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Las comisiones legislativas permanentes y ocasionales tienen en carpeta el tratamiento de varios temas relevantes para la próxima semana. La revisión de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y la recepción de nuevos testimonios en el caso Gabela, forman parte de la agenda.
La Comisión de Desarrollo Económico recibirá el lunes a los miembros del Frente Económico, quienes sustentarán las modificaciones a este cuerpo legal que estimula la inversión nacional y extranjera a través de varios incentivos. El proyecto de fomento productivo tiene el carácter de urgente en materia económica.
Otro de los temas que proseguirá su trámite es la investigación de la muerte del general Jorge Gabela. Por ello, la Comisión Multipartidista que trata este tema invitó para el lunes a las 17h00 al exministro de Justicia y actual asambleísta José Serrano.
La Comisión de Biodiversidad se trasladará al Parque Nacional Yasuní, con el objetivo de constatar in situ la información entregada por las diferentes instituciones sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá a abogados expertos en materia de corrupción para que den sus aportes a los proyectos de Ley de Lucha contra la Corrupción, entre ellos Stalin Raza y María del Mar Gallegos. Los comisionados también centrarán su atención en las reformas al Código Orgánico General de Procesos y el Código de la Función Judicial.
En cambio, la Comisión de Educación recibirá a organizaciones internacionales, entre ellas, ONU mujeres, UNESCO, UNICEF, para que den sus observaciones a las reformas a la Ley de Educación Intercultural.
En Derechos Colectivos proseguirá el estudio y análisis de las observaciones recibidas a los proyectos de reformas a la Ley de Comunicación. Tiene previsto escuchar a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición; Pablo Celi, Contralor General del Estado; a la asambleísta Wilma Andrade y a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La de Régimen Económico continuará la aprobación del articulado del proyecto de Código de Comercio; mientras que la mesa de Soberanía Alimentaria sigue con el análisis de tres proyectos: Ley de Fomento Agropecuario, Comercialización del Banano; y, Fomento Acuícola.
La Comisión de Gobiernos Autónomos analiza las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad); y la de Derecho a la Salud recibe a nuevos actores para que den sus aportes al Código de Salud.
La Comisión de Relaciones Internacionales tiene previsto recibir la rendición de cuentas del segundo trimestre del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y de la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, de conformidad con lo que determina el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
La comisión ocasional de Tránsito continúa con el estudio de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Escuchará a grupos indígenas de Cotopaxi y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a la Asociación de Choferes de la Caja de Cesantía; a la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, así como a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador y a la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha.
En cambio, la que se encarga de atender casos de personas desaparecidas, recibirá a la Defensora del Pueblo encargada, Gina Benavides.
JLVN/pv
La Comisión del Desarrollo Económico inició el tratamiento del veto parcial al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Aprobó un cronograma de trabajo y los parlamentarios tendrán este fin de semana para analizarlo.
El lunes por la mañana invitarán a los miembros del Frente Económico para que expliquen el alcance de las observaciones realizadas por el Ejecutivo y en la tarde analizarán el texto, mientras que el informe no vinculante estaría listo el martes 24 de julio.
Frente a las objeciones, los parlamentarios tiene dos opciones: allanarse, es decir, dar paso a la alternativa que planteó el Ejecutivo, o ratificarse en el texto que aprobó la Asamblea, el pasado 21 de junio.
El proyecto aprobado por la Asamblea contiene 103 artículos. De estos, el Ejecutivo observó a 43. El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, explicó que, de una primera revisión, se determinó que el 80% del veto corresponde a reparos de forma, que ayudan a mejorar el texto.
Sin embargo, aclaró que la esencia de la propuesta se mantiene, por ejemplo, las remisiones para generar mayor liquidez al Estado y quitar presión sobre los contribuyentes que, por varias circunstancias, no han podido honrar sus deudas. Asimismo, se conserva los incentivos para fomentar la producción y empleo, así como los mecanismos para la estabilidad fiscal.
Según Albornoz, el sector agrícola, de la economía popular y solidaria, pequeñas y medianas empresas, entre otros sectores productivos del país, continúan recibiendo los beneficios propuestos por la Asamblea.
Procedimiento
Al tratarse de una objeción parcial, el Legislativo cuenta con 30 días, a partir de la fecha de la entrega, para resolverlo en un solo debate: en este caso el límite será el 17 de agosto próximo.
En tanto, la comisión que le da tratamiento a este tema cuenta con ocho días, desde la recepción del texto, para presentar un informe no vinculante. Este tiempo corre hasta el jueves 26 de julio. No obstante, la Comisión lo podría tener listo dos días antes.
El Pleno puede allanarse a todas las observaciones del Ejecutivo, o en parte, con el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la sesión. Pero, también puede ratificarse en su texto, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, la Asamblea enviará la Ley al Registro Oficial para su publicación.
LILA/pv
El Ejecutivo vetó alrededor del 41% del proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La mayoría, un 80%, son cambios de forma, que permiten precisar la redacción para que la norma tenga una mejor aplicación.
El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, aclaró que los parlamentarios prestarán mayor atención a los cambios de fondo. La Asamblea tiene la posibilidad de allanarse a todo o parte del veto o ratificar los textos aprobados.
Objeciones
El Ejecutivo sugiere que los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo, así como el de cinematografía y audivisual sean incluidos como parte de los sectores priorizados para que reciban el beneficio de la exoneración temporal del Impuesto a la Renta (IR).
Según el proyecto, los sectores priorizados no pagarán el IR durante 12 años cuanto es inversión nueva fuera de Quito y Guayaquil; ocho, cuando es al interior de estas dos ciudades; y 15 cuando son en Manabí y Esmeraldas.
También propone que cuando exista inversión nueva industrial, agroindustrial y agroasociativo en los cantones de frontera, la excención del IR sea por 15 años. En el texto original se contemplaba la exoneración del IR por 20 años para inversiones en industrias básicas.
Otra de las propuestas del presidente de la República, Lenín Moreno, tiene que ver con las condiciones para acogerse a esta exoneración del IR. La Asamblea propuso que las sociedades deben declarar en su nómina uno o más trabajadores de hasta 25 años y de más de 40 años, debiendo además demostrar un aumento en su nómina
Sin embargo, el presidente Moreno plantea eliminar ese rango de empleo joven y adulto y establecer a través del reglamento un esquema de condiciones y procedimientos para su aplicación.
En cuanto a las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión, la Asamblea aprobó que tendrán derecho a la exonerción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos realizados al exterior por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas que no se dispongan en la producción nacional.
Pero, el Ejecutivo plantea que se elimine la condición “no producción nacional” porque no necesariamente es fácil controlar y tampoco se ajusta a la realidad. Indica que, en muchos casos, por requerimientos específicos de cada inversión, se requiere contar con productos de origen importado.
Otro de los artículos que aprobó el Pleno tiene que ver con la entrega de un seguro para los beneficiarios de las viviendas de interés social. No obstante, el Ejecutivo observa que no es necesario dicho seguro porque encarece los costos y desincentiva la inversión. Además, precisa que existe en nuestro ordenamiento jurídico la obligación por responder a las deficiencias efectuadas en las construcciones.
El tema de la remisión de intereses, multas y recargos sufre también cambios. Moreno propone que se mantenga como una opción y no como una obligación que los Gobiernos Autónomos Descentralizados apliquen estos beneficios a los usuarios. Además, especifica que se ponga un plazo de 90 días para acogerse a la remisión, en los casos de crédito educativo y becas. Dice que la aprobación del Pleno no contemplaba el pazo.
Sobre la tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para vehículos híbridos, el Régimen no considera necesario su aplicación puesto que, en los análisis del impacto ambiental y ahorro de combustibles fósiles, se ha llegado a concluir que no presta mayores diferencias con uno de motor a carbón por lo que no se justifica esta medida. Recomienda este beneficio solo para vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga.
También demanda precisiones para mejorar la redacción en la incorporación de los insumos para el sector agropecuario, acuícola y pesca, dentro de los bienes que se encuentran gravados con tarifa cero del IVA, al igual que con los elementos y maquinarias de uso agropecuario.
Respecto de la creación de un fondo de garantías para el sector de la economía popular y solidaria, Moreno plantea delimitar en la redacción el uso de los fondos para no distorsionar su uso y dispersarlos. Su propuesta es que se clarifique que el fondo se enfocará en el fomento productivo del sector.
LILA/pv
Mae Montaño, asambleísta nacional, acudió a la Comisión del Desarrollo Económico para sustentar su proyecto de Ley para la reactivación económica de Esmeraldas. Encontró buenas respuestas. Patricio Donoso agradeció al presidente de la mesa, Esteban Albornoz, por incluir inmediatamente el tratamiento de esta propuesta.
La parlamentaria definió como una enfermedad, a la situación económica, social y de seguridad que vive Esmeradas. Dijo que, como tal, tiene que ser tratada de manera conjunta e integral. Seguridad y desarrollo son dos caras de una misma moneda, añadió, tras pedir la solidaridad de todos.
Antes de explicar los alcances de su propuesta se enfocó en describir los aspectos que han marcado a esta provincia, como la pobreza y la desatención, que ha permitido al narcoterrorismo hacer de esta zona un terreno fértil para sus actividades ilícitas.
Explicó que la pobreza alcanza el 78,3 %, mientras que el 61.69 % habitan en condiciones físicas inadecuadas; existe, además, bajos niveles de escolaridad y necesidades básicas insatisfechas, entre otras problemáticas.
La propuesta
Mae Montaño sostuvo que con el proyecto se busca reactivar el sistema productivo de Esmeraldas, mediante un sistema de estímulos sociales y empresariales.
Plantea estímulos no fiscales para el desarrollo empresarial a través de la capacitación y formación de emprendedores; consultoría y asesoría especializada; acceso al financiamiento; información estadística, sectorial y económica para la toma de decisiones.
Para el acceso a mercados propone apoyo mediante asistencia técnica a las empresas que tienen potencial de exportar, programas de promoción y otros para promover la inserción en el mercado internacional.
También considera necesario la constitución de planes y programas para mejorar la calidad educativa y estructurar un escenario de enseñanza tecnológico, así como la ejecución de obras de infraestructura que faciliten el desarrollo de las empresas.
LILA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico será pionera, en la Asamblea, en eliminar productos de plástico, para contribuir con el medio ambiente. Este fue el compromiso oficial que realizó el presidente, Esteban Albornoz, y los asambleístas, después de escuchar una propuesta de Jorge Yunda, que tiene el mismo objetivo.
Yunda acudió a la mesa para argumentar el proyecto de Ley para Regular el Uso de Bolsas y Sorbetes Plásticos del Ecuador. Manifestó que el objetivo es regular el uso de artículos no biodegradables, es decir, que no se puedan descomponer, a fin de proteger los derechos de la naturaleza.
Con la propuesta se prohíbe el uso de bolsas y sorbetes de plástico y se declara a este tema de interés nacional: cualquier objeto entregado al consumidor deberá ser elaborado de material biodegradable.
El parlamentario plantea que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el ente rector de Educación, realicen campañas para promover estas medidas. Mientras, la autoridad competente podrá actuar de oficio, sin necesidad de denuncia, o ante cualquier denuncia para lograr el fiel cumplimiento de esta norma.
Establece la multa de tres a cinco salarios básicos unificados a quienes entreguen o distribuyan los materiales prohibidos en estas disposiciones. En caso de reincidencia, la multa será el doble.
Yunda explicó que a nivel mundial, en promedio, en un minuto, un millón de bolsas plásticas se reparten en los distintos comercios y solo el 10 % son recicladas, mientras que el resto termina en rellenos sanitarios, ríos, océanos y otros lugares. Además, argumentó que en un día se utilizan 500 millones de sorbetes en el mundo.
Dijo que, según un estudio de la Sociedad Océano Azul para la Conservación del Mar, cada milla cuadrada, es decir, cada 6.400 metros, flotan alrededor de 46.000 mil pedazos de basura plástica.
La comisión continuará el estudio de este proyecto e invitará a actores que puedan presentar propuestas y observaciones.
LILA/pv
El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, de iniciativa del asambleísta Esteban Bernal, que determina la obligación de las empresas eléctricas de distribución y comercialización de recaudar la tasa por el servicio de recolección de basura, cuya tarifa estará claramente diferenciada del valor de terceros.
La propuesta reforma el artículo 60 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, por el cual se establece que en la factura correspondiente al consumo de servicio público de energía eléctrica, a los consumidores o usuarios finales, se incluirá, única y exclusivamente, los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
A ese texto se añade que las empresas eléctricas de distribución y comercialización de energía eléctrica, de manera excepcional y motivada, y previa autorización de la Arconel, podrán acordar con los gobiernos autónomos descentralizados la recaudación de tasas por el servicio de recolección de basura. Estos valores constarán por separado en factura independiente.
El asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, explicó que de los 211 municipios, 115 recaudan la tasa por el servicio de recolección de basura a través de las empresas eléctricas. 67 municipios, entre ellos, Tulcán, Loja, Riobamba y Guayaquil, cobran la tasa a través de sus propios mecanismos de recaudación, como impuestos prediales o planilla de agua potable. Otros 31 cabildos no cobran la tasa de basura, ejemplo, Saraguro, Quilanga y Sigchos
Albornoz subrayó que con esta reforma se dará respuesta a los municipios para solucionar la problemática de la recaudación de esta tasa por recolección de basura, ya que muchos de los cabildos, sobre todo los más pequeños, no tienen la capacidad de generar su propio sistema de cobro.
En el debate, Patricio Donoso dijo que se trata de un proyecto que ayudará muchísimo a los gobiernos autónomos municipales. La idea es garantizar la recaudación de la tasa de recolección de basura, por separado, sobre la base de un estudio técnico, añadió.
De su lado, Mauricio Proaño aseguró que no existe una relación técnica entre el servicio de energía eléctrica, del cual se trata la ley, y la recolección de basura, que únicamente pretendería utilizar un sistema eficiente de recaudación para el cobro de un servicio que, en muchos casos, es inexistente.
La legisladora Sofía Espín aprovechó este debate para destacar el trabajo desarrollado los últimos 10 años, con el propósito de garantizar la soberanía energética del país, a la vez que formuló un llamado al Gobierno para que concluya las centrales hidroeléctricas que están en construcción.
Para Guillermo Celi, este es un tema que debe debatirse a profundidad, pues sería importante que se pronuncien también los GAD, para que no se dé una distorsión del sistema de recaudación de la tasa por recolección de basura. Añadió que, más allá de este tema particular, es necesario legislar para establecer y garantizar una tarifa diferenciada por consumo de energía eléctrica en beneficio del sector rural.
Esteban Bernal, autor del proyecto, aclaró que el vínculo entre la tarifa de energía eléctrica y el valor por la tasa por recolección de basura está debidamente estudiado y el objetivo es que los municipios tengan un mecanismo adecuado para la recaudación de la tasa relacionada con la basura. El consumo de la energía eléctrica es, relativamente, más ajustada a una relación justa, porque quien más consume, más paga.
Mientras, Fernando Burbano dijo que esta reforma permitirá a los municipios, sobre todo a los más pequeños, contar con un mecanismo adecuado para la recaudación de la tasa por recolección de basura y, a la par, sugirió que se busque una legislación que facilite a los gobiernos autónomos descentralizados paraa generar estrategias de tratamiento de desechos sólidos.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, tras declarar concluido el primer debate de este proyecto y disponer que regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis previo a la segunda discusión, suspendió la sesión 528 del Pleno, la cual se reinstalará el próximo jueves, 19 de julio, a partir de las 09h00.
EG/pv
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
2017-2019
SESIÓN Nro. 057
Por disposición del Asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se convoca a las señoras y los señores asambleístas miembros de esta Comisión, a la sesión No. 057 a realizarse el día miércoles 04 de julio de 2018 a las 10H00, la misma que se realizará en su sede, ubicada en el quinto piso del Palacio Legislativo, avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, ciudad de Quito, República del Ecuador, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
Conocimiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de la Provincia de Esmeraldas.
Atentamente,
Pedro Cornejo Espinoza
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA
Inclusivo, ese fue el término que utilizó Fernando Burbano para referirse al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, que aprobó ayer, la Asamblea Nacional. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, lo confirmó. Dijo que incluyeron beneficios importantes para sectores históricamente olvidados, como el agro y la economía popular y solidaria.
No solo eso, también incorporó mecanismos de ayuda para los estudiantes, becarios, deportistas, artesanos, emprendedores, cultura, sector pesquero. “Espero que el Presidente (Lenín Moreno) observe y valore el esfuerzo legislativo de provocar una inclusión de sectores. Espero sea sensible con esto”, enfatizó Burbano.
Este asambleísta es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y cuestionó que no se haya demostrado una consecuencia política de algunos parlamentarios, que en la mesa votaron a favor del informe y en el Pleno se mostraron contrarios al proyecto.
“Se ve que no hay seriedad para abordar los problemas del país y es una falta de responsabilidad con los ciudadanos porque hubo el espacio (durante el tratamiento en la Comisión) para manifestar las posiciones contrarias”, señaló.
Burbano recordó que la norma se construyó dentro de un proceso de diálogo y que el órgano legislativo recibió a más 50 delegaciones del sector público y privado, donde acudieron, incluso, quienes tradicionalmente no han sido escuchados.
Manifestó que ahora el país cuenta con un instrumento jurídico que favorece la inversión, el trabajo, a las pequeñas, medianas, grandes empresas, a la economía popular y solidaria, entre otros segmentos.
En cambio, Albornoz destacó el ámbito descentralizado que tiene la propuesta. Sostuvo que se pensó en los sectores deprimidos, como la frontera, y los abatidos por la naturaleza, como Manabí y Esmeraldas. Además, recordó que se ha dado un tratamiento especial a las zonas alejadas de los centros de producción, como Quito y Guayaquil.
El apoyo a las provincias afectadas por el terremoto del 2016 lo resaltó Karina Artega. Señaló que, a nivel general, con el proyecto se reactivará la economía y se fomentará el empleo. Así será, según César Litargo, pues se está enviado un mensaje positivo para los inversionistas.
Sin embargo, la norma no es una receta mágica, pero sí un buen inicio para cambiar un modelo económico que le apunte a la reactivación de la economía, precisó Burbano. Para él, después de la aprobación, una fase importante es que los beneficios del proyecto sean difundidos y socializados con los beneficiarios, para que hagan uso de la misma.
LILA/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto urgente para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal. Ahora quedará en manos del Ejecutivo, para que lo observe o sancione.
Se realizaron dos votaciones. La una para aprobar el texto del proyecto, excepto dos numerales del artículo 35, relacionados con el pago del Impuesto a la Renta (IR) del décimo tercer y décimo cuarto sueldo para quienes ganan más de 100 mil dólares. Esta votación tuvo el respaldo de 73 parlamentarios.
La otra votación fue, en cambio, sobre esa excepción, y la votación fue negativa, es decir, no se aprobó. Recibió el respaldo solo de 42 legisladores.
Con relación al informe para segundo debate el ponente y presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, acogió algunos cambios, después de escuchar las intervenciones en el Pleno, por parte de los asambleístas de las diferentes bancadas políticas.
No obstante, el espíritu del cuerpo legal se mantiene para fomentar al sector productivo, generar empleo y la estabilidad fiscal, a través de remisiones de intereses, multas y recargos en diferentes áreas; incentivos con la exoneración de impuestos; apoyo a la vivienda de interés social, al agro, a los emprendimientos, a la economía popular y solidaria, empresas, entre otros.
Entre los cambios, se incorporó la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las cocinas de inducción, exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos de carga e IVA cero para las carrocerías de buses armados en el país
Además, se sumó la resolución de controversias en materia de contratos internacionales, agroseguros e intereses preferenciales para zonas de frontera deprimidas y una tabla sobre el IR para la venta de acciones, entre otros temas, que tienen que ver con derechos de los trabajadores, deportistas y policías.
En la remisión también se incluyó a un nuevo sector beneficiado: el de la salud. Se liberarán los intereses de glosas de la Contraloría a trabajadores de tres hospitales, como una manera de que éstas personas puedan cumplir con su obligación ante esta entidad, así como Secretaría del Agua,
Según el informe para segundo debate, esta figura se aplica para el Servicio de Rentas Internas, Seguro Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Aduanas, servicios básicos, impuestos vehiculares, deudores de la banca pública, créditos educativos y becas.
En cuanto a los incentivos se conserva la exoneración del IR para nuevas inversiones productivas fuera de Quito y Guayaquil durante 12 años y al interior de estas ciudades, ocho. Para inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. En zonas fronterizas son cinco años más.
Para el agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la banca pública, tarifa cero en el IVA para maquinarias y repuestos, así como la creación del seguro agropecuario.
En cambio, para que la Economía Popular y Solidaria (EPS) realice sus inversiones de manera más fiable y segura, se crea un Fondo de Garantía. Además, el momento que contraten con el Estado recibirán un anticipo para que puedan reinvertir. También se fomenta el turismo.
A fin de incentivar la vivienda de interés social no se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se simplifican los trámites. Al mismo tiempo, los constructores deben contratar y entregar a los beneficiarios, durante 10 años, un seguro que garantice la idoneidad de esas estructuras.
En cuanto a las reglas macroeconómicas se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.
LILA/pv
El proyecto de Ley de Fomento Productivo fue objeto de un amplio debate entre los legisladores de diversas bancadas y movimientos políticos, que presentaron múltiples propuestas que al final viabilizaron su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Fueron diversos los planteamientos que se expusieron en el debate. Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de reactivar la economía, generar empleo y apoyar el emprendimiento, agricultores, artesanos y pescadores.
En el segundo debate, que inició esta víspera, participaron 45 legisladores en dos jornadas de trabajo.
Ana Galarza, propuso no eliminar el límite a la deuda pública. Defendió el trabajo de los fabricantes de carrocerías en Tungurahua, argumentando que representa una gran fuente de trabajo y genera empleo, por lo que pidió un tratamiento prioritario en la ley.
Wilma Andrade reconoció que la ley contiene importantes mejoras respecto al proyecto original, a fin de que las grandes, medianas y pequeñas empresas obtengan beneficios, de manera equilibrada y en igualdad de oportunidades.
Solicitó especificar la situación de los deudores que se encuentran en un proceso de coactiva y agradeció que hayan incorporado las reformas a la Ley de Ambiente, sobre los laboratorios.
Guillermo Celi agradeció que recogieran los planteamientos del Movimiento Suma como la suspensión de la coactiva para aquellos agricultores que no pueden pagar sus deudas. También habló de la creación de las ZEDES Turísticas (zonas especiales de desarrollo turístico) para lograr la dinamización de un sector tan importante generador de empleo para los ecuatorianos.
De su lado, Lira Villalva coincidió que se debe fortalecer industria carrocera, de la cual se benefician más de 20 mil familias. “Esta Ley debería defender a la mayoría de la población, ofrecer protección al trabajo autónomo, crear incentivos a los productores, artesanos, a las cadenas productivas, porque al Ecuador le sobra iniciativa, pero le falta oportunidades desde el Estado", precisó.
RSA/pv
