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En la gestión 2017-2019, la Comisión del Desarrollo Económico cumplió con su plan de trabajo y con los objetivos propuestos en la Agenda Legislativa Priorizada. De los proyectos tratados en esta mesa, cuatro se convirtieron en leyes, que se encuentran vigentes. Además, deja listos dos informes para segundo debate y tres para primer debate.
Este organismo tiene por objetivo tramitar iniciativas encaminadas al desarrollo económico y productivo y la generación de empleo. En ese sentido, el 7 de agosto de 2018, aprobó la Ley de Fomento Productivo, que brinda facilidades para promover el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de la economía popular y solidaria y los emprendedores.
La Ley de reformas a la Ley de Aviación Civil, que se aprobó por unanimidad el 3 de mayo de 2018, busca la seguridad de las personas que usan el transporte aéreo. La norma fija plazos para las investigaciones de accidentes o incidentes aéreos: 60 días para que se presente un Plan de Investigación y un año para que se entregue el informe final.
El cambio de la matriz productiva es otro de los objetivos que persigue esta mesa. En enero de este año aprobó la Ley de Eficiencia Energética. La norma busca impulsar el uso de energía limpia, que es una de las principales fuentes de ahorro y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático. Con la Ley se declara a este tema de interés nacional.
Otro de los asuntos que se tramitaron en esta Comisión fue la aprobación del informe de la pro forma presupuestaria 2019, que incluyó la participación de varios actores públicos y privados y recomendaciones, que no perjudiquen a varios segmentos importantes, como la educación superior.
Para segundo debate deja listo otro proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, relacionado con las competencias de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y las reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que mejora el mecanismo de recaudación de la tasa de basura y los recursos para los municipios, sobre todo, pequeños.
En cambio, los informes para primer debate tiene que ver con las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformas a la Ley de Compañías y reformar al artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Priorización
Para este año, la Comisión priorizó y están en trámite los proyectos de Desarrollo Artesanal; Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos de un solo uso; de Emprendimiento e Innovación; y, reformatoria a la Ley de Aviación Civil, sobre la regulación de vuelos chárter.
Hasta el momento, la mesa tiene en trámite 33 proyectos, 20 presentados en el actual periodo legislativo y 13 en períodos anteriores. En estos dos años realizó 196 sesiones y recibió a 106 actores públicos, así como 64 actores privados y ciudadanía.
LILA/eg
Dos nuevas visiones recibió la Comisión del Desarrollo Económico, en el tratamiento del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación. La mesa recepta aportes de los diferentes sectores, a fin de construir el informe para primer debate, de esta iniciativa presentada por Esteban Albornoz y César Rohon, que tiene como fin fomentar estas actividades en Ecuador, como fuente de desarrollo y generación de empleo.
Juan Carlos Díaz, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseguró que el país y estos segmentos de la producción requieren mayor flexibilidad laboral, a través de más modalidades de contratación, como la que se realiza por horas.
Otra de las dificultades con las que se encuentran los emprendedores es la larga tramitología. Explicó que se necesita 49 días para abrir un negocio, mientras que en Colombia se lo hace en 11, en Chile en una semana y en el Reino Unido en una hora. Acotó que se debería recurrir a experiencias positivas, que las instituciones requieren una mayor coordinación y que los trámites se deben ejecutar por Internet.
Recordó que otro de los obstáculos se encuentra en los reglamentos que tienen varias instituciones, que no son eficientes, sobre todo para la importación de productos e insumos. Pidió que estos instrumentos se los homologue, según los existentes a nivel internacional. Además, dijo, se debería analizar la vigencia de algunos impuestos, que no rinden como espera el Servicio de Rentas Internas (SRI), pues más cuesta su recaudación que los recursos que ingresan.
Destacó que la propuesta legal tiene elementos importantes y positivos, como la regulación del capital semilla, de riesgo, de inversión ángel y el impulso a la educación para emprender.
Nathalie Cely, del Centro de Emprendimiento e Innovación de Guayaquil, indicó que Ecuador no tiene capacidad competitiva, ni acceso a crédito para impulsar estas actividades. Por ello, mientras no haya apertura de parte de la banca pública y privada, habrá menos oportunidad del desarrollo de estas dos importantes áreas productivas.
LILA/eg
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En junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes al cobro excesivo por servicio de alumbrado público, una vez que el Gobierno dejó sin efecto la resolución 051, que establecía un pliego tarifario único en 2019 y no por porcentaje según el cantón, como se recaudaba antes del presente año. Así lo anunció el ministro de Energía, Carlos Pérez, durante su comparecencia en la Comisión del Desarrollo Económico.
La mesa parlamentaria convocó al funcionario para que explique sobre las tarifas que se aplican en Galápagos, según la resolución 050, de diciembre de 2018, que también se dejó sin efecto. Sin embargo, fue consultado, además, por la resolución 051, que se aplicaba en todo el país. Pérez aseguró que las decisiones se tomaron con sustentos técnicos y que no iban a afectar a los que menos tienen.
En cambio, los parlamentarios resaltaron que si Ecuador ha aumentado su nivel de producción eléctrica, con capacidad para exportar, los costos, por el contrario, se deberían reducir. El Ministro explicó que Ecuador es el tercer país más barato en América Latina y que la tarifa no toma en cuenta la amortización de los activos, que no la pagan los usuarios, sino el Ministerio de Economía.
En cuanto a Galápagos, indicó que se está aplicando un plan. Se trata de una conversión a energía renovable, mediante las modalidades solar, eólica y geotermal. Lo que han pedido, dijo, es que aceleren los procesos y plazos.
A nivel nacional, acotó, se está promoviendo que las empresas que usan sistemas de combustión se cambien a sistemas eléctricos. Comentó que ya hay experiencias en camaroneras y bananeras, donde se ha mejorado la producción en un 50 %. A nivel residencial, en cambio, se impulsan sistemas de microgeneración, con paneles solares.
Hasta el fin de año, el Gobierno espera contar con algunos proyectos de energía limpia. Pérez informó que en Loja está listo otro proyecto eólico, que en el sector el Aromo (Manabí) se licitará una planta solar y que se espera que el proyecto Toachi-Pilatón, en dos años, empiece a producir energía.
En la mesa, a la cual asistieron legisladores de otras comisiones: Guillermo Celi, Karla Cadena (Manabí) y Washington Pareces (Galápagos), creen que fue acertada la decisión de archivar las resoluciones, sobre todo, por la situación económica que atraviesa el país.
LILA/eg
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El proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación continuará recibiendo observaciones y criterios de varios sectores, la próxima semana. El presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, convocó a los miembros de esta mesa para el miércoles, 8 de mayo, a las 09:00, a fin de tratar este y otros tres temas.
La iniciativa, de Esteban Albornoz y César Rohon, pretende eliminar las barreras que existen para impulsar estas actividades y fomentarlas para generar empleo pleno. Indicó que plantean mecanismos más eficaces para que los ciudadanos puedan constituir sus negocios desde sus casas, a través de Internet.
También, buscan romper con otras dificultades para la conformación de compañías, en cuanto al número mínimo que se requiere, y que tengan acceso a varías líneas de crédito, como los capitales semilla, de riesgo y financiamiento colectivo. Además, proponen la obligatoriedad de generar un catálogo de emprendedores que se encuentren en etapa de comercialización para promover el acceso a mercados nacionales e internacionales.
A este organismo ya han acudido representantes del sector público, privado, la academia y emprendedores.
De acuerdo con el orden del día, la mesa también iniciará el tratamiento de un nuevo proyecto de reformas la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica, así como el proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Turismo. Además, se tomará resolución respecto de la reforma al artículo 3, numeral 2, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que relacionado con el alumbrado público en escenarios deportivos.
LILA/eg
La jornada de la Comisión del Desarrollo Económico, del martes 7 de mayo, iniciará a las 08:00, con la comparecencia del ministro de Energía y presidente de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel), Carlos Pérez. Las tarifas que se aplican en la región insular de Galápagos preocupan a los legisladores y, sobre este tema, tendrá que responder.
Durante la sesión del Pleno, del 18 de abril, la Asamblea rechazó cualquier tipo de incremento tarifario del servicio eléctrico, no solo en la isla, sino en todo el país, en particular, si no es previamente socializado y justificado de manera técnica.
Se refirieron a dos resoluciones emitidas en diciembre de 2018 y enero de 2019, por medio de las cuales se establece un aumento del costo del servicio en Galápagos y, por ello, aprobaron una resolución para que se llame al ministro Pérez a la Comisión del Desarrollo Económico, a fin de que explique la aplicación y alcance de esas disposiciones.
También pidieron al organismo estudie la procedencia y legalidad de la aplicación de las resoluciones y que se solicite al Ministro de Energía y al Titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos que fortalezcan las políticas y planes para el uso de energías alternativas y sustentables.
Reactivación de Esmeraldas
En segunda instancia, la Comisión analizará el proyecto de Ley para la Reactivación Económica de Esmeraldas, propuesto por la asambleísta Mae Montaño, quien argumenta que esta provincia se encuentra en una situación de extrema gravedad y requiere impulso para salir adelante.
Según su iniciativa se pretende generar estímulos para la reactivación económica e impulsar la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como estímulos no fiscales para el desarrollo social.
LILA/eg
Con la presencia de representantes del ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas (SRI), Defensoría del Pueblo delegados de las universidad Internacional y Andina, así como de miembros del colectivo “fuera impuesto verde”, se analizó el foro: “qué tan verde es el impuesto verde”, organizado por el bloque del Movimiento Creando Oportunidades (CREO).
El legislador Homero Castanier, al dar la bienvenida a los asistentes, recordó que en 2011, se estableció el denominado impuesto verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías, dijo.
Hay que hacer un análisis acerca de por qué Ecuador tiene la más alta carga tributaria en América Latina y saber si, verdaderamente, el impuesto verde fue dirigido hacia planes de remediación ambiental, forestal o si se hicieron efectivos los planes de chatarrización. Por ello, es esencial este diálogo con diversas visiones para llegar a un acuerdo, añadió.
De inmediato, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, subrayó que los impuestos pueden servir para desincentivar prácticas contaminantes, a fin de que “quien contamine pague” y recordó que el impuesto ambiental a la contaminación vehicular debe pagar todo propietario de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1.500 centímetro cúbicos. Para el efecto, se toma en cuenta, tanto el cilindraje, cuanto los años de antigüedad del vehículo.
Indicó que los montos recaudados van a la Cuenta Única del Tesoro y de allí se utiliza para financiar todo el Presupuesto General del Estado. No existe una preasignación para el sector ambiental, porque el artículo 298 de la Constitución lo prohíbe. Durante los años de vigencia de este impuesto, el promedio de recaudación anual de los recursos erogados para el sector ambiental (111.3 millones de dólares) es mayor que el promedio anual de recaudación (137.2 millones de dólares), es decir, 1.23 veces más erogación en el Presupuesto General del Estado al sector ambiental que lo recaudado por el referido tributo.
En este marco, Fabián Carrillo subrayó que es fundamental este tipo de discusiones que se dan a la Legislatura y pidió a la Asamblea impulse una reforma tributaria integral.
A su turno, José Almeida, del Servicio de Rentas Internas, aseguró que la Ley de Fomento Ambiental permitió que los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2.500 centímetros cúbicos y de una antigüedad de más de cinco años tuvieran un descuento del 80 % del valor del impuesto a la contaminación vehicular por los años 2012, 2013 y 2014. Para el 2019 no existe normativa legal que establezca la ampliación de este descuento, por lo que en este año, debe realizarse el pago del impuesto de forma integral.
Desde el 2012 al 2018 se recaudó un total de 779.398.571 millones de dólares, de ocho millones 121 mil 996 vehículos. La proyección de recaudación para 2019 alcanza los 164 millones 697 mil 677 dólares.
El problema en la gestión del impuesto verde es que la base de datos está desactualizada con cilindrajes erróneos; errores en el ingreso de datos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y compañías ensambladoras. El tributo ambiental es más alto que el Impuesto a la Propiedad de Vehículos motorizados, (en vehículos con antigüedad mayor a cinco años), agregó.
Entre tanto, Paulina Murillo de la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que se incumplió la normativa constitucional y legal al establecer el impuesto verde. Por ello, exhortó al Presidente de la República modifique este impuesto, garantizando principios como quien contamina paga; la prevención y corrección en la fuente; generalidad, eficiencia, equidad y transparencia. Pidió a la Asamblea genere un proceso participativo, técnico e incluyente para contribuir al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes; y, que la Contraloría investigue el uso y destino de los fondos recaudados hasta la actualidad.
De su lado, Carlos Pérez, del Colectivo “Fuera impuesto verde” aseveró que todos estamos de acuerdo en que se pague un impuesto ambiental, pero con estudio técnico-jurídico, donde el que más contamine pague, pues existen dos millones 500 mil afectados por el pago de este impuesto y pidió su inmediata eliminación.
¡¡¡Fuera impuesto verde!!! pedían los asistentes a los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, quienes presentaron un proyecto orientado a eliminar este tributo. Según Villamar, porque la política es fallida y no cuenta con fundamento técnico. Lo recaudado, cerca de 800 millones de dólares, no fue dirigido hacia el cuidado ambiental, agregó.
Andrés Castillo, de la Universidad Internacional, enfatizó que el tamaño y año de fabricación del vehículo no son factores objetivos para el cálculo real de la contaminación. Para mejorar la calidad del aire se necesita alternativas en transporte y la movilidad, enfatizó.
JLVN/eg
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Un Consejo Técnico que se encargue de diseñar estrategias para fomentar el emprendimiento e innovación es lo que propone el proyecto de Ley que busca impulsar estas actividades y que se lo estudia en la Comisión del Desarrollo Económico, con varios actores del sector público y privado. Este Consejo deberá crear una ventanilla única para el registro y formalización de los emprendedores; diseñar programas y proyectos que fomenten el emprendimiento; y generar condiciones para que surjan fondos de inversión.
En total el Consejo tendría 15 atribuciones, pero, Guido Caicedo, del centro de emprendimientos de la Escuela Politécnica del Litoral, cree que se los debería resumir para darle una mayor operatividad y eficacia.
De acuerdo con el proyecto, el Consejo estará integrado por los entes rectores de la Producción, de Educación Superior, de Trabajo, Finanzas y del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Sin embargo, para Eduardo Jaramillo, fundador de Pacific Advisor, empresa de asesoría de emprendimiento, se debe tomar en cuenta a organizaciones no gubernamentales y sector privado, mientras que según Caicedo las universidades, cámaras de la producción y el sector financiero deberían también ser parte de este ente.
De no darse esos cambios, para Jaramillo la norma se volvería muy estatal y burocrática, en tanto para Caicedo es importante tener una visión integral y amplia de la actividad emprendedora.
Alberto Dahik, acudió en representación de la Universidad Espíritu Santo. Su criterio fue que la norma no tendría mayor impacto si el país no tiene libertad económica. Argumentó que los índices de libertad económica ponen a Ecuador en el puesto 170 de 180 del mundo. El emprendimiento, dijo, es clave para la generación de empleo, sobre todo en esta era en la que la inteligencia artificial reduce los puestos de trabajo.
Otra de las propuestas del proyecto es la formación del emprendimiento, enseñanza obligatoria y formación de habilidades. En este aspecto, Caicedo consideró que la cátedra en esta materia es solo una parte, pues se requieren otros factores para convertirse en emprendedor. Sugirió que el Consejo desarrolle programas para apoyo a escuelas y colegios para que desarrollen habilidades y probar modelos.
También se refirió al programa de apoyo a nuevos emprendimientos y pidió que el mismo no sea centralizado, sino que esté cerca de todos los emprendedores.
LILA
Antes de tomar votación sobre el informe para primer debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Compañías, la Comisión del Desarrollo Económico escuchó los criterios del sector público y privado: los dos indicaron que la iniciativa favorece la inversión y fomento de los negocios en el país. Finalmente, el informe recibió el apoyo unánime de los siete legisladores presentes. En el Pleno se escuchará nuevas observaciones.
Fabián Carrillo, del ministerio de Economía, enfatizó en que reformas, como la planteada, ofrece la oportunidad de pensar en cambios estructurales y planteó la conformación de una comisión que promueva consensos para impulsar la actividad económica.
Se refirió a las reformas del artículo 21 de la Ley de Compañías que plantea que en el caso que la o el administrador de la compañía, transcurridos los ocho días término, no haya comunicado a la Superintendencia de Compañías sobre las transferencias de acciones y de participaciones de las compañías constituidas en el Ecuador, podrá hacerlo directamente al accionista que realizó la transferencia. Propuso que debe excluirse los casos en los que el paso se da terceros.
También abordó el artículo que establece que cuando una compañía infringiere alguna de las normas se podrá imponerle una multa que no excederá́ de doce salarios mínimo vitales generales, según la gravedad de la misma. La proponente del proyecto, Gabriela Larréategui, considera que estas multas deben acrecentar los fondos del Ministerio de Educación. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía, esta no es una fuente previsible de ingresos, por lo que se debería analizar la propuesta.
Patricio Alarcón, de la Cámara de Comercio de Quito, apoyó la iniciativa y la idea de conformar una Comisión, entre varios actores. Sostuvo que la intención del proyecto de que una sucursal de compañía extranjera establecida en el Ecuador puede ser transformada para adoptar alguna de las formas societarias reguladas por la Ley de Compañías facilitará las líneas de negocios. Dijo que es positivo que una sucursal extranjera pase a ser compañía. Pidió hacer cambios para facilitar la apertura de negocios.
Por el Servicio de Rentas Internas acudieron José Almeida y Galo Maldonado, quienes explicaron que el proyecto no abarca muchos temas de índole tributario. Maldonado explicó que en caso de llegar a transformarse las sucursales extranjeras en compañías, el cambio radia en la forma de la sujeción tributaria.
En el proyecto se propone que se podrá realizar operaciones combinadas entre sociedades, que involucren transformación, fusión y escisión en un mismo acto, con el fin de crear, absorber o transformar múltiples sociedades.
La autora del proyecto, Gabriela Larreátiegui aclaró que durante el debate en el Pleno se puede seguir perfeccionando la norma, pues lo importante es que las reformas buscan incluir nuevas figuras que aportan al beneficio del país y del sector empresarial.
LILA/mg
Tres temas tratará el Pleno, este jueves 25 de abril, a las 11:55, según la convocatoria formulada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero. Los asambleístas conocerán el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, con el cual se busca regular en el país los vuelos no frecuentes (chárter).
Antes, el Pleno posesionará a los miembros del Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Asimismo, tratará el proyecto de resolución para declarar el 28 de abril como Día Nacional del Profesional ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cuanto al informe para primer debate de las reformas a la Ley de Aviación Civil, que preparó la Comisión del Desarrollo Económico, en el texto se explica que existe un vacío legal que deja sin protección a los usuario ante cancelaciones y atrasos de los denominados vuelos chárter. Con la norma, se establece el pago de multas e indemnizaciones ante estas acciones, entre otros beneficios.
LILA/eg
Las reformas a la Ley de Compañías, que buscan crear nuevas figuras jurídicas que permitan competir con países vecinos, a la hora de crear nuevas compañías, es uno de los temas que tratará la Comisión del Desarrollo Económico, este miércoles, 24 de abril, a las 09:30. Además de este, abordará tres proyectos de trascendencia.
Las propuestas de reformas a la Ley de Compañías las presentaron los asambleístas Gabriela Larreátegui y Rómulo Minchala. Larreátegui explica que la actual norma no contempla la facultad que debería tener una sucursal extranjera domiciliada en Ecuador para transformarse en compañía anónima o limitada.
En cambio, Minchala indica que hay ineficacia en temas de cancelación de compañías inactivas, en especial de aquellas que no cuenten con bienes, lo que hace necesario establecer un proceso eficiente para efectuar dichas cancelaciones.
Innovación y emprendimiento
Como segundo punto del Orden del Día, la Comisión debatirá sobre el proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, de iniciativa de Esteban Albornoz y César Rohon, quienes pretenden que en Ecuador exista una marco legal que impulse estas actividades. Con la norma habrá mecanismos para mejorar el clima de negocios a favor de los emprendedores, de manera que este segmento impacte en la economía del país y genere empleo.
Otros temas
La Comisión también tratará el proyecto reformatorio al artículo 3, numeral 2, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Con la propuesta se prevé regular la participación de los sectores público y privado en actividades relacionadas con este servicio, así como la ejecución de planes y proyectos con fuentes de energías renovables y el establecimiento de mecanismos de eficiencia energética.
Por último, conocerá el proyecto reformatorio a la Ley de Fomento Ambiental y a la Optimización de los Ingresos del Estado.
LILA/eg
