es importante contar con adecuadas estadísticas que permitan mejorar la evaluación y las futuras decisiones.
LILA/eg
A pocos días de vigencia de la Ley de Fomento Productivo, que rige desde el 21 de agosto de este año, representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) presentaron en la Comisión del Desarrollo Económico los primeros resultados.
El proceso de una ley no termina con la aprobación de la misma, sino con su implementación y seguimiento, sostuvo el presidente de la mesa parlamentaria, Esteban Albornoz.
Marisol Andrade, directora del SRI, fue la primera en intervenir. Explicó que la meta por el beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos, que estableció la ley para obligaciones con esta entidad, es de 774 millones de dólares hasta el 2020. En este 2018 se prevé el monto más alto, que llegaría a 602 millones de dólares.
Según la funcionaria, en los primeros 15 día de vigencia de la norma el SRI recaudó 22,85 millones de dólares, mientras que el monto gestionado fue de más de 46 millones de dólares. Los beneficiarios fueron más de 62 mil contribuyentes, de los cuales el 99,3% correspondió a micro, pequeños y medianos contribuyentes.
Andrade se refirió, además, a los procesos que llevó a cabo el SRI para socializar los beneficios de la norma y otros que fueron necesarios para su aplicación.
Explicó que se puede acceder a la remisión solo si se paga el 100 % del capital. Para informarse el ciudadano puede acceder a la página web institucional, sin necesidad de clave. Con el número de cédula o RUC se puede hacer ejercicio de la deuda, los saldos con remisión, sin remisión y ventajas.
Los legisladores pidieron que se expida, a la brevedad posible, el Reglamento para los deudores de buena fe. Andrade aseguró que ya han realizado el borrador, en lo que corresponde al ámbito tributario y se espera que en los próximos días esté publicado.
Recaudado en el Iess
Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Iess, afirmó, por su parte, que esta institución aprobó el reglamento dos días después de la vigencia de la Ley, a fin de poder aplicarla lo que les permitió recaudar 7, 3 millones de dólares.
La norma estableció la reducción de intereses, multas y recargos también para obligaciones con el Iess, que es proporcional y llega hasta el 99 % del perdón. Depende del tiempo transcurrido, es decir, entre más rápido se accede al beneficio, más alto será el porcentaje de la rebaja.
Con este beneficio el Iess pronostica recaudar 189 millones de dólares. En tanto, la cartera susceptible de reducción es de 913 millones de dólares y las obligaciones más de 1.752. El 56,3 % son ciudadanos empleadores unipersonales, micro y pequeña empresas, cerca del 21 % mediana y grande empresa y alrededor del 6 % empleadores domésticos.
LILA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico tratará mañana, 12 de septiembre, a las 10:00, el proyecto de Ley de Eficiencia Energética. La semana pasada, las principales autoridades de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) presentaron sus observaciones a la propuesta, de iniciativa de Esteban Albornoz.
En esa ocasión, la rectora del centro educativo, Cecilia Paredes, aseguró que la falta de leyes, reglamentos y regulaciones es una barrera que impide el desarrollo de la eficiencia energética.
También, explicó que es un problema la falta de personal capacitado, la percepción de que los proyectos de energía tienen un alto costo, dificultades en acceder a capitales de inversión y la poca experiencia en la tecnología.
Para los delegados de la Espol es importante que se impulse la investigación, innovación y desarrollo tecnológico; que se planteen incentivos y difusión. Dentro de la investigación, destacaron la formación de especialistas, auditores energéticos y profesionales en este campo, así como programas educativos de primaria y secundaria.
Consideran conveniente establecer incentivos tributarios del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para equipos, elementos, maquinaria y servicios; arancelarios, para la importación de maquinaria, para investigación y estímulos para grandes consumidores.
Otros temas
La Comisión se instalará, además, para tratar los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil.
LILA/eg
Este martes, 11 de septiembre de 2018, a partir de las 15:30, la Comisión del Desarrollo Económico se reunirá para hacer un seguimiento a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La norma, que aprobó la Asamblea, entró en vigencia el 21 de agosto pasado.
Esteban Albornoz, presidente de la mesa, reiteró que este proyecto establece mecanismos e incentivos para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras, a fin de generar plazas de empleo y reactivar la economía, convirtiéndola en una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional.
La norma incorporó incentivos para nuevas inversiones, como la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo durante 12 años en todo el país, excepto Quito y Guayaquil. En estas dos ciudades será de ocho años. En tanto, en los cantones fronterizos, este beneficio será por 15 años.
De acuerdo con Albornoz, dentro de las ventajas de la Ley, se incluyeron a importantes sectores históricamente olvidados, como el agro, la economía popular y solidaria, estudiantes, emprendedores, deportistas, sector cultural, pescadores, artesanos, entre otros.
Para ello, estableció algunos mecanismos, entre los cuales se encuentra la remisión de intereses, multas y recargos a obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares, crédito educativo y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.
Con esta figura, el SRI aspira recaudar 774 millones de dólares en tres años: 602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020.
Entre otros beneficios, la Ley prevé la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sociedades que desarrollen proyectos de vivienda de interés social y tarifa cero en servicios de construcción para este mismo tipo de soluciones habitacionales.
Esta tarifa cero será también para importaciones y transferencias de insumos, elementos y maquinarias de uso del sector agropecuario, acuícola y pesquero; paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales; barcos pesqueros de construcción nueva de astillero; seguros agropecuarios y arrendamiento de tierras para uso agrícola. Además, para vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y de carga.
Se crea la devolución del 50 % del IVA pagado en gastos de desarrollo, preproducción y posproducción en producciones audiovisuales, televisivas y cinematográficas y se reduce a 0 % la tarifa ad valorem del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre cocinas y cocinetas a gas.
Además, se extiende el plazo de 3 a 5 años para realizar nuevas inversiones productivas en las zonas afectadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, desde la vigencia de la Ley de Solidaridad, y se amplía el plazo de exoneración del IR de 10 a 15 años. Para el sector turístico, se aplican 5 años adicionales.
LILA/eg
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, citó a los comisionados a la sesión 65, para el miércoles 5 de septiembre, a las 10:00, con el propósito de proseguir con el tratamiento de los proyectos de reformas a Ley Orgánica de Empresas Públicas; y, de Ley de Eficiencia Energética.
Eficiencia energética
El proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de iniciativa de Esteban Albornoz, establece el marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética, que promoverá el uso eficiente, racional y sustentable de la energía en todas sus formas, a fin de incrementar la seguridad del sector, al ser más eficiente, reducir el consumo, fomentar la competitividad de la economía nacional, garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a tomar decisiones informadas, así como aportar a la mitigación del cambio climático.
La propuesta contiene 24 artículos, una Disposición General, una Transitoria y una final. Además, propone metas y mecanismos de acción, seguimiento y control para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y reemplazar el consumo de combustibles fósiles por energía renovable y limpia.
Empresas Públicas
Dos proyectos fueron enviados a la Asamblea Nacional por el expresidente de la República, Rafael Correa. El uno, propone cambios al artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para que éstas cuenten, de manera oportuna, con auditorías externas en el ámbito financiero, así como otorgar celeridad a los actos de control de las empresas públicas, de manera que cumplan adecuadamente con su cometido.
El otro, que está orientado a coadyuvar al desarrollo nacional, plantea que los directorios de las empresas públicas deben encontrarse debidamente integrados por representantes de los organismos que tienen incidencia directa sobre la determinación de las políticas públicas nacionales a implementarse y sus instancias de coordinación. Por consiguiente, las empresas de la Función Ejecutiva deberán organizarse de manera óptima, para adecuarlas a sus requerimientos funcionales.
El estudio de un segundo paquete reformas a la Ley de Aviación Civil avanza en la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Esteban Albornoz, quien considera que el informe para primer debate estaría listo a mediados de septiembre para conocimiento del Pleno.
Tras recordar que ya se aprobó un primer grupo de reformas, explicó que este nuevo proceso de modificaciones tiene que ver con la seguridad, los estándares internacionales, el control de los vuelos charter y los nuevos procesos que tiene que llevar adelante la Junta Investigadora de Accidentes (JIA).
La segunda reforma se enfoca en mejorar el servicio a los clientes sobre todo en vuelos que no son regulares o continuos como los charter, porque existe mucha irregularidad, debido a la cancelación de los vuelos y los afectados no tienen una autoridad a quien presentar sus quejas.
Se han incluido seis artículos que permiten al usuario de las líneas aéreas reclamar en caso de no contar con un excelente servicio. Las empresas que efectúan vuelos charter deben dar las garantías necesarias a los usuarios para que no sucedan estos problemas, manifestó el titular de la comisión.
Las reformas fueron consensuadas con la Junta Investigadora de Accidentes, personeros de la Dirección de Aviación Civil y funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Participaron corporaciones privadas que manejan las flotas de aviones, quienes dieron sugerencias y apoyaron en el tratamiento técnico de las mismas
El marco legal en proceso de modificación busca solucionar un problema que tiene que ver con los accidentes aéreos. En este aspecto interviene la Junta Investigadora de Accidentes (JIA), entidad que en su momento, por diversos problemas, no emitió los informes de siniestros en forma oportuna y en los plazos respectivos, factor que generaba un problema de seguridad para el país, para las entidades aeronáuticas responsables y para la gente afectada.
A criterio de Albornoz, la JIA debe tener plena libertad y autonomía financiera para cumplir sus objetivos e investigar con transparencia. Eso se consigue con la dotación de los recursos económicos suficientes, técnicos y personal calificado para cumplir las indagaciones necesarias y llegar a conclusiones con precisión, rapidez y certeza sobre las causas de un accidente o un incidente aéreo, afirmó.
Se aprovechó esta reforma para armonizar la legislación nacional con la normativa internacional e incorporar ajustes a las cláusulas nacionales. Por ser un país signatario de las normas internacionales de aeronavegación se buscó acoplarla a esos estándares, resaltó.
La infraestructura aérea debe ser utilizada adecuadamente para promover turismo, productividad, actividad económica, exportar productos y sensibilizar los costos de producción cercanos a estos aeropuertos regionales y nacionales, manifestó Albornoz.
RD/pv
Con la publicación en el Primer Suplemento del Registro Oficial 309 de 21 de agosto 2018, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, entró en plena vigencia. La norma tiene como objetivo viabilizar el Plan Económico del Gobierno, sobre la base de nuevos incentivos que permitan optimizar el ejercicio de las actividades productivas, en favor del desarrollo del Ecuador.
La ley garantiza y propicia mecanismos y estímulos encaminados al fomento del sector productivo, hacer que el país atraiga las inversiones, tanto nacionales, como extranjeras, con reglas claras y seguridad jurídica, la generación de empleo adecuado, así como crear condiciones favorables para la estabilidad y el equilibrio fiscal, convirtiéndola en una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional.
Entre otros beneficios, la ley prevé la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o recaudación le corresponde al Servicio de Rentas Internas, de las obligaciones aduaneras establecidas en control posterior a través de rectificaciones de tributos, cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, determinadas al 2 de abril del 2018; la remisión de intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igualmente, en servicios básicos y para créditos educativos y becas.
Para tal efecto, la normativa establece un conjunto de formalidades, plazos y requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
Las nuevas inversiones productivas que se inicien a partir de la vigencia de esta ley en los sectores económicos determinados como industrias básicas, de conformidad con la definición del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Renta y su anticipo por 15 años. El plazo de exoneración será contado desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Los plazos de exoneración se ampliarán por cinco años, en el caso que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país.
Para sociedades nuevas, así como para aquellas ya existentes, esta exoneración aplicará solo en sociedades que generen empleo neto, para lo cual el reglamento a esta ley establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación y verificación de este requisito, en atención al tamaño de las sociedades que quieran acceder al mismo.
Así mismo, se establece tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las importaciones de materia prima e insumos para el sector de pesca en general, entre otros segmentos productivos.
La ley determina la condonación de deudas con BanEcuador, Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banco Nacional de Fomento en liquidación por montos de hasta 50 mil dólares, a personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho hayan fallecido. Para las personas adultas mayores la condonación será del 50 % de dicho monto.
EG/pv
